Cuando llegó Luis Eduardo Montealegre Lynett al cargo de Fiscal General de la Nación, pocos pensaron que este menudo hombre que cumplirá 57 años la próxima semana fuera a convertir a la entidad a su cargo en el coco de los colombianos.
Todo comenzó cuando al Fiscal le tocó investigar el caso de Saludcoop, EPS que fue intervenida por el gobierno debido a los malos manejos financieros que se dieron en esta empresa prestadora de servicios de salud. Montealegre, en su momento, aseguró que haría una “exhaustiva investigación” para destapar lo que realmente ocurrió en Saludcoop, pero al día de hoy la Fiscalía no ha entregado ningún resultado sobre las pesquisas realizadas.
Lo anterior no pasaría a ser más que una muestra de la ineficiencia de la justicia colombiana, si no fuera porque el fiscal Montealegre, antes de ser nombrado en el cargo, fungió como asesor legal de la mencionada EPS, recibiendo en cinco años anteriores más de 5.000 millones de pesos en salarios por sus servicios. La denuncia la hizo la entonces contralora Sandra Morelli, lo cual sirvió para que el fiscal se apartara de la investigación para evitar presuntos conflictos de intereses.
No obstante la denuncia de la fiscal Morelli no quedó ahí. Inmediatamente el fiscal Montealegre ordenó a sus subalternos esculcar hasta el último rincón la vida y gestión de la Contralora hasta encontrar el punto débil con el que poder atacarla.
La labor desempeñada por los investigadores fue eficiente, pues finalmente encontraron que Morelli la había embarrado en el arrendamiento de la actual sede de la Contraloría General de la República, por lo que comenzaron a adelantarle una investigación de tipo penal que generó que, luego de salir de su cargo, la Contralora saliera del país aduciendo falta de garantías por animadversión manifiesta de la máxima autoridad del organismo investigador.
Triste ver que el Fiscal dirige la entidad con ánimos vindicativos que flaco favor le hacen a una justicia tan cuestionada como la colombiana. Además sorprende que la diligencia demostrada en la investigación contra la excontralora Morelli no se haya reproducido también en la investigación del caso de Saludcoop, el cual parece dormir el sueño de los justos en la Fiscalía.
Esa misma falta de diligencia es la que se echa de menos en otros casos. Van a cumplirse cuatro años de la muerte de Luis Andrés Colmenares y en los más de dos años que lleva Montealegre en el cargo no se ha avanzado nada en encontrar los culpables de este caso tan mediático. Ni hablar de lo que sucede con la investigación que se está realizando contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, la cual avanza a ritmo de bicicleta estática. Al parecer va a cumplir su período de cuatro años el actual alcalde Gustavo Petro y Moreno aún no será llamado a juicio.
Lo mismo pasa con otros casos que son objeto de investigación como el de la exrectora de la Universidad Autónoma de Barranquilla, Silvia Gette; o el escándalo de corrupción que culminó con la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el parque de diversiones de muchos congresistas conservadores que aún están a la espera de que el organismo investigador haga algo para llevarlos ante la justicia.
Para colmo de males, el Fiscal parece que no tiene solamente una agenda jurídica, sino también política. Varias declaraciones suyas hacen pensar que Montealegre tiene ambiciones que van más allá del cargo que ostenta actualmente. Los continuos enfrentamientos que ha entablado con el procurador Alejandro Ordoñez en asuntos como el nombramiento de magistrados, el mantenimiento del Consejo Superior de la Judicatura o el propio proceso de paz lo alejan de las verdaderas funciones que debe ejercer en su alta posición. La audaz, por no decirlo atrevida, invitación que hizo a los jueces para que salieran a las calles y se manifestaran en contra del tribunal de aforados que propone el Congreso para juzgar a los altos funcionarios del Estado (entre ellos a él mismo), habla de un Fiscal que tiene inquietudes políticas, las cuales seguramente aprovechará cuando termine su período.
La última perla del superfiscal apareció esta semana cuando Montealegre dijo a los medios que le parecía que también se deberían entablar diálogos y negociaciones para lograr la desmovilización de las bandas criminales. ¿Qué le pasa al Fiscal? ¿Pretende darle a las bacrim el mismo tratamiento jurídico y político que a las Farc? ¿Será que veremos pronto al jefe de “Los Urabeños” con una curul en el Congreso? Peligroso precedente está por sentar Montealegre al equiparar a delincuentes políticos con hampones comunes. Hará bien el Congreso (como parece que es su intención) en cortarle las alas a un personaje que hasta ahora ha tenido una gestión más bien gris y opaca en la Fiscalía, pero quien con sus últimos pronunciamientos y decisiones se está perfilando como un actor más en el tenebroso mundillo político nacional.
