El Si y el No al Acuerdo de La Habana

En medio de las noticias y de las emociones, me es muy difícil apreciar el panorama alrededor del plebiscito del próximo domingo. Pero yo he aprendido que todo es historia es decir, que la mejor manera de entender un asunto es preguntarse cómo llegó a ser o a suceder el asunto.

Comienzo pues por señalar los hitos del proceso de La Habana, como tal vez lo haría un historiador del futuro:

-La guerra y la paz son decisiones políticas, que no necesariamente corresponden a las realidades militares o a los grados de apoyo popular (sin ir muy lejos, el ELN mantiene su guerra aunque es evidente que no puede ganar). Pues bien, hace unos años las FARC por fin optaron por buscar una salida negociada y el presidente Santos estimó que no bastaba la vía militar (hechos estos que a su vez le deben mucho a la escalada de Uribe y antes de él al Plan Colombia de Pastrana).

-Las partes llegan a un acuerdo inicial sobre el proceso que tiene cuatro aciertos decisivos: (1) Una agenda ajustada exactamente a las características sociopolíticas del conflicto (tierra, narcotráfico, delitos de la guerrilla, víctimas, apertura y garantías políticas, cumplimiento de los pactos y desmovilización); (2) Un diálogo sin condiciones que lo habrían llevado al fracaso (“negociación en medio de la guerra”); (3) Una serie de acuerdos parciales y sucesivos (“nada está pactado hasta que todo esté pactado”), y (4) Un aval internacional que incorporó a todos los actores relevantes.

Pero el proceso mismo se dividió en tres etapas -y esto no fue destacado por los medios, como me temo que tampoco por los analistas-:

• La fase de reformas sociales esto es, los primeros tres acuerdos sobre desarrollo rural, narcotráfico y apertura política. Bajo tutela del  exgerente de la ANDI y de dos ex generales, el gobierno se dedicó a recortar las pretensiones de las FARC y así llegamos a medidas progresistas pero no radicales (el propio Santos dijo que estas reformas eran necesarias).
• La fase de justicia transicional. Tras el acuerdo retórico o de “principios” sobre las víctimas, se llegó al nudo gordiano de los delitos de los guerrilleros que empantanó el proceso durante más de un año. Entonces Enrique Santos desplaza a De la Calle, le asegura a Timochenko que no habrá cárcel y acuerda una “sub-comisión” de juristas con la instrucción de cumplir esta promesa sin incurrir en el veto de la Corte Penal Internacional. De aquí surgieron un código y un aparato de justicia aceptables para las FARC y blindados ante los tribunales de la humanidad. También aquí y sin mucha discusión se extendió la justicia alternativa a lo demás actores del conflicto armado.
• La fase de cierre o “la recta final” donde se pactan tres tipos de medidas: (1)  Las de blindaje jurídico de los acuerdos (que los amarran a la Constitución y los tratados internacionales); (2) Las de desmovilización, desarme y reinserción (con el apoyo internacional y una factura técnica impecable), y (3) Las cuestiones “pendientes” (integración del tribunal de paz, extensión del fondo de tierras…) donde se añaden ventajas políticas para las FARC (curules, emisoras, financiación y comisión de seguimiento).

Una lectura clínica

Procesos en la Habana Cuba, representantes de las FARC. Foto: Paz FARC-EP

Si estos fueron los hechos decisivos, pienso yo que el analista del futuro -cuando, ojalá, Colombia sea un Estado de derecho y democrático- concluiría que el Acuerdo de La Habana fue tan bueno o tan malo como podía ser un acuerdo para acabar la violencia de las FARC por parte de un Estado débil, de un presidente débil y con la clase dirigente que teníamos.

