Roberto Prieto y Juan Manuel Santos trabajaron juntos hace más de diez años. En 1997 Santos, quien ya había sido ministro de Comercio durante el gobierno de César Gaviria, se consolidaba como uno de los dirigentes liberales más influyentes. Tuvo entonces su primer ímpetu para aspirar a la Presidencia de Colombia. Su primer obstáculo se llamaba Horacio Serpa, el curtido dirigente del partido que intentó fallidamente en tres ocasiones ser presidente.
Santos necesitaba ser escogido por su partido y para ello organizó un primer equipo liderado por Germán Cardona como gerente de su campaña. Sin embargo, no duró mucho al frente. Cardona, quien terminó siendo su ministro de Transporte en dos ocasiones y embajador en Roma cuando Santos logró la presidencia en 2010, le recomendó a Roberto Prieto, un joven caldense de 30 años con formación como economista, para asumir el timón de la campaña.
Roberto, hijo del reconocido dirigente liberal Luis Prieto Ocampo quien también fue presidente de la ANDI, alcalde de Bogotá, embajador en Londres y representante de Colombia en el BID en Washington, calcó la estrategia de su padre cuando fue el gerente de campaña de Luis Carlos Galán y posteriormente de César Gaviria. Aunque las aspiraciones de Santos al final no llegaron muy lejos —Horacio Serpa fue elegido candidato y posteriormente perdió frente a Andrés Pastrana—, esa primera precandidatura le dejó una amistad con Roberto Prieto que 20 años después tiene al gerente caldense preso en la cárcel La Modelo de Bogotá.
El mundo de Roberto Prieto fueron los medios, la publicidad y la política. Se inició administrando pautas de las emisoras regionales en una empresa con sus hermanos llamada Radio Difusores Unidos, asociada con Mejía & Asociados, propiedad de la estrella empresarial del momento, el también caldense Carlos Mejía. Algunos recuerdan que uno de los primeros negocios importantes de los Prieto fue conseguir la pauta radial de la campaña de Álvaro Gómez Hurtado en 1986.
Desde que se acercó a Juan Manuel Santos a finales de los 90, Prieto estuvo siempre bajo el ala de su amigo. En el año 2000, Santos decidió entregarle la presidencia de la Fundación Buen Gobierno, que había creado poco tiempo antes. Ya con Álvaro Uribe en el poder, en el 2006 Prieto asumió la gerencia de la campaña electoral del recién creado Partido de la U, liderado por Santos, para sacar adelante la reelección de Uribe. Al final, el trabajo de Prieto daría sus resultados: Uribe repetía mandato y se sumaba la mayor bancada en el Congreso. Con esas conquistas, Santos se convertiría en ministro de Defensa y Prieto tomaba las riendas de la jefatura de finanzas del nuevo partido político, en donde estuvo durante otros cuatro años, hasta que fue llamado nuevamente para embarcarse en una nueva campaña electoral: Santos Presidente 2010.
Con su amigo Santos en la Presidencia, la empresa de publicidad y comunicaciones Marketmedios, fundada en 2002 y dirigida por los hermanos de Roberto Prieto, Mauricio y Alberto Prieto, crecería meteóricamente gracias a los contratos con el Estado: entre 2011 y 2016, Marketmedios firmó 66 contratos con 31 entidades estatales distintas por una suma total de $ 84.560 millones. Aunque Roberto Prieto nunca ha sido socio de Marketmedios y en 2010 había sido nombrado representante de Colombia en el BID en reemplazo de Luigi Echeverri, su sombra e influencia siempre ha rodeado a la empresa familiar. Prieto se movía como pez en el agua en el gobierno de su amigo Juan Manuel Santos.
Roberto Prieto y sus hermanos atravesaban un próspero momento económico. Pero su éxito no duró más de siete años. Las denuncias comenzaron a aparecer con el escándalo de Odebrecht en los titulares de todos los medios de comunicación. Primero fueron los afiches que pagó la multinacional brasileña a la campaña de Santos en 2010. Prieto aceptó el hecho en una entrevista con BluRadio, asegurando que cuando él asumió la gerencia de la campaña, en mayo de 2010, esos afiches ya estaban negociados: “A mí me dijeron ‘hay que contratar dos millones de afiches’ y yo pregunté ‘¿quién paga eso? Lo paga Odebrecht, pues mándele la factura a Odebrecht. Eso fue lo que yo hice porque ya estaba fondeado”.
