Queridos lectores, quiero expresar mi profunda preocupación por ese teatro en que se ha convertido el procedimiento judicial político contra el expresidente y senador. Nos tomamos muy en serio el caso que hoy estamos exponiendo, que tiene que ver con el llamado a indagatoria del senador más votado de la historia de Colombia y jefe de la mayoría parlamentaria de gobierno, sin pruebas justificativas. La Corte Suprema de Justicia aplicó erróneamente las normas relativas a la carga de la prueba y el nivel exigido para la misma y así convirtió al simplemente sospechoso en imputado. Eso, bajo nuestro punto de vista, es injustificable e inaceptable y en detrimento de los estrictos criterios jurídicos que dan derecho al acusado a tener un juicio justo. No quiero entrar en detalles técnicos que son de público conocimiento, pero lo que sí es una realidad es que la Corte Suprema de Justicia está "jugando con fuego" y no comprendemos realmente qué ocurrirá. La credibilidad de la Corte está nuevamente ante la opinión pública en tela de juicio. Esto podría tener implicaciones negativas de largo plazo, incluido un debilitamiento de la ya frágil confianza de los ciudadanos en el Tribunal supremo. La dignidad humana y los derechos humanos tienen más valor para nosotros que cualquier otra consideración. Haremos que la gente conozca la esencia del Estado de derecho, no la esencia de ser gobernado por la ley o por el hombre.
Como ya sabrán todos los lectores, la llamada a indagatoria contra Uribe ha sido rápida, dinámica y enérgica. Si la Corte respondiera con la misma energía, fuerza y celeridad contra los políticos de izquierda que con los supuestos testigos falsos hacen el papel de abogado del diablo, estaríamos en el buen camino. Si la Corte pudiera mencionar tan solo un éxito concreto en la lucha contra la manipulación de testigos y fraude procesal de los principales líderes de la izquierda, quizás fueran aceptables las imputaciones contra Uribe, pero no puede. Esto es indignante. Hay que poner fin urgentemente a esta hipocresía. Debemos garantizar que se respete el derecho a la dignidad y libertades de todos los seres humanos, incluso si se trata de Uribe. Por ello es importante que lleguemos al fondo de lo que está sucediendo y que, sin prejuicios o juicios previos, también sin apartar ni cerrar los ojos a los hechos, examinemos si se han llevado a cabo en contra del presidente Uribe influencias inapropiadas e indebidas en las actuaciones judiciales.
Lo que queremos es la verdad y nada más que la verdad. Sería un fallo por nuestra parte ignorar lo que está ocurriendo. Me atrevería a decir que no hacer preguntas en torno a este grave asunto menoscaba nuestro deber público. Tenemos derecho a hacer preguntas y a pedir respuestas a las autoridades judiciales. Estoy harto de oír que, si se pone en tela de juicio a la Corte. Esto no es cierto. Si las respuestas demuestran que todo se hizo de manera legal y moral, no habría ningún problema, pero si —y esperamos que se demuestre que no es el caso— estas respuestas parecen indicar que no tenemos más opción que concluir que la Sala de Instrucción y sus órganos de espionaje participaron, por activa o por pasiva, en la interceptación ilegal de las comunicaciones privadas o de cualquier índole, o el apersonamiento de falsos testigos, entonces será inevitable imponer sanciones penales por el incumplimiento de la ley. La cuestión principal es saber si la Corte Suprema de Justicia ha participado —por activa o por pasiva— al margen de la ley y de la justicia, de facto bajo la autoridad de poderes políticos o al servicio de intereses políticos partidistas, es vital que todas las deficiencias que se hayan producido salgan a la luz sin demora. Hay que tener mucho cuidado, pues el brazo largo de la ley, la opinión pública internacional y el pueblo tienen un gran alcance en estos tiempos, a través de océanos, fronteras y jurisdicciones.
Sin duda, nadie quiere negar el papel crucial del Tribunal Supremo en la garantía y la vigilancia del respeto de los derechos humanos y la protección de las libertades individuales y del pueblo. Dicho esto, nadie está autorizado, sin embargo, para hacer procesos y expresar juicios sobre suposiciones y sospechas o sobre la base de supuestos a priori, sin pruebas, incluidos los juicios de valor, o sobre la mera base de algunos artículos de prensa o motivada por consideraciones políticas o sobre meras conjeturas de orden fáctico, y permítanme decir, con toda firmeza y rotundidad, que la Corte también deben respetar la ley. Considero sumamente importante que no haya vencedores ni vencidos en este debate.