-La debilidad del Estado es el dato principal y al mismo tiempo el más difícil de aceptar y digerir. El proceso de La Habana se debió a que las Fuerzas Armadas no pudieron derrotar a las FARC en medio siglo (dicen unos que no las dejaron y otros dicen que estaban a punto de lograrlo, pero el hecho es el hecho). Esta debilidad tuvo una gran consecuencia “geo-política” y una gran consecuencia jurídica:

• Aunque no hubo declaración formal y aunque la figura ya poco se utiliza, el Estado colombiano reconoció a las FARC una especie de estatus de beligerancia es decir, una cierta entidad soberana o la capacidad para pactar en condiciones de igualdad. En los procesos de paz anteriores (como de hecho también en las guerras civiles del siglo XIX) la negociación había sido entre un gobierno vencedor y un insurgente vencido, de modo que la paz con las FARC es realmente “histórica”.

El estatus de beligerancia o condición de cuasi-Estado se concretó en el acuerdo sobre justicia donde el Estado acepta co-redactar un nuevo código penal, en la integración del Tribunal de Paz donde aceptó no designar a los jueces que fallan en ejercicio de su ius puniendo, y en la internacionalización automática como “acuerdo especial de DIH” que limita su soberanía legislativa.

Para fortuna de Colombia sin embargo, la beligerancia en este caso no arriesgaba reconocimiento ni apoyo militar para las FARC (como el de Estados Unidos a la oposición en Siria) puesto que Cuba o Venezuela no tendrían interés ni están en condiciones para hacerlo.

• La consecuencia jurídica fue suspender o cambiar la Constitución, tanto en términos procesales como sustantivos, según arguye José Gregorio Hernández en esta misma edición de Razón Pública (aunque yo no comparto todas sus apreciaciones).

-La debilidad del presidente marcó el punto de inflexión en el proceso. La ventaja militar del Estado llevó las FARC a la mesa de negociación y recortó el alcance de las reformas sociales, pero a Santos se le fue agotando el tiempo hasta llevarlo sucesivamente a la no cárcel, a la Jurisdicción de Paz, al viaje a Cuba para imponer un plazo no cumplible, a los cuatro seguros del acuerdo de blindaje y a las ventajas políticas para las FARC en el último minuto.

Tanto o más que la cerril oposición de Uribe y el procurador o que su impopularidad en las encuestas -que lo empujaron hacia la línea dura- la presión del reloj debilitó también a Santos frente a su interlocutor inmediato y principal. Firmar la paz es la razón de ser de su gobierno pero negociar con guerrilleros pre-modernos tomó más de lo previsto, los 22 meses que restan se le irán en “implementar” los acuerdos, y ya no puede hacerse reelegir.

El tema no es personal. Es el sistema político colombiano donde no existen partidos y por lo mismo no caben proyectos de largo plazo -como “la construcción de una paz estable y duradera”-. El propio vicepresidente de Santos y su aparente sucesor “natural” se resiste al Acuerdo y su elección sería el mandato paradójico del pueblo para tratar de no cumplir ese acuerdo (Santos, al fin y al cabo, fue presidente por escogencia de Uribe).

-Porque la guerra es una decisión política, la clase dirigente de las últimas décadas es responsable del conflicto armado: los mandos de las FARC optaron por una guerra injusta y degradada, mientras que para bien y para mal las Fuerzas Armadas estuvieron bajo el mando de gobernantes civiles.

La paz es otra decisión política, y por eso sus gestores desde el gobierno y las FARC se merecen los laureles respectivos. Pero en la historia también debe constar que las reformas sociales fueron modestas y estaban represadas, que se pactó la máxima impunidad compatible con el mínimo de justicia que nos exige el ser parte de la humanidad, y que este pacto se extendió a sectores que no se alzaron contra el Estado ni enviaron delegados a La Habana (o sea que fueron auto-amnistiados por el gobierno).

Más todavía: debe constar que el “no a la impunidad” fue encabezado por el que perdonó a los paramilitares y que se opuso al Acuerdo porque el nuevo perdón le pareció insuficiente para los criminales de la contrainsurgencia.

