El 30 de julio de 2013 se aprobó en el Congreso la Ley 1675 de Patrimonio cultural sumergido (bienes de interés cultural de la Nación que se encuentran en aguas de océanos, ríos o ciénagas) de Colombia, la cual, básicamente, según la ministra de Cultura, Mariana Garcés, defensora a ultranza del proyecto, permite rescatar y “blindar” los tesoros que permanecen sumergidos en el mar nacional desde hace 300 años.
Para la fecha, y sin mucho ruido, uno de los artículos de la Ley que generó polémica fue el referente a la retribución para quienes realicen las exploraciones, ya que el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, puede contratar directamente a compañías privadas o cazatesoros para que realicen la exploración de pecios y rescate de tesoros sumergidos y pagar el servicio con la mitad (50 %) de lo extraído que no sea considerado patrimonio. Lo que ahora llaman eufemísticamente como APP.
Para el Gobierno Nacional se considera patrimonio solo aquellos bienes que sean representativos o únicos; mientras que aquellos que hayan sido producidos en serie o no tengan un valor cultural pueden comercializarse, tomar valor. Es decir: monedas y lingotes de oro, perlas, piedras preciosas estarían incluidas en el pago a la compañía contratada para el rescate.
La discusión de la Ley al parecer no giró en torno a criterios técnicos, académicos y arqueológicos en pro de salvaguarda del patrimonio subacuático. Prontamente expertos rechazaron el proyecto por considerar que mercantiliza el patrimonio e interviene de manera abrupta el contexto histórico de los yacimientos subacuáticos tal como se pretende con el San José.
El entonces senador Juan Lozano también rechazó con vehemencia el proyecto de Ley y votó en su contra. Trascendió igualmente que en el marco de un candente debate, Lozano propuso otorgar máximo hasta el 25% a la empresa exploradora; sin embargo, Garcés pidió que se dejara en un 50 % de los bienes no patrimoniales.
Por su parte, el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, durante el curso del proyecto de Ley lo juzgó como “horrible”: “Este proyecto nos deja ante el mundo como bárbaros”. A propósito en España, los expertos consultados sobre el anuncio del presidente Santos sobre el hallazgo del San José acusan a Colombia de tener una actitud “tercermundista” frente al tema. Tienen razón.
No es secreto cómo durante las discusiones previas a la aprobación de la Ley, se vio en pasillos del Congreso a Burt D. Webber, uno de los más legendarios cazadores de tesoros del mundo haciendo lobby quién sabe para qué. Ya en 2011 se había reunido con la entonces alta consejera presidencial para temas medioambientales, Sandra Bessudo, para proponerle al Gobierno el rescate del galeón San Roque, que naufragó el 6 de noviembre de 1605 en inmediaciones del cayo Serranilla, en el archipiélago de San Andrés. Cabe aclarar que con base en un concepto negativo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, se rechazaron las pretensiones de Webber.
España no reclamaría valor comercial del hallazgo
Por lo visto, la mayor preocupación de España es que se comercialicen los bienes culturales que hasta ahora el gobierno Santos ha insistido en valor patrimonial. Los grandes medios no hacen sino calcular en dólares las imaginadas riquezas que yacen en las tripas del galeón y hasta se atreven a proponer usarlas para pagar la deuda externa o financiar el posconflicto. La opinión pública, sin más información que la de un meme, un estado de Facebook o una noticia sin contexto, propone meterle el dedo grosero de Gabo en el culo del ministro de Cultura José María Lasalle, quien solo pide información detallada sobre un galeón de origen ibérico donde murieron más de 600 marinos españoles.
La convención de la Unesco sobre patrimonio cultural sumergido, que Colombia no suscribió, dispone que cualquier vestigio arqueológico que esté bajo el agua, desde una vasija hasta un lingote de oro, hacen parte del patrimonio de las naciones y no pueden ser comercializados. O sea, volviendo a la Ley 1675, aquí, de un plumazo, redefinimos la noción de patrimonio arqueológico contra las disposiciones nacionales y tratados internacionales. El Tratado también declara a “estos pecios como un bien de interés general de las sociedades, los Estados, las Naciones y la Humanidad entera”.
En ese orden de ideas, los voceros del gobierno español que se han pronunciado sobre el hallazgo del San José, respaldan sus reclamaciones en la Convención de marras que en ningún caso pasan por su comercialización, ya que la ley española lo prohíbe expresamente. Eso en teoría.
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, es más amplio en sus conceptos y afirma que el galeón San José es un “barco de Estado”: “Se trata de un barco de Estado, de guerra, y no barcos privados, por lo que hay una titularidad del Estado donde esté abanderado el pabellón del navío”, quiere decir que está protegido por el principio de Inmunidad soberana, lo cual internacionalistas opinan que Colombia respetará; no obstante,Néstor Humberto Martínez, miembro de la Comisión de Antigüedades Náufraga, y punta de lanza jurídica en el ya pleito San José, niega esa pretensión porque según él “Colombia no firmó ninguna de esas convenciones internacionales y no está sometido a cumplirlas”.
El Gobierno Nacional tiró la bomba y se escabulló. Un trino y una rueda de prensa bastaron para informar de manera escueta sobre uno de los hallazgos más importantes de la historia reciente. No ha importado el enorme valor histórico, patrimonial y hasta moral del hallazgo sino las monedas de oro y demás objetos monetizables, riquezas provenientes de la Gran Colombia que se disputarán en cortes internacionales. Según se aprecia en las fotos que compartió presidencia, el Galeón ya fue intervenido, otro hecho irresponsable. Y quién quita que el tesoro ya ni esté.
NOTA: Colombia enfrenta un litigio con la empresa gringa Sea Search Armada (SSA) por 17.000 millones de dólares, que dice haber dado las coordenadas del San José; aún no se sabe si realmente el galeón fue hallado en estas.
