Aunque parece que el malestar uribista sobre los señalamientos a las Fuerzas Militares se dio a partir de los informes revelados por el diario The New York Times, lo cierto es que desde la llegada del presidente Iván Duque a la Casa de Nariño —marcado como el regreso del uribismo— se vienen adelantando jugadas para detener las versiones de los militares en el proceso por el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado.
Precisamente, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Ejército Nacional está implicado en 1065 casos en Desaparición Forzada, 2988 casos en Asesinatos Selectivos, 219 Masacres y 126 en Casos de Violencia Sexual; lo que lo configura como un actor necesario para la reconstrucción de la verdad para las víctimas en Colombia.
“El gobierno ha igualado nuevamente los integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestra democracia con la organización terrorista, y pretende aplicarles la misma justicia transicional”
La anterior frase fue expresada por el expresidente y jefe máximo del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, antes de entrar en funcionamiento de la JEP. Frase que marcaba cual iba a ser el proceder del uribismo en el poder con relación a las fuerzas militares y la justicia transicional.
Miles de miembros del ejército a la JEP
Paralelamente a la polémica que ha desatado el regreso de las ejecuciones extrajudiciales, para finales del mes de febrero de 2019, la JEP registra el sometimiento de 1.958 miembros de la Fuerza Pública.
Dicho sometimiento en la JEP corresponde al caso 003 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, del cual se busca esclarecer lo sucedido por los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ en el país en los que hubo participación de la Fuerza Pública.
Para esto, ha sido de vital importancia la presencia de nueve (9) altos mandos: los generales (r) Rito Alejo del Río, Mario Montoya, Jaime Uscátegui y Henry Torres Escalante; y quienes solicitaron entrar: Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas, José Joaquín Cortés Franco y Hernando Pérez Molina.
El malestar uribista
Sin lugar a dudas, uno de los grandes intereses del uribismo sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene que ver con el tema de la extradición por encima de testimonios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad.
Paradójicamente, sectores dentro de las Fuerzas Militares han estado en contra de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque, claro ejemplo de ello, ha sido el caso de militares que integran la fundación ‘Fuimos Héroes’ quienes le solicitaban al presidente Duque sancionar la ley.
Esta Fundación ha sido un ejemplo que ha desestimado el carácter de impunidad o de estigmatización de la JEP contra los miembros del ejército, debido a que han manifestado estar a favor de rendir testimonios que contribuyan con el esclarecimiento de la verdad. Contrario a las versiones o intentos de reforma a la JEP por parte del uribismo.
Otro de los casos que muestran que el ejército y el uribismo no estarían alineados con el tema de la JEP, tiene que ver con que para diciembre de 2018, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se han presentado militares a entregar versiones de batallones como Artillería No 2 (La Popa) de Valledupar (César), la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña (Norte de Santander); el Grupo Gaula Casanare (Yopal), la Cuarta División del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez”, en Antioquia; el Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander y la Tercera División del Ejército en el departamento del Cauca.
Esto deja abierto un malestar, del cual sectores políticos como los de la oposición, han afirmado que dentro de los intereses de las objeciones reposa el de extraditar a militares por encima de que estén contando la verdad. De hecho, Angela María Robledo ha ido más allá y ha advertido que pueden existir amenazas y atentados para los 80 militares que han ido a la JEP.
‘Ni descuidos ni manzanas podridas’
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ha anunciado que el 26 y 27 de mayo Humanidad vigente y la Corporación Jurídica Yira Castro presentaron un informe con 112 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 en el departamento de Antioquia, que dejó 154 victimitas. Las divisiones del ejército salpicadas son la I y VII y, también hay nombres como el del coronel. (r), Juan C Barrera, Óscar González, Luis R Pico Hernández y Mario Montoya Uribe.
El Colectivo de Abogados, hace hincapié en que estos delitos cometidos por las fuerzas militares no son descuidos, ni manzanas podridas como lo han querido presentar desde la versión oficial. De hecho, el informe busca señalar una dinámica de funcionamiento, que fue desplegada por una organización criminal al interior de unidades militares. Dichas etapas son: planeación, ejecución y encubrimiento.
A continuación, Pares presenta los movimientos que se han realizado con el objetivo de interferir los importantes testimonios ante el Tribunal de Paz:
Tratamiento especial para FF.MM.
Sin duda, uno de los capítulos más polémicos fue protagonizado a escasos dos meses de la llegada de Duque a la presidencia cuando se presentó el proyecto de acto legislativo que pretendía crear una sala especial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exclusiva para las Fuerzas Militares.
En esta avanzada, salieron a flote los nombres de la senadora Paloma Valencia como coproponente del proyecto y, el del ministro de Defensa Guillermo Botero y la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quienes trataron de no dejar hundir el proyecto.
Apelando a un “sesgo ideológico” de los tribunales de la JEP, las toldas uribistas argumentaban la necesidad de crear dos salas de primera instancia; una sección para la revisión de sentencias y una sección de apelación.
Incluso, la intención del uribismo era lograr que los nuevos jueces fueran nombrados por el presidente Duque, como no fue así intentaron que el Congreso los nombrara.
La insistencia del uribismo
Para el mes de noviembre de 2018, la Fundación Paz y Reconciliación — PARES había señalado que el acto legislativo por el que se modificó la JEP y que pretendía, entre otras cosas, que se nombraran 14 magistrados adicionales; representaba un grave riesgo la labor que desempeña la JEP alternado de “forma profunda la composición y equilibrio de esta Jurisdicción, específicamente en lo que respecta a la centralidad de las víctimas, su pilar fundamental”.
El meollo seguía siendo lo referente al juzgamiento de los crímenes cometidos por los miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado.
La Corte bloquea al uribismo
Para marzo de 2019, la Corte Constitucional declinó los intereses del uribismo con respecto a la creación de salas especiales. Precisamente, el alto tribunal encontró que el artículo 75 de la ley de procedimiento de la JEP es inconstitucional. Según José Fernando Reyes, magistrado ponente, la idea de una sala especial para militares representa un riesgo para el tratamiento igualitario de la JEP frente a todos los involucrados en casos en el marco del conflicto armado.
Asimismo, el alto tribunal consideró que era inconstitucional, entre otras cosas, porque no estuvo presente en las ponencias, ni hubo debates en Congreso y fue añadido por petición del partido del gobierno; Centro Democrático.
De esta forma se entiende que la resistencia civil de Uribe y sus colaboradores no es contra la impunidad: es para lograr la total impunidad.
*Articulo publicado originalmente por la Fundación Paz y Reconciliación-PARES. Para ver el articulo original haga click aquí