La voz confusa del pueblo

“2.5.6.8. Mecanismo de refrendación de los acuerdos”. Con este último punto de la agenda convenida se armó el lío que habría de llevar al plebiscito:

• Por una parte se “refrenda” algo cuando el firmante no tiene o cree no tener autoridad suficiente (Santos habría de consultarle al pueblo y las FARC a sus bases -como pasó en la Décima Conferencia-).
• Por otra parte “refrendar” significa plasmar los pactos en normas jurídicas, y de aquí se agarraron las FARC para la Constituyente, Uribe para el Congresito y Santos para el referendo (que sirve para aprobar leyes). Pero al fin se adoptaron mecanismos de blindaje y desarrollo jurídico especiales (la “vía exprés” en el Congreso, los cuatro seguros) y la Corte cambió el referendo por el plebiscito que es un aval exclusivamente político.

Desde el punto de vista jurídico el plebiscito no sirve para nada. Una victoria del No haría de Santos el inútil mayor en nuestra historia y le daría un portazo en la nariz a Timochenko (que por eso se opuso hasta el final). Pero Santos tenía dos razones políticas potentes para jugarse a la consulta popular:

• Esta fue la promesa formal y reiterada que le otorgó su segundo mandato. Ya derrotado en la primera vuelta por Zuluaga, e incapaz de explicar por qué seguía negociando en medio de una guerra degradada, el presidente-candidato echó mano de su única salida -la de jurar que el pueblo iba a tener “la última palabra”-.
• El plebiscito es el acto final de la tragi(¿comedia?) entre Santos y Uribe que se llevó 16 años de nuestra historia patria. Con el Sí de la gente y con las FARC desarmadas, Uribe pasará a ser un recuerdo grato para muchos, amargo para muchos y cada vez más borroso. Santos en cambio será el presidente-Nobel que logró la paz.

Pero el riesgo del No seguía rondando, de modo que las partes encontraron un arreglo, una presión simbólica y una presión armada para lograr el Sí:

• El arreglo consistió en reducir el umbral a la mitad (cuando menos) del que antes se exigía y en evitar que la abstención se tome como un No. Estas reformas podrían ser atinadas, pero cambiar las reglas en favor de uno mismo es hacer trampa.
• La presión simbólica es entregarle el texto del Acuerdo al Consejo de Seguridad y a la Asamblea de la ONU, mas la firma solemne ante 15 presidentes, en un acto-espectáculo agridulce que al mismo tiempo despierta nuestro orgullo patrio y es una falta de respeto al pueblo soberano que todavía no ha dicho si aprueba o no el Acuerdo. ¿Dónde queda la imagen de Colombia si el pueblo dice No?
• La presión armada consiste en la amenaza de que las FARC retornen a su guerra criminal. Es la advertencia explícita de Santos y es la contradicción entre voceros o frases de las FARC que siembran la incertidumbre y confirman el absurdo de esta vía: el voto tiene que ser libre pero ninguna guerrilla se desarma si no es a cambio de las concesiones -es decir, del Sí-.

Cuatro tipos de votantes

Timoleón Jiménez, alias “Timochenko” líder de las FARC en procesos de la Habana. Foto: Facebook Farc

Aunque las encuestas no dicen casi nada, cabría distinguir teóricamente entres estas cuatro clases de votantes potenciales: los indiferentes, los polarizados, los pragmáticos y los atormentados.

-“Indiferentes” seguramente van a ser la mayoría de los ciudadanos, que por lo tanto se abstendrán de votar. La abstención habitual en Colombia es del 40-45 por ciento, y en este caso las maquinarias operaron con desgano. Sin obstar las ceremonias de la firma, habría además un cansancio acumulado porque las negociaciones demoraron demasiado, el acuerdo es complicado, las muertes y secuestros ya bajaron, y el proceso -como dije- hace días pasó de las reformas en favor de la gente a las concesiones para los guerrilleros.

Desde el punto de vista jurídico el plebiscito no sirve para nada.

Más de fondo: la de las FARC es una guerra rural en un país urbano, de manera que esta paz importa mucho en los campos (donde habrá muchos votos) pero poco en las ciudades (donde habría más abstención). Y la abstención no es solo de los indiferentes sino de los atormentados que no logren decidir si Sí o No.

