Entre el 2013 el 2018, en la época del proceso y el acuerdo de paz, Colombia vivió una pequeña epifanía democrática. Diez municipios del país realizaron consultas populares que, con votaciones inusitadas, excluyeron grandes proyectos de minería e hidrocarburos de sus territorios. Muchas personas creímos que por fin Colombia tendría la oportunidad de reparar lazos rotos entre humanos y con la naturaleza. Sentimos que podríamos pasar no solo la página de las armas, sino la de la violencia que golpea y hiere desde el abuso del poder y la fuerza, incluida la agresión sorda que se ejerce entre risas y copas desde Bogotá cuando se autorizan, sin consideraciones sobre la voluntad de los habitantes, explotaciones mineras a cielo abierto durante treinta o sesenta años.
Durante estos años, la defensa del agua y la gratitud por la fertilidad y la belleza de los territorios unieron a comunidades enteras, anteriormente divididas por otros criterios: jóvenes y viejos, campesinos y citadinos, de un partido político o de otro, o con posiciones diferentes frente al Acuerdo de Paz. Se crearon comités ambientales en todo el país y se movilizaron comunidades en regiones como el sur del Caquetá inundadas durante décadas por un miedo capaz de paralizar los propósitos comunes, de impedir que se alzaran miradas y se levantaran las voces.
Los significados de las consultas populares para una paz naciente fueron diversos: fue la herramienta democrática más promisoria y eficaz para salvar los territorios de la violencia de la gran minería y para soñar otros futuros; también fue la posibilidad de disfrutar, para muchas personas y comunidades quizás por primera vez, de un ejercicio democrático genuino, de una ciudadanía autónoma y libre, que se organiza para decidir sobre temas de interés público por vías constitucionales y pacíficas.
La Corte Constitucional, sintonizada entonces con los nuevos vientos de la paz y la democracia, dijo: “es clara la necesidad de repensar creativamente un nuevo modelo de desarrollo que tenga como centro el respeto de la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales (…) un modelo con criterios morales y éticos” y avaló las consultas populares municipales sobre minería. Y es que este derecho no somete temas importantes al poder de las mayorías, sino que pasa por varios filtros de todas las ramas del poder público: los concejos, las alcaldías y un juez que revisa su constitucionalidad.
El sueño democrático duró poco. Con una nueva composición de jueces, la Corte revirtió su posición y señaló que los municipios no pueden prohibir la extracción de recursos del subsuelo en sus territorios. Así, cerca de 150 municipios que se organizaban para realizar consultas, no pudieron realizarlas. Con todo, la Corte reconoció un “déficit de participación” para estos proyectos y le ordenó al Congreso legislar para llenar este vacío. Como es de esperarse, han pasado tres años y no lo ha hecho.
Mientras tanto, sin una ley que regule el tema y, por ende, sin respaldo normativo, el Gobierno Nacional, por medio de la Agencia Nacional Minera, ha visitado a los alcaldes y alcaldesas de al menos a 380 municipios. Las actas de las reuniones son públicas y revelan una reunión muy sencilla, casi igual en todos los municipios, en la que la autoridad minera les explica a las alcaldías los procesos de titulación minera y les expone cuáles áreas están, por ley, excluidas de esta actividad.
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No hay debate, no hay acuerdos, ni pactos. A las autoridades municipales solo las dejan asentir y firmar un “acta de concertación”
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El acta termina con un cuadrito con los porcentajes del área municipal susceptible de minería. En el caso de Piendamó, Cauca, por ejemplo, es del 100%. El alcalde de Firabitova, Boyacá, planteó que hay un área verde que el municipio que podría destinarse a otro uso. La agencia minera respondió que las áreas de exclusión solo las define la ley. En últimas, no hay debate, no hay acuerdos, ni pactos. A las autoridades municipales silo las dejan asentir y firmar un “acta de concertación”.
En el acta de la reunión en Cucunubá, Cundinamarca, la agencia explica el objetivo de la reunión: “poner en conocimiento del ente territorial y de sus autoridades la información geológica, ambiental y minera del municipio”. Es evidente que llama concertación a un encuentro mera y mediocremente informativo. Con esta violencia, que por parecer ligera no deja de serlo, la entidad realiza después una audiencia pública tan engañosa como las reuniones con los alcaldes. Tras estos encuentros, continúa con los trámites mineros.
Así es como el Gobierno Nacional, el Congreso y la Corte Constitucional le entregaron a esta agencia el poder para violar por todo el territorio nacional los derechos a la participación. Por fortuna, algunos concejales y alcaldes, como Julián Rincón, de Floresta (Boyacá), sí distinguen entre un espacio de información y uno de concertación, y se han resistido a este procedimiento. Es importante rodear a estas valientes autoridades locales, porque la dictadura mineroenergética que venía en locomotora, ahora va en tren bala.
