Analizado el asunto de las inconsistencias en los resultados electorales para el Congreso, la conclusión de sentido común es que lo único que daría certeza final sobre los resultados es que los candidatos hagan petición al CNE para que los escrutinios de este órgano de cierre de la organización electoral, se realicen sobre los votos físicos o tarjetones y no solamente sobre los formularios de escrutinios de mesa, municipales o zonales y departamentales.
El voto o tarjetón es documento público de origen constitucional y como tal es el documento primigenio para determinar con exactitud los resultados de cualquier elección.
Esto, porque allí es que está claramente expresada la voluntad de cada ciudadano que participó en la elección y es el ciudadano el único que determina quienes son elegidos.
Los formularios que diligencian los jurados y los escrutadores son solo documentos legales de control o seguimiento, más no de rango constitucional.
El sofisma de que se ha perdido la cadena de custodia no es cierto porque las bolsas selladas con los resultados de cada mesa y puesto de votación permanecen bajo custodia de los tres claveros y cualquier alteración de los contenidos de esas bolsas es responsabilidad de los tres.
Así, los únicos escrutinios finales, válidos administrativamente para elegir senado y cámara son los del CNE, porque éste es quien declara la elección.
Todo ese cuento chimbo del preconteo no es escrutinio válido para nada y los formularios parciales de las comisiones escrutadoras sólo son documentos preparatorios del escrutinio final.
Pero ningún escrutinio será válido si no está de acuerdo con los votos físicos efectivamente depositados y por eso la necesidad imprescindible de que sean revisados todos y cada uno de los tarjetones.
El aspecto para reiterar es que las comisiones escrutadoras y aún el mismo CNE, se basan solamente en formularios legales, cuando la voluntad popular fue expresada con los tarjetones, que son los únicos documentos idóneos constitucionalmente y que sólo pueden tener cuatro condiciones: voto válido, voto nulo, voto en blanco y voto no marcado.
Negar la opción más sensata, aunque fuera supuestamente la más demorada o dispendiosa (la democracia cuesta bastante), de revisar voto por voto, solo significa que ninguno de los responsables ni de los interesados tiene en realidad la voluntad de aclarar definitivamente lo sucedido.
Aclaro: una cosa es el “reconteo” descabellado del registrador, del que ya reculó, que, aunque se hiciera no sería si no sobre esos formularios legales que no dan certeza plena y otra muy diferente sería la revisión de cada tarjetón.
Adenda: las comisiones escrutadoras y el CNE son como los notarios en esto: dan fe de que los formularios legales fueron diligenciados y de las cifras allí contenidas, pero no pueden dar fe de que esos formularios y cifras corresponden a los votos físicos depositados en cada urna.
Simplemente confían en que, desde el escrutinio de mesa hasta el final, todos los que intervinieron lo hicieron correctamente, cuando todos sabemos que pudieron presentarse múltiples errores en ese proceso de consolidación.
Lo que más se ve en estos días sobre este asunto, es un debate entre ignorantes supinos en estas materias electorales, en donde ganan los intereses torticeros de muchos.
