A finales de los 90, cuando los hermanos Castaño buscaban imponer la ley criminal de las autodefensas, su centro de operaciones logísticas y financieras funcionaba a pocos metros de la sede administrativa de La Alpujarra en Medellín y durante años su presencia pasó desapercibida o contó con el silencio cómplice de algunas autoridades.
Tenía como fachada un parqueadero, el parqueadero Padilla, mencionado en cientos de folios judiciales porque desde allí se dispensaban pagos de sicarios y se llevaba la contabilidad de las operaciones de las estructuras paramilitares. Cuando el Cuerpo Técnico de la Investigación (CTI) de la Fiscalía lo allanó encontró allí información tan importante como las cuentas a través de las cuales se movieron los pagos que recibieron los autores materiales del magnicidio de Manuel Cepeda Vargas, el último de los senadores de la Unión Patriótica.
Aquel golpe nunca fue valorado con suficiencia por la justicia colombiana y tampoco por la interamericana. Un funcionario judicial corrupto firmó en aquella la boleta de libertad de Jacinto Alberto Soto (‘Lucas’), jefe de finanzas de los Castaño y administrador del parqueadero de fachada. En el entretanto otros funcionarios filtraron los nombres agentes del CTI que participaron en el procedimiento y los expusieron a un riesgo inexorable: serían víctimas de un plan de asesinatos selectivos con los que las mafias cobraban sus cuentas.
El caso tampoco mereció mención en el reciente fallo con el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el genocidio de la UP, pese a que, gracias a la información recopilada allí surgieron elementos prueba para la condena, entre otros, de dos suboficiales del Ejército que resultaron comprometidos en la muerte de Cepeda.
Aunque ‘Jacinto’ fue recapturado y se sometió a los beneficios de justicia y paz, quiso poner distancia de los crímenes. En la reciente audiencia de imputación insistió en que él solo hacía los pagos que les ordenaban los jefes, pero que no conocía el destino que se les daba específico que se les daba a los recursos.
El reciente informe presentado por la Comisión de la Verdad, presidida por el padre Francisco de Roux, recobró la memoria colectiva sobre el caso al recordar que el esfuerzo y compromiso que mostraron los investigadores judiciales “terminó en un caso de impunidad por los entornos de filtración y ataques directos a la justicia”.
La Fiscalía en tiempos de Alfonso Gómez Méndez e Iván Velásquez hizo todos los esfuerzos para que los crímenes no quedaran en la impunidad
La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía acusó recibo y desplegó su mejor esfuerzo para liberar de las fauces de la impunidad el caso de los asesinatos de los servidores judiciales que dieron con el parqueadero y establecieron todo lo que ocurría allí, en tiempos en que el fiscal general de la Nación era Alfonso Gómez Méndez y el Director seccional de Fiscalías, el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Álvaro León Polo, fiscal 132 especializado, obtuvo elementos contundentes para imputarles cargos a ‘Lucas’ por homicidio agravado de los que fueron víctimas por agentes del CTI.
La galería de víctimas se abrió el 5 de septiembre de 1997, cuando el funcionario del CTI, Manuel Guillermo López Umaña fue asesinado por hombres que le dispararon desde una motocicleta en 23 oportunidades en la calle 33 con carrera 43B, sector de San Diego de Medellín. El 14 de septiembre de 1998 fue atacado trágicamente el también servidor del CTI John Jairo Ruiz mientras se encontraba en compañía de su novia Ángela María Uribe Toro.
Un tercer crimen selectivo se produjo el 13 de abril de ese mismo año y su víctima fue Luis Fernando González Jaramillo fue asesinado en la calle 58 con carrera 37 de Medellín, por sicarios de la banda La Terraza.
La Fiscalía le apostaba a que la pena que inicialmente iba a ser de ocho años, gracias a los beneficios ofrecidos por el modelo transicional de justicia y paz, podría oscilar ahora para Jacinto Alberto Soto –Lucas- entre 20 y 25 años porque las víctimas eran servidores públicos y en esa condición recibían protección especial de la ley, como la reciben –al menos en teoría, los dirigentes sindicales y sociales, los docentes, los agentes diplomáticos y consulares y los periodistas.
Sin embargo, el 15 de febrero de 2023 el caso dio un giro súbito porque el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín absolvió a Soto. Al hacerlo, pareció dejar despejado el camino para que este hombre se convierta en gestor de paz. La Fiscalía anunció que apelará la decisión y recordó que tiene pendientes cuatro procesos con medidas privativas de la libertad.
Su absolución, sin embargo, no es un suficiente para borrar su pasado y tampoco para sepultar la memoria de sus acciones, según servidores de la Fiscalía que están familiarizados con los expedientes.
El 13 de enero de 1999 Diego Arcila Gómez, un funcionario probadamente honesto de la Fiscalía, declaró bajo juramento que Carlos Castaño envió mensajes a directivos del CTI a través de un funcionario de la Cruz Roja Internacional. Les hizo saber que se encontraba “muy molesto” por las capturas que se venían haciendo en contra de sus lugartenientes, pero principalmente por la de Lucas.
Alias Lucas con líderes paramilitares en el matrimonio de Carlos Castaño
Para que quedara constancia de que hablaba en serio cuando decía que el CTI era “objetivo militar” de su organización Castaño se atribuyó, con desparpajo, la muerte de Sergio Humberto Parra Ossa, jefe de la Sección de Investigación del organismo.
Los testigos contra ‘Lucas’ no eran de menor calado. El 25 de junio de 2021, Hebert Veloza García, alias HH, dijo que, en 1996, cuando llegó a Medellín a ayudar en la creación de los nuevos grupos, ‘Lucas’ era a uno de los cuadros que le ayudaba a coordinar las acciones de tierra arrasada que marcaban la ruta de su expansión.
El 19 de julio de 2021, Sor Teresa Gómez Álvarez, alias La Negra, que desde 1986 estuvo al frente de Funpazcor –otra oficina de fachada de las autodefensas de Córdoba- declaró ante la justicia penal que Jacinto Soto manejaba todos los recursos de la familia Castaño antes y después de su fuga, tras la caída del parqueadero Padilla.
‘Don Berna’ dijo, sin rodeos, que Soto o Lucas era quien dispensaba los recursos para todos los “trabajos” (homicidios selectivos y masacres”) e incluso conseguía los helicópteros para mover hordas armadas en largas distancias.
Escritos el nudo y la trama de esta historia solo falta el desenlace: que la justicia resuelva la apelación y el gobierno se pronuncie sobre si lo acepta o no como gestor de paz, postulado desde la cárcel.
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