A los colombianos les "vendieron el cuento" de que con la Ley 100 de 1993 los recursos de la salud serían dedicados a la universalización de ese derecho, una atención oportuna, un servicio eficiente con igualdad de garantías y la eliminación de la corrupción. Este cuento tenía el trasfondo de los neoliberales de montarle el negocio a las transnacionales, a través de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que si bien es cierto ampliaron la “asegurabilidad”, de nada sirven cuando ponen obstáculos para acceder a todo tipo de servicios.
Lo anterior en vista de que el negocio deja ganancia en la medida en que menos acudan a ellos, secuestrando así los recursos que reciben en Unidades de Pago por Capitación, que es lo que les reconocen a las EPS por cada uno de los afiliados, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud, en los regímenes contributivo y subsidiado. La no prestación de los servicios —citas, medicinas, procesos quirúrgicos, etcétera—, la receta por protocolos, el mal pago a los trabajadores y las clínicas de garaje son la cuadratura del negociado que deja millones de muertos en estos 27 años de existencia.
La reacción del pueblo por estos muertos y los escándalos de corrupción han llevado a los gobiernos a aprobar reformas a dicha Ley 100, pero en la práctica mantiene la filosofía del negocio que beneficia a las transnacionales financieras que son las dueñas de las EPS e IPS, mientras la situación se hace intolerable. La pandemia de la COVID-19 dejó claro que los países que peor gestionan esta peligrosa enfermedad son los que tienen privatizado el derecho fundamental de la salud. Es por ello que Colombia, entre 189 países, ocupa el lugar 6 en mayor número de contagios y el 11 en fallecidos.
Para disimular esta horrible afrenta y acentuar la entrega del presupuesto a las multinacionales, el gobierno de Iván Duque, con mensaje de urgencia, impulsa el proyecto de Ley 010 de 2020 de Germán Vargas Lleras, respaldado por su partido Cambio Radical, el Centro Democrático de Uribe, el Partido Conservador y la coalición gubernamental. La estructura del proyecto es una especie de espulgue de las EPS a las que no les funciona el negocio, obligándolas a fusionarse o liquidarse, concentrando los afiliados o clientes en unas cuantas y cambiando el nombre de EPS por Aseguradoras de Salud (AS), que seguirán manejando el negocio según el modelo de la Ley 100 de 1993. Así, a los "inversionistas" ya instalados en el negocio, se agregan otros procedentes especialmente de Estados Unidos, Francia y España, quienes serán dueños de clínicas, laboratorios y proveedores. Reducirán el negocio a unas pocas aseguradoras, como hicieron con los bancos. Es un mandato de la OCDE, que ordenó que “era necesario que las Aseguradoras en el sistema de salud se convirtieran en compradoras efectivas de los servicios de salud”.
En síntesis, Duque y su coalición lo que pretenden es entregar aún más los recursos de la salud, que fueron $32,3 billones, o sea el 11 % del presupuesto nacional en 2019 —1.142 millones de dólares—, al capital financiero, para obedecer las imposiciones de EE. UU, a través de la OCDE y la banca multilateral como el FMI y BM, pera además eliminar los regímenes especiales como los del magisterio. ¡Mientras la salud siga siendo un negocio, el remedio será peor que la enfermedad!
