La teoría sociológica y el imaginario popular dicen que el Congreso de la República es el principal escenario de la democracia y que ahí confluyen los representantes de las comunidades, que los ciudadanos eligen para concentrarse a analizar la solución de problemas y necesidades de la sociedad con el fin de que en este espacio, se dicten las medidas necesarias para satisfacer el bien común y lograr el bienestar general. No obstante, el degeneramiento institucional que viene ocurriendo en Colombia desde hace más de medio siglo,ha desviado la esencia del organismo y ha torcido su misión en el marco de la estructura social. En nuestra realidad ocurre otra cosa bien distinta.
En primer lugar, a la mayoría de congresistas, salvo algunas excepciones, no los elige el pueblo sino que ellos compran su elección y llegan al organismo, no a responder a los intereses de sus electores, sino a buscar la manera de sacarle el beneficio personal al cargo. Como vemos en la agenda electoral propuesta para este período de sesiones que comenzó el 20 de julio, los temas que tratará el congreso, no corresponden a las necesidades y problemas sociales del país, sino a mecanismos para ajustar la normatividad según las conveniencias de algunas élites políticas y sociales.
La mayoría de congresistas no vota un proyecto de ley a favor o en contra, con base en las conveniencias de la sociedad, sino motivados por el pago que reciben por el voto. Por una parte están los lobistas, de quienes dice Gerencie.com que “como se puede evidenciar, el papel principal de un lobista es corromper a los legisladores para que voten los proyectos que sirvan a los intereses de las grandes empresas, y en muchos casos, los lobistas van mucho más allá puesto que ellos mismos llegan a redactar los proyectos de ley que serán votados por los legisladores. Los legisladores en estos casos simplemente obedecen, cumplen instrucciones”. Por otro lado están los ministros, quienes presentan proyectos de el para favorecer los intereses que el gobierno quiere privilegiar y van de curul en curul untando de mermelada a cada uno, para que voten a favor del correspondiente proyecto de ley. Si algún congresista presenta un proyecto de ley, que por supuesto es de su interés, también le toca ir de oficina en oficina negociando el voto del congresista dentro del esquema, similar al de la mafia siciliana, de recibir favores con el compromiso de pagarlos después.
Así, el sueldo de 32 millones de pesos de la mayoría de congresistas, no todos, se convierte en la caja menor del político, quienes perciben el grueso de sus ingresos mediante el comercio del voto para aprobar o negar leyes, con lo cual se agravan los problemas nacionales porque en un Estado de derecho, el gobierno y todos los agentes públicos y privados, están condicionados a una ley ya que los primeros, solo pueden hacer lo que la ley les permite y los segundos solo lo que la ley no les prohíbe. Por ello, más relevante en el funcionamiento del régimen político, que la elección del presidente, es la elección de los congresistas, quienes durante los cuatro años de su período, se dedican a engrasar su maquinaria electoral y a hacer mantenimiento a su clientela, con quienes aseguran la reelección, para lo cual trasladan el mismo esquema mediante la entrega de puestos y contratos para asegurar su permanencia en las huestes electorales que se comprometen con el político, no a partir de sus propias convicciones ideológicas, sino con base en la prebenda que reciben del congresista, que a la vez se encarga de reproducir las condiciones para la conservación de ese organismo que constituye el templo de la democracia.
