En el municipio de El Carmen, vereda Villa Nueva, departamento de Norte de Santander, se ha presentado un execrable hecho de violencia política en el que murieron 9 soldados del Batallón Especial Energético y Vial numero 1 del ejercito nacional como consecuencia de la acción ofensiva de la compañía Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional Eln (Ver https://www.infobae.com/colombia/2023/03/29/al-menos-nueve-militares-muertos-en-el-catatumbo-tras-ataque-armado-del-eln/ )
Este acontecimiento se da a siete meses de haberse iniciado el gobierno del presidente Gustavo Petro, en nombre del Pacto Histórico y de una coalición de fuerzas progresistas que lidera una estrategia de “Paz total” para superar de manera definitiva el conflicto social y armado que presenta un Tercer ciclo de violencia socio política luego del fracaso de los Acuerdos de paz neoliberales firmados entre un sector de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.
La Paz total que adelanta la actual administración presenta varios planos de desarrollo ofreciéndose como una alternativa al modelo de paz “post bélica o liberal”, que se consensuo en la Habana pero que sufrió una seria derrota en un improvisado plebiscito realizado en el segundo semestre del 2016, propiciando el regreso del uribismo al gobierno en cabeza de Ivan Duque, quien se enfocó en hacer trizas y destruir tales pactos, exacerbando nuevamente la violencia hasta dar forma al actual ciclo de sangre (el tercero en la historia de los últimos 70 años) que presenta graves tendencias territoriales con duros impactos en la unidad del Estado.
Los diálogos y negociaciones con el Eln, que ya acumula dos tramos, con reglas de juego y agenda consolidada, es un componente de la ruta seguida por el actual gobierno, con progresos que es necesario reconocer, pero con problemas que se deben resolver para evitar escenarios como el ocurrido en el día de hoy en el Catatumbo.
Es necesario construir rápidamente un acuerdo para el cese bilateral del juego nacional y temporal, que regule, por lo demás las hostilidades, el tema de las acciones humanitarias, el desmonte del neoparamilitarismo y la desmilitarización de los territorios.
Pienso que en el actual enrarecimiento violento de los territorios, está gravitando el sabotaje a las reformas sociales por parte de la ultraderecha, la continuidad del Esmad, el bloqueo a la reforma de la policía, la impunidad de los responsables militares de la masacre de Puerto Leguizamo, la continuidad de la corrupción (Ocad paz, Ministerio del Interior y política social) y las roscas clientelistas en el Estado, la reactivación de la protesta social, la retórica agraria y la generalización del hambre como consecuencia de la inflación.
En la coyuntura que emerge lo peor sería suspender los decretos del Cese bilateral del fuego expedidos desde el 31 de diciembre del 2022.
Más aún, el gobierno debe ponerse firme frente al fiscal Barbosa, empeñado en hacer fracasar la paz con mentiras y calumnias respecto de los proyectos de ley de sometimiento de las bandas criminales.
