Varios dirigentes políticos del país le han declarado la oposición al nuevo gobierno que encabezará el presidente de la Republica Iván Duque.
El primero en hacer esa manifestación fue el candidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Lo hizo en el marco del Estatuto de la Oposición y lo podrá hacer con muchas posibilidades de éxito si logra fortalecer la convergencia democrática con la que obtuvo más de 8 millones de votos y ampliarla para hacer un contrapeso significativo a lo que pueda ser la gestión del presidente electo.
Pues bien, dentro de las organizaciones sociales se discute y se precisa cuál va a ser la posición frente a este nuevo gobierno, y entre ellas el sindicalismo.
En el sindicalismo se mueven dos tendencias: una que encabeza la Central Unitaria de Trabajadores CUT, donde por amplísimas mayorías tanto en sus distintos niveles de dirección, como en sus sindicatos más representativos, han manifestado la oposición al gobierno implementando y desarrollando una fuerte movilización social; y otra, como la del presidente de la CGT, que viene hablando de la necesidad de darle un tiempo de espera al gobierno para poder precisar la opinión, la posición y las acciones frente a las políticas que tome.
Vale la pena decir, que dado el programa del candidato del Centro Democrático Iván Duque, conociendo la naturaleza autoritaria del progenitor de dicha candidatura, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, las propuestas conocidas a través de entrevistas y debates electorales en primera vuelta y los corruptos y clientelistas aliados para ganar en segunda, la conclusión es que lo que está por venir para, entre otros, los trabajadores y el sindicalismo, es demasiado difícil y se concreta en más de lo mismo en los últimos 30 años: más neoliberalismo, más flexibilización laboral, más ataques al sindicalismo con obstáculos a su actividad, más negar las garantías y libertades sindicales de la OIT. Y desafortunadamente, como se ha visto últimamente con el asesinato de líderes sociales, no pocos brotes de violencia antisindical.
Este nuevo gobierno no es de reelección,
y como solo tiene cuatro años para llevar a cabo todo su programa;
debe gastar rápidamente el capital político que hoy tiene
Este nuevo gobierno tiene otra característica: no es de reelección y por eso solo tiene cuatro años para llevar a cabo todo su programa; por consiguiente, como lo han anotado muchos analistas, debe gastar rápidamente el capital político que hoy tiene.
En este sentido se han conocido varios anuncios. De una parte, el del presidente electo, quien ha dicho que una vez instalado en la Casa de Nariño el 7 de agosto, presentará varias medidas de diverso contenido político, económico, fiscal, social y laboral. De otra, y conociendo que el equipo de empalme está liderado por el señor Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, todo hace prever que va a presentar un paquetazo fiscal para ser aprobado lo más rápidamente posible, con el fin de que todos los compromisos adquiridos con sus promotores y financiadores de campaña puedan ser atendidos en sus intereses y exigencias.
Este paquetazo fiscal contendría regresivas reformas tributaria, pensional y laboral, facultades extraordinarias para la reestructuración y reducción del gasto del Estado y para enajenar bienes del patrimonio público de los colombianos. Uno de los más apetecidos por el sector privado sería el 10% de las acciones de Ecopetrol cuya venta ya está debidamente autorizada, y la de otros patrimonios importantes como la empresa Cenit, parte del holding de Ecopetrol y su empresa más rentable, encargada del transporte y distribución de los combustibles del país.
Es decir, nada bueno para los trabajadores y el sindicalismo, como se ha visto que sin posesionarse ya ha logrado con nuevas mayorías en el viejo Congreso regresivas medidas a la JEP, en su anunciado proyecto político de hacer trizas los acuerdos de paz.
Por todo lo anterior, hablar de darle espera al nuevo gobierno de Iván Duque es intentar desarmar políticamente a los trabajadores y a sus dirigentes sindicales, crear falsas expectativas y darle ventajas a quien por su programa de gobierno y los antecedentes de todos los corruptos que lo han apoyado, solo profundizarán nuestra precaria situación. Es decir, una ventaja al verdugo.
Los más de 8 millones de ciudadanos libres esperan que los trabajadores y sus dirigentes sindicales estén a la altura y no vacilen en la defensa de sus derechos e intereses.