Pero consideramos también, y quiero decirlo de forma muy clara, que el odio no nace de la ignorancia, sino de la educación para el odio y la venganza. Es esencial que el trabajo de esta Corte no encienda en Colombia sentimientos de odio hacia Uribe y que no incrimine o prejuzgue en sus conclusiones y resultados los derechos ni medios de defensa que otorga la legislación aplicable y el derecho a un juicio justo. Estamos de acuerdo con una investigación, pero no con la histeria antiuribista que solo aviva las tensiones sociales. Hay que aclarar este asunto, pero hay que tener cuidado de no utilizarlo como un arma oportuna en la lucha contra los “uribistas malos”. Estamos a favor de la justicia y de las autoridades, pero no queremos que esta Corte se convierta en una plataforma altisonante para la retórica antiuribista. Los valores universales como los derechos humanos, el derecho y la justicia no deben utilizarse como armas en nuestras batallas políticas, muchos menos la justicia en forma politizada e injusta. No quisiera que esta actitud, esta aversión prácticamente generalizada hacia al jefe de la mayoría de gobierno, fuera solo hija de un sentimiento perverso, que se vislumbra en las intervenciones de algunos magistrados y diputados de otra corriente política. Tengo la sensación de que, en esta Corte, y especialmente en algunas Salas que lo componen, reina un velado, pero difuso sentimiento antiuribista político-ideológico como una forma de explicar sus frustraciones. Algunos magistrados y políticos de izquierda parecen impregnados de un antiuribismo muy radicalizado de antigua memoria que evidentemente revela viejas amistades soviéticas nunca apagadas. La decisión de librar esta guerra contra Uribe fue un desastre cuidadosamente calculado sin precedentes con consecuencias amplias y devastadoras, y la guerra es un desastre en sí mismo.
Señorías del Tribunal Supremo, usen sus oídos, escuchen la voz del pueblo, escuchen por fin a la razón y al sentido común, y procedan con rapidez y respondan a los llamamientos en favor del respeto de las garantías procesales y los principios básicos del estado de derecho. La Corte debe mantenerse alejada de cualquier indicio de dobles raseros y no generar riesgos que puedan tener un efecto negativo sobre las vidas de los muchos que piden justicia como fundamento para su protección. Invitamos a la Corte a asumir la responsabilidad que le corresponde en este proceso evitando la mínima sospecha razonable de actividades fraudulentas o ilícitas o la sospecha de una falta de imparcialidad y objetividad y dudas sobre la existencia de un proceso justo. Esto exigirá, en particular, limitar el riesgo de que se tomen medidas arbitrarias contra Uribe, sin que existan pruebas suficientes en su contra. No hacer esto provocaría una reacción en cadena de efectos negativos imprevisibles, una seria reacción de la sociedad civil se volverá pronto o tarde como un bumerán rebotando en contra de la misma Sala de Instrucción Penal, y conseguiría un efecto bumerán también para la prensa que lo ha amplificado. Ustedes están advertidos y conscientes de todos los efectos: se están enfrentando al pueblo soberano. Esto podría ocurrir pronto.
Nuestro sistema de valores, valores que compartimos, no debe pasar a un segundo plano debido al oportunismo jurídico y político. Los principios que sustentan nuestro sistema democrático de valores no deben ser nunca abandonados, ya que son esos principios los que nos diferencian de los criminales. Solo limpiando la casa y empezando de nuevo sobre la base del verdadero respeto del Estado de Derecho podemos convencer a nuestros ciudadanos de que no estamos sacrificando nuestros principios. Esta es una oportunidad para que Corte Suprema muestre a sus ciudadanos que es capaz de adoptar decisiones sobre cuestiones difíciles, que puede satisfacer sus expectativas y que se mantendrá fiel a sus valores. Dentro de unos días lo sabremos. Esas autoridades judiciales están llevando a cabo investigaciones con los poderes propios de la judicatura y es evidente que esperamos con respeto y sin ninguna posibilidad de interferencia las conclusiones de dichas investigaciones judiciales.
No creemos que haya nada importante que añadir a lo que ha dicho el presidente Uribe, que está haciendo lo que puede en tratar de mejorar la situación por medios pacíficos respetando la letra y el espíritu de la decisión de la Corte, las normas establecidas por la ley y los reglamentos y los plazos del procedimiento en curso. Amén.
Nota. Soy muy crítico con la forma en que se ha tratado la investigación preliminar relativa al presidente Uribe. Este caso ha abundado en presentación de (falsos) testigos con antecedentes criminales introduciendo o respaldando ambigüedades sobre una u otra verdad, interceptaciones ilegales telefónicas cuya admisión está por consiguiente prohibida y juicios paralelos en los medios de comunicación sensacionalistas como manera de acoso u opresión, motivo o pretexto para que se condene al acusado incluso casos de indicios o pruebas por verificar en la audición de las partes y declaraciones mentidas y desmentidas a granel que burlan el sistema. Cuando se levantan o se crean testigos como la única infalible, autorizada voz en tu contra el dictamen ya está previamente decidido. Los falsos testigos suponen un serio riesgo de injerencia en los tribunales de justicia, tienen voluntad de interferir o dificultar el curso de la justicia y disminuyen la transparencia, la equidad y la eficacia del proceso y, al mismo tiempo, lesionan los derechos procesales de las personas sujetas a las investigaciones.
