Mucho se escribe sobre el efecto de la firma del segundo punto de la agenda del ‘Acuerdo General para la Paz’ sobre el proceso de las elecciones; más interesante es lo que significa dentro de las mismas conversaciones de La Habana.
Descontado y entendido —como ya parece serlo— que la firma de un acuerdo no trae la paz pero que sin esa firma no se puede comenzar a construirla, para llegar a un resultado en las negociaciones lo esencial no es el contenido sino el encontrar caminos para subsanar las dificultades de trámite.
Tanto o incluso más que lo que sucedió con el primer punto de la agenda —el tema agropecuario—, aquí no fue tanto lo que se definió como lo que se difirió. Bajo el principio de ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’, es fácil dejar ‘pendientes’, aplicando el supuesto que serán otras instancias —sobre las cuales se negociará después— las que subsanarán lo que no permitió consensos.
La dificultad sigue centrándose en la presentación y en el mecanismo de refrendación. Por supuesto, la dejación de armas es lo concreto esperado como resultado final (así sea parcial y tenga más algo de simbólico como en todos los enfrentamientos). Pero como lo ha dicho la guerrilla ellos lo ven como un ‘tratado de paz’, mientras la contraparte lo ve como una rendición; qué figura tocará inventar es uno de los ‘pendientes’.
Y algo similar se repite con todos los temas diferidos como por ejemplo cuántos, cuáles y quienes podrán ser candidatos en las ‘circunscripciones de paz’ que se tendrán que concretar por un organismo ad hoc y cuál será este; o cómo y quién redactará el Estatuto de la Oposición, y en qué momento. A estos el Estado los ve conformados por delegados de los partidos políticos, los ‘sectores sociales’ y quién sabe qué otros partícipes, y luego aprobado por un referendo. Para la insurgencia esa es la instancia donde tiene que entrar una Constituyente que llene las dos funciones.
En todo caso parece un buen sistema, pues no solo plantea parte de lo que serían los resultados finales sin comprometerlos de antemano, sino muestra a la opinión pública que sí hay voluntad y que sí se progresa.
El otro aspecto de esta metodología es que, aún sin que nada se haya entregado (como lo enfatizan los voceros del Gobierno), se le ofrece munición a quienes atacan el proceso. Pero pierde así fuerza la oposición, desgastándose y repitiendo argumentos que no pueden inducir a debates o a reversadas donde nada se ha formalizado.
Ambas partes en La Habana entienden que otra negociación vendrá después, sobre la base que el objetivo no es lo que el uribismo cuestiona como si fuera lo central —los castigos leves para los guerrilleros y el permiso para que ejerzan el derecho a proselitismo político—, pero que sí es la condición para llegar a lo esencial del acuerdo: la dejación de las armas.
Tal vez esto lo ven más claro afuera y por eso las declaraciones de personajes del exterior siguen siendo de apoyo pero conservando cierta discreción en cuanto a entusiasmo sobre lo avanzado.
Queda o toma más presencia la confrontación entre quienes han recibido un gran respaldo para seguir los diálogos, y los ‘furibistas’ que siguen oponiéndose al camino que se está recorriendo. Lo más probable es que el presidente confirme su aspiración a la reelección (con este avance se ve obligado a hacerlo si no quiere dejar el resultado en manos de Vargas Lleras que es de la línea contraria a la concertación con las Farc) y que gane las elecciones.
Por el lado del Dr. Santos se comprueba que es un buen jugador de póker; no cambia que su gobierno sea bastante más imagen y anuncios que realidad (lo que en este momento ya poco se discute), pero podría dejar de legado para el país la posibilidad de rectificar el rumbo no solo de la guerra sino para iniciar después los cambios que lleven a la paz.
Por el lado de Uribe aparece desde ahora un nuevo peligro (¡ojalá bien remoto!), como es que se lance entonces a promover una insurrección de derecha que en alguna forma equivalga a una guerra civil.