-Los polarizados irán todos a las urnas y votarán con entusiasmo por el Sí o por el No. Sus decisiones por supuesto son sagradas y sus razones les parecen contundentes, pero a la luz de la “lectura clínica” que arriesgué más arriba yo les pondría unos granitos de sal a cada lado.

El No rotundo creo que propone cuatro grandes argumentos:

1. No hemos debido negociar con las FARC sino obligarlas a rendirse. Es la versión más radical de quienes -ellos sí- son “partidarios de la guerra”; pero no es lo que Uribe dice, ni es claro cuándo se rendirían las FARC (no se ha “rendido” el ELN), ni con esto recobramos ese tiempo que Santos perdió para Colombia.
2. No podemos aceptar la impunidad y/o la participación política y/o las ventajas para el partido de las FARC. Es –me parece– el argumento más sólido del No, pero infortunadamente parte de creer o dequerer creer que el Estado colombiano no es débil (puede aplicar justicia) y/o que nuestra democracia es de verdad (igualdad política y ciudadanos que no eligen a quienes antes emplearon la violencia).
3. El No permitiría renegociar el Acuerdo. Yo estimo que las FARC necesitan la paz y que quizás accederían a reabrir el proceso; pero no sin volver a demostrar su poderío militar ni barajar también las concesiones que han hecho, es decir sin más sangre ni más años perdidos en la mesa. Y sobre todo este argumento supone que tenemos una especie de partido de gobierno o un sistema político capaz de tramitar proyectos de largo plazo.
4. Las reformas son castro-chavistas y/o Timochenko será el presidente. Es derecha pura y dura (la que veta las reformas) y es miedo a la democracia que Colombia necesita (la que teme a las ideas de una izquierda desarmada).

Creo que el Sí rotundo propone tres argumentos principales:

1. La paz es el derecho superior, o la violencia política es siempre abominable, o hay que parar el desangre a cualquier costo. Es el argumento moral o religioso que más conmueve y más mueve a los votantes pero es también -en rigor- la tesis del pacifismo radical que por lo mismo naufraga ante una agresión injusta (como decir los pacifistas europeos ante Hitler).
2. Las reformas sociales del Acuerdo cambiarán para bien el rostro de Colombia y/o marcarán un giro decisivo hacia un país equitativo y democrático. Mi grano de sal es anotar que las reformas son apenas moderadas y -sobre todo- que el Estado no tiene mucha voluntad (Santos, ¿más Vargas Lleras?), menos capacidad (Estado aún más débil en las regiones lejanas) y ningún prepuesto para volverlas grandes realidades.
3. Este Acuerdo es mejor/más balanceado que los demás que se han dado en Colombia, que los del resto de países en conflicto, y/o en todo caso es el mejor que resultaba posible (la tesis de De la Calle). Estas pueden ser verdades que además pueden convencer a los votantes pragmáticos (que por definición no son “polarizados”), e incluso pueden completar la mayoría del Sí. Pero no logran resolver los dilemas que siguen asaltando a los atormentados.

- En este grupo incluyo a las personas que le dan vueltas y vueltas al asunto porque a veces se fijan en lo bueno (para ellas) y a veces en lo malo del Acuerdo. Tal vez se trate de ciudadanos con bastante (¿demasiada?) información, que sienten el dilema como algo personal y que han sido tocados más de cerca por el horror de la guerra degradada y/o por la ilusión inmaculada de la paz.

Todo sugiere que el hastío de la guerra o el anhelo de la paz van a ganar en este plebiscito tan lleno de problemas. Pero con todo y sus problemas esta será una ocasión excepcional o “histórica” para la democracia participativa y para que los colombianos asumamos plenamente la ciudadanía moral.

Yo a veces pienso que marcar un “Sí” es defender las víctimas del mañana que ciertamente no serán, a cambio de las víctimas de ayer de lado y lado a quienes ciertamente mi país jamás querrá o podrá compensar lo que perdieron.

 

Texto tomado de Razón Pública