Odebrecht pagó en total USD $ 400.000, aunque la Fiscalía terminó archivando la investigación contra Prieto, al igual que el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación en contra de la campaña de Santos.
Tres cheques, una factura y 227 llamadas comprometieron a Roberto Prieto con un soborno de por lo menos $ 650 millones que recibió para lograr que a la concesionaria Yuma se le adjudicara un contrato dentro de la Ruta del Sol III. En 2010, Yuma, consorcio liderado por la empresa italiana Salini Impregilo S. P. A. y su CEO Pietro Salini, y en el que también tienen participación diferentes empresas del grupo Bancolombia y Conalvías, firmaron un contrato por $ 2,1 billones para construir más de 450 kilómetros de carretera en el sector de San Roque-Ciénaga y Valledupar-Carmen de Bolívar.
Entre 2014 y 2015, Yuma Concecionaria le dijo a la ANI que era necesario construir otro puente, en el sector de Plato (Magdalena) pero este debía subcontratarse porque así lo indicaba el contrato inicial. En este punto habría entrado a jugar Prieto, quien se acercó hasta la ANI, encabezada entonces por Luis Fernando Andrade, para lograr que los estudios y los diseños por $5.700 millones se los adjudicaran a la firma Constructores Unidos, de su amigo el empresario Eduardo Zambrano. Según la Fiscalía, Prieto se reunió varias veces con Andrade con quien habló explícitamente sobre la Ruta del Sol III. Al final, la ANI firmó el otrosí número 05 en la Ruta del Sol III con Leonardo Castro, representante legal de Yuma.
Por su intermediación, Roberto Prieto recibió de Zambrano $ 650 millones. Pero para recibir el dinero, Prieto habría buscado una empresa fantasma: Megaland S.A.S. de Gilberto Hernán Saldarriaga, quien ya fue condenado por un juez de Medellín a ocho meses de prisión por haber servido como intermediario para el pago de la coima. Saldarriaga autorizó el pago de la factura 032 del 18 de mayo de 2015, en la que se describía supuestos estudios de topografía y geología para la hidroeléctrica de la vertiente cordillera Oriental de Guavio, estudios que nunca se realizaron.
La Fiscalía no dejó el tema de Odebrecht y la campaña Santos Presidente 2010 por fuera. Aunque la investigación contra la campaña se archivó, en varias de las llamadas de Prieto que fueron interceptadas, se puede escuchar al exgerente hablar claramente sobre cómo estaba logrando torcer la información y varios testimonios para que se insistiera en que los aportes a la campaña Santos 2010 le fueron entregados al Comité Financiero y no a él. En esas grabaciones Roberto Prieto también aceptó tener enredos con las cuentas de campaña presidencial, por lo que terminó contactando a Liliana Baena, consultora de Connecta, para que desapareciera información.
Roberto Prieto lleva casi 10 meses detenido en la cárcel La Modelo. La Fiscalía le imputó cargos por falso testimonio, ya que habría mentido sobre la entrada de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial que dirigió; falsedad en documento, por la coima que recibió a través de una factura falsa de la empresa Megaland; tráfico de influencias, pues se valió de ser el gerente de la campaña de Santos para hacer lobby en favor de la concesionaria Yuma; y por último, los delitos de interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito por los $ 650 millones que recibió.
Sin embargo, Prieto logró llegar por tercera vez a un preacuerdo con la Fiscalía. Ante la contundencia de las pruebas en su contra, decidió negociar a pesar de haberse declarado inocente en una primera audiencia. Aunque todavía falta que un juez avale el preacuerdo, Prieto habría logrado quitarse de encima las acusaciones de enriquecimiento ilícito y falso testimonio, los dos relacionados con la campaña de Santos 2010. Ahora el exgerente podría pagar una condena de solo 5 años, a cambio de entregar nueva información. Mientras tanto, Prieto aprovecha el tiempo en la cárcel para estudiar filosofía y jugar fútbol, con lo cual también aligeraría la carga de años en la cárcel.