Es común por parte de los gobiernos, en especial el de Juan Manuel Santos, la táctica política de ocultar la realidad y, en no pocos casos, maquillarla lo máximo que sea posible. Casos como el del paro agrario inexistente, o el de la reforma a la salud que eliminaría las EPS y que resultó por reencaucharlas cambiándoles el nombre, demuestran lo dicho. En el tema de la educación superior no encontramos excepción a la regla. Es una realidad innegable que, por ejemplo, la Universidad Nacional, sede Bogotá, presenta una situación crítica en materia de infraestructura, que varios edificios se caen a pedazos y que hoy requiere alrededor dos billones de pesos para subsanar tal situación (http://goo.gl/2kavyF). Recientemente el Sistema de Universidades Estatales (SUE) publicó un estudio en el que valoró en 11,3 billones de pesos el desfinanciamiento de la educación superior pública (http://goo.gl/DD8cZm).
El juicioso estudio presentado por los vicerrectores administrativos y financieros de las 32 universidades públicas del país, mostró la actitud cicatera y mezquina de los gobiernos con la educación superior. Para empezar, el estudio demuestra el incumplimiento en que ha incurrido el Estado colombiano con las universidades por cuenta de los decretos y sentencias en materia prestacional y salarial. Así las cosas, la sentencia C-066 de 1996, salvaguardando el derecho a la igualdad, estableció que los docentes ocasionales debían tener acceso a prestaciones y seguridad social en igualdad de condiciones a los docentes de planta. Esta sentencia generó un aumento en la necesidad de recursos de 537.000 millones de pesos. En total, el monto derivado de los decretos y las sentencias es de un billón doscientos mil millones de pesos ($1.210.000.000.000), cantidad que el Estado le debe anualmente a la universidad.
Otro logro del mencionado estudio es que permitió concluir el juicio histórico sobre la Ley 30. Demostró que esta desconoció las dinámicas propias de la educación y que, por ende, estableció la desfinanciación paulatina de la universidad pública colombiana. El estudio cuantificó el desfinanciamiento en dos partes. Por un lado, el déficit de gastos recurrentes (aquellos que se hacen año tras año, como el pago de impuestos y de salarios), que sumó en total un billón trescientos veinte mil millones de pesos a 2011 ($1.327.000.000.000). Esta enorme suma de dinero, debe ser asumida por el Estado para que las universidades puedan funcionar normalmente todos los años. Por otro lado, el desfinanciamiento se expresa también por medio del déficit de gastos no recurrentes, o gastos de inversión que no se hacen todos los años (infraestructura, por ejemplo). Este rubro sumó un total de casi 10 billones de pesos para 2011. Esta cifra debería ser sufragada por el Estado de forma progresiva, pero requiere un compromiso inmediato. A pesar de las exorbitantes cifras y el estado crítico de la universidad colombiana, el gobierno no se ha inmutado en lo más mínimo para buscar una solución a esta situación.
Luis Enrique Arango, presidente del SUE, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien ha sido fuertemente criticado por las contrataciones de Alma Mater, expresó que la cifra de 11,3 billones de pesos hacía referencia a una “propuesta de inversiones futuras” (http://goo.gl/RXiVKu). Faltando a la verdad y contrariando lo elaborado por los vicerrectores, Arango olvidó que los cálculos realizados se hicieron sobre el estado actual de la universidad colombiana y que refieren, más que a una propuesta, a una valoración de las necesidades actuales de la universidad. No sorprende que el presidente del SUE haga esfuerzos por mantener el favor del gobierno Santos negando la gravedad de la crisis y la responsabilidad del Estado, pues a su obediencia frente a los gobiernos de turno debe su perpetuación como rector de la UTP desde 1999.
Así el gobierno Santos afirme que “el tal déficit no existe”, la crisis es un hecho irrefutable (http://goo.gl/EJKyeE). La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) es el único actor del debate que ha insistido en que el Estado debe aumentar sustancialmente el gasto público en educación superior. El primer paso del gobierno debe ser atender a la realidad, sin desconocerla ni maquillarla, y disponerse a resolver el desfinanciamiento de 11,3 billones de pesos de la universidad colombiana. Hemos llegado a un punto de inflexión en donde la existencia misma de la universidad pública colombiana está en riesgo.
