Quiero agradecer a Planeta Paz por la invitación a participar en este taller, en el marco de la conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz.
Antes de entrar en una reflexión sobre lo acontecido en estos cinco agitados años -que para nosotros, debo confesarlo, han sido extraños y difíciles- quiero expresar mi convicción de que, a lo largo de nuestra historia, los colombianos hemos asistido a una brutal imposición de modelos económicos, sociales y políticos basados en la exclusión y el autoritarismo.
Para satisfacer sus intereses y engordar sus insaciables arcas, las oligarquías colombianas han apelado al monopolio del poder, aplastando -casi siempre mediante la violencia- la irrupción en escena de nuevos actores políticos, sociales, sindicales, estudiantiles o étnicos. Cuando la cosa se les ha puesto fea, las élites colombianas no han dudado en acudir al magnicidio…. o al exterminio, como lo atestiguan los crímenes de Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y Luis Carlos Galán; o los mas de cinco mil integrantes de la Unión Patriótica que fueron sacados de la contienda política a punta de bala.
La nuestra no ha sido propiamente una clase dirigente abierta y tolerante, generosa y demócrata, y mucho menos incluyente a la hora de permitir la presencia de fuerzas distintas a las tradicionales.
Dicho lo anterior, aterrizo -ahora sí- en la evaluación de lo ocurrido con el Acuerdo de Paz que suscribimos con el Estado cinco años atrás.
Extenuados de la guerra y conscientes de que la vía armada no nos conduciría al logro del país que soñábamos y por el cual empuñamos las armas, firmamos la paz pensando en que este hecho representaría un quiebre histórico para Colombia.
Los esfuerzos de cuatro años en La Habana, ciudad que nos albergó con calidez durante las negociaciones, permitieron que las delegaciones del gobierno y la insurgencia redactaran un muy completo Acuerdo de Paz. Un pacto pensado para dar el gran salto hacia la convivencia y el progreso con justicia social que el país clamaba y sigue hoy pidiendo a gritos. Pensamos que sería un hito, que habría un antes y un después en lo económico, en lo social, en lo político y -sobre todo- en nuestra manera de tramitar las diferencias.
Además, creíamos que una vez desactivada la guerra entre las Farc y el Estado, no sería difícil conseguir una paz completa, que incluyera al ELN, y a todos los grupos irregulares de diverso origen regados por la geografía nacional.
Para que ello sucediera, sólo tenía que pasar una cosa, una no más: que las partes cumplieran lo acordado.
Claro, también había que lograr que la sociedad colombiana, con el apoyo y el acompañamiento de la comunidad internacional, rodeara de entusiasmo y creatividad el nuevo momento que asomaba.
Sin embargo -a mi modo de ver- las élites usaron otra vez su viejo prisma para leer el momento y consideraron que bastaba con desarmar al adversario, garantizándole a los ex combatientes unas mínimas condiciones de re incorporación al tejido social.
No he sido -confieso aquí- un gran admirador del profesor Antanas Mockus, aunque concedo que su irrupción en la vida nacional oxigenó el oxidado andamiaje de la política. Sin embargo, no pude sino aplaudir una reciente entrevista al diario El Tiempo en la que acusó al actual gobierno de haber desperdiciado -oígase bien- desperdiciado la más grande oportunidad de cambio que ha tenido nuestro país en su historia reciente.
Basado en ésa lúcida percepción, pondré a consideración sólo un tema que demuestra la mezquindad de este y el anterior gobierno respecto a lo pactado en Cuba. Su falta de grandeza histórica y su obtusa lectura de lo que representaba nuestra salida de los campos de batalla.
El asunto que voy a tratar, a modo de ejemplo, constituye hoy nuestra peor tragedia como nación y es causante de la mayoría de nuestros males: el narcotráfico. Si durante la administración Santos y lo que va de Duque se hubieran hecho esfuerzos para implementar con todas sus letras lo contenido en el punto sobre cultivos de uso ilícito del Acuerdo, hoy estaríamos cerca de tener la mitad de las 150 mil hectáreas de coca que -según la ONU- hay actualmente en Colombia.
