Amigo lector, regálese media hora de su tiempo para escuchar este discurso del presidente Gustavo Petro Urrego con motivo de la entrega de tierras incautadas al narcotrafico a familias campesinas. Pocas veces un gobernante alza su voz para defender el derecho a la tierra, la vida y la dignidad de los humildes.
Denuncia la actuación de la procuradora general al destituir al director de la SAE, antigua DNE, por entregar bienes incautados a la mafia a pobres campesinos carentes de los medios necesarios para subsistir. Tierras, propiedades y bienes que en gobiernos anteriores terminaban en manos de políticos corruptos e inescrupulosos, y que como lo escribiera la periodista María Jimena Duzán en una de sus crónicas que se debe recordar: las mafias de la mafia, los diferentes clanes políticos y electorales terminaban apoderándose de valiosos bienes incautados para ponerlos a su servicio y al lucro de sus bajos intereses.
La institucionalización puesta al servicio de unas mafias que continuamente desangraban al país, promovían y patrocinaban tomas y genocidios de campesinos y se apoderaba de lo único que heredaron de sus mayores, unas cuantas fanegadas de tierra que les permitían sobrevivir en medio de su hambre y su pobreza.
Hambre y terror en un país colmado de bendiciones terrenales, con pisos térmicos, agua y sol y las condiciones propicias para convertirse en la despensa de gran parte de nuestro continente y el mundo, pero abatido por unos cuantos bandoleros de corbata con poder al extremo de arrastramos hacia lo más perverso de la indignidad humana.
La Procuraduría calló ante la pluma valiente y enhiesta de María Ximena Duzán y otros corajudos periodistas que hicieron eco de su denuncia. Únicamente un político nariñense fue condenado por la apropiación de bienes incautados al narcotrafico y clanes terroristas, que desaparecieron y pusieron a su servicio y de sus familias grandes extensiones de tierra que bien pudieron entregarse a cientos y miles de familias desplazadas por la violencia, los continuos azotes del invierno o despojadas por ese terrible mal que nos cubrió de luto y sangre.
La ignorancia, estupidez y maldad utilitarista de nuestros políticos nos llevó a la firma de unos tratados de libre comercio que arrasaron con el campo y sepultaron la iniciativa campesina. El resultado no fue otro que la extrema pobreza y la muerte de cientos y miles de niños que pagaron en sus anemicos cuerpos la insensibilidad de sus gobernantes.
Como resultado de tanta atrocidad se llegó al deterioro y abuso de nuestras aguas y territorios. Utilización de mercurio en procesos de minería ilegal y la contaminación de fuentes y recursos hidricos. Las ciudades crecieron en sus cinturones de hambre y miseria y se colmaron de la presencia de desolados agricultores que no tuvieron más alternativa que vender su fuerza de trabajo en actividades ilegales o en la misma informalidad.
La procuradora general sanciona a la misma justicia y al proceder correcto de quienes pretenden dignificar la vida misma, hecho a todas luces inverosímil y propio de quienes se escudan en el poder para someter soterradamente la voluntad de un pueblo.
Que nos expliquen la razón de la pérdida de tantos bienes incautados a la mafia colombiana y que quedaron entre las manos de esa otra mafia más poderosa y avarienta que usurpó el poder coptando las entidades y oficinas de Colombia.
El llamado del presidente Gustavo Petro es sensato y civilizador, recuperar el verdadero destino y entregar futuro a los pueblos y comunidades. Velar por el bien común y fortalecer nuestra democracia. No podemos continuar siendo insensibles a nuestra propia hambre en un entorno de riqueza parcelada e infructuosa. Nos unimos al llamado del presidente de Colombia: la tierra para el que la trabaja; la paz para todos; y la riqueza y la prosperidad para esos hombres y mujeres que envejecieron ahogando en sus gargantas el grito de justicia, clemencia y solidaridad.