De haberse puesto en marcha el plan estratégico contenido en el Acuerdo de Paz, ejecutando los programas de sustitución de cultivos e impulsando la llegada de carreteras y bienestar social para las regiones donde históricamente se ha cultivado la coca, hoy no levantaríamos el tétrico trofeo de campeones mundiales de producción de cocaína.
Y estoy seguro que caminaríamos en línea recta hacia la eliminación, máximo en una década, del flagelo del narcotráfico. Tienen que ser muy perversas las mentes que concluyeron que era mejor seguir por el camino de la erradicación forzada, incluyendo el uso del Glifosato.
Aunque, quién sabe…
Dos noches atrás, viendo televisión, tuve la suerte de toparme con Alfredo Molano (entrañable amigo cuya ausencia aún no logro superar). El andariego, el sociólogo, el periodista iba por alguna llanura sin fin del oriente del país preguntándole a los colonos por qué la coca se había metido en sus territorios. Y escuchándolo recordé lo que me dijo en alguna de nuestras interminables charlas:
-Pablo, con la llegada de los pupilos del narcotráfico al poder, Colombia está condenada a la violencia perpetua y a ser vista por el mundo como un país fallido.
Tal vez, entonces, no sean ni la mezquindad ni la torpeza las causas de que los gobiernos se nieguen a implementar el punto sobre cultivos de uso ilícito.
Por falta de tiempo no podremos ahondar en otras mezquindades. Pero quiero enumerar algunos temas contenidos en el Acuerdo a los que el Estado no ha prestado ninguna atención. Nuestro mundo agrario sigue a la espera de las grandes reformas que lo coloquen en el lugar que debe ocupar en la economía nacional. El punto uno de lo pactado en La Habana ofrece las herramientas y fija los caminos para sacar al campesinado de la pobreza extrema y extensa a la que ha sido sometido por siglos.
Tampoco se ha hecho mayor cosa en materia de reformas políticas que amplíen la precaria democracia colombiana. A regañadientes y gracias a la intervención del poder judicial, el gobierno tuvo que admitir la creación de las curules de paz, que le darán voz y voto a los representantes de las regiones más afectadas por la larga guerra.
Recordemos que, si hubiera sido por el gobierno, hoy no existiría la JEP, escenario vital para la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición.
Entro a la recta final de mi intervención refiriéndome a nosotros: los ex guerrilleros que salimos a la política legal, aceptando las reglas de la institucionalidad.
No nos ha ido bien. Tantos años de monte y selva nos curtieron en nuestras convicciones revolucionarias y nos convirtieron en personas perseverantes, capaces de sobreponerse a cualquier adversidad. Pocos colombianos han vivido tan aferrados a sus ideales como nosotros.
Sin embargo, una cosa era ese mundo y otra esta realidad. No ha sido fácil aterrizar en una curul del Congreso después de vivir por años en el campamento. Apenas ahora nos estamos abriendo paso en la política, seguros de que es mucho lo que tenemos que aportar.
Y nos urge encontrar los caminos perdidos de nuestra unidad interna, hoy fracturada.
Pero más allá de nuestras dificultades, el país entero ha sido testigo de que hemos cumplido lo pactado y puede tener la certeza de que así será en el futuro.
Pienso que buena parte de nuestros esfuerzos se deben dirigir a que Colombia tenga una paz completa, pues en la actualidad asistimos a lo que podría ser el germen de una nueva guerra, más cruenta y más larga que la anterior.
Con ocasión de este quinto aniversario del Acuerdo, funcionarios del gobierno han exhibido cifras, alardeando ante los micrófonos de los medios de comunicación (por cierto, poco generosos en la aclimatación de la paz) que la reincorporación de los ex combatientes es todo un éxito. Hay innegables avances en esta materia, pero lo logrado en cinco años no da para lanzar voladores al aire. El acceso a la tierra de los hombres y mujeres que dejaron sus fusiles -en su mayoría de origen campesino- es todavía un sueño sin solución, como lo es la asignación de viviendas dignas para quienes le apostaron a la paz.
No puedo terminar mi intervención sin rendir tributo a los casi 300 ex guerrilleros, firmantes de la paz, que han sido cobardemente asesinados en este lustro. En la historia quedará consignado que el Estado colombiano falló en su obligación de garantizarle la vida a estos hombres y mujeres que apostaron por la paz.
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