El ruido es un asunto de derechos y no de tolerancia

El ruido es un asunto de derechos y no de tolerancia

El ruido es una verdadera pandemia, como lo denominan miles de ciudadanos afectados. Incluso hoy reconocidos medios le dan la importancia merecida

Por: Carlos Arturo Cadavid Valderrama
enero 23, 2024
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
El ruido es un asunto de derechos y no de tolerancia
Fotografía: Canva

Destacamos algunos titulares y frases tomadas al azar de las cientos de manifestaciones frente al inaudito crecimiento del malestar del ruido, donde se denuncia como una agresión contaminante sonora al ambiente y sobre todo hacia la salud de las personas sometidas a su efecto pernicioso. Es una verdadera pandemia, como lo denominan miles de ciudadanos afectados. Incluso hoy reconocidos medios de comunicación le están dando la importancia merecida.

El ruido, la bulla, la virulencia sonora o la contaminación acústica (se incluye la “pitomanía” y la “alarmamanía”, no solo equipos de sonido y perifoneo), ha disminuido de manera tangible y creciente la calidad de vida a que tenemos derecho los residentes en cualquier barrio o vereda y estudiantes o pacientes en cualquier institución.

Estos hechos cada vez con mayor grado de denuncia, contradicen las soflamas oficiales en sus informes sobre que en Medellín y el Área Metropolitana, y además en el oriente antioqueño, se respira un ambiente saludable y de mejor calidad, cuando la realidad muestra lo contrario y que se ha hecho nada para sofocar estas perturbaciones insoportables que producen daños irreparables a la salud, al ambiente, a la convivencia, y al derecho a la vivienda (suben los desplazamientos y desalojos presionados con amenazas y agresiones, de quienes solicitan moderación, silencio y cumplimiento de las normas)..

El tratamiento del ruido es un tema agudo y especial para las agremiaciones de comerciantes, productores, expendedores, transportadores, conjuntos residenciales, acciones comunales y organizaciones sociales, para que ayuden a su solución y entender el verdadero concepto de la “responsabilidad social”, pues en materia de contaminación acústica, lo deberían poner en el centro de sus actuaciones frente a los derechos humanos de sus asociados y usuarios.

Por su lado, la administración pública debe cumplir y hacer cumplir las pocas normas de control al respecto e implementar ejecutiva y policialmente medidas eficaces, pues se perdió en aspecto de la vida pública el deber y la obligación de intervenir de oficio. Tengamos en cuenta que el ruido se produce como una contravención “erga omnes” e “infraganti” y no se puede seguir sometiendo a la ciudadanía a reclamaciones inocuas y a cruentas persecuciones por parte de los contraventores, tal y como lo ha registrado la prensa.

Los POT y PBOT actuales permiten e incentivan estas afectaciones al introducirse el fementido “uso mixto de suelos”, sin parar mientes en que no cualquier negocio puede autorizarse en cualquier parte, esta es una de las causas principales del aumento desmesurado del ruido en negocios impuestos en medio de las residencias, muchos de los cuales funcionan sin control de horarios, sin medidas de mitigación e insonorización y sin respetar el uso del suelo residencial o institucional, y esta anarquía también aumenta la bulla de los vehículos de distribución a cualquier hora y día. Estas irregularidades hace parte del desorden y la degradación urbanas cimentada por cada alcaldía al gobernar solo para unos pocos e insensibles mercaderes.

Ni un PAU (PROTOCOLOS AMBIENTALES Y URBANÍSTICOS), han logrado implementar eficiente y oportunamente desde el 2016, donde la actuación de las autoridades de control específicas como inspecciones y oficinas de control territorial, ha sido ineficaz, por no decir nefasta, para los derechos colectivos e individuales relacionados con la contaminación acústica y la polución. Esta realidad incontrastable vale más que mil intenciones y excusas.

Descollamos la nutrida participación y compromiso del grupo del derecho al silencio silencio y de la submesa del ruido que desde hace año y medio funcionan, dando cuenta de esta dramática situación y exponiendo los casos, muchos de ellos inverosímiles en vista de la nula actuación de las autoridades: Proliferación incontrolada de expendios de licor, ruidosos hasta el amanecer, que ocupan andenes, se toman espacios públicos a la fuerza, condenan al vecindario a sus francachelas interminables y hasta denuncian a las víctimas por perjudicar sus aturdidores negocios.

Una universidad en Laureles en lugar de dar ejemplo ambiental montó escenarios de rumba y deporte en su último piso, cuya amplificada resonancia golpea de frente a los residentes circunvecinos a escasos 25 y 30 metros a la redonda. Un escenario público-privado como la estrambótica megacarpa ubicada en el Aeroparque Juan Pablo II al frente de Las Playas, no permite ninguna labor ni descanso a los habitantes por la desbordada acústica.

Esta brega cívica de los habitantes, para alcanzar niveles dignos e idóneos de vida, protección y convivencia, debe fortalecerse, pues ya ha conseguido que se pronuncien frente al ruido varios columnistas en distintos medios de comunicación, dando aliento a las víctimas, y reclamando apoyo a los derechos a la paz, a la tranquilidad, a la salud y al ambiente sano. También ha desembocado esta gesta ciudadana en la presentación de un proyecto de ley contra el ruido, que ojalá sus ponentes lo logren formalizar y enriquecer, para que no sea letra muerta o de escaso beneficio.

MANIFESTACIONES DE LA COMUNIDAD FRENTE AL RUIDO

"Según va avanzando el proyecto de Ley contra el ruido, aparecen las voces "preocupadas" por el posible cambio social que nos podría traer: creen que somos "engreídos" y "demasiado sensibles", que los que amamos la tranquilidad vivimos en una "torre de marfil", y emprendemos una lucha contra "la grosería mundana de los ruidosos, una lucha entre la vulgaridad y el refinamiento".

En fin, para los que tienen miedo a una futura "policía del silencio", queremos aclarar, que ellos ven la realidad en un espejo curvo, cuando es todo lo contrario. Son los ruidosos que llevan años luchando contra "la reflexión y sensibilidad ", son ellos quienes quieren dictarnos como tenemos que vivir, a que hora podemos acostarnos y cuando tenemos que despertarnos, que géneros musicales y a que volumen tenemos que escuchar, que estilo de vida tiene que gustarnos; en fin, no es la "policía del silencio", sino "la dictadura del ruido", el verdadero enemigo público.”

“Si bien lo pensamos, el derecho de muchos está violentado por el derecho al enriquecimiento de unos pocos.”

“Yo no se si decir qué bonito o qué tristeza. De verdad es un karma que muchos ciudadanos viven. No vamos a desfallecer en la búsqueda de soluciones. Ciudadanos responsables seguimos siendo!”

“La autoridad es la principal contaminante acústica por acción y omisión. No hay duda.”

“Mientras las autoridades de la ciudad, diferentes organizaciones, por ejemplo, "Medellín como Vamos", no tomen conciencia del daño que está generando el ruido en nuestra salud mental y física, los resultados no los veremos.”

“El tema del ruido en la ciudad no solo afecta a residentes también a turistas que vienen en un plan de descanso, en un plan de conocer la ciudad diferente al otro tipo de turismo dañino que lo que hace es acabar con la imagen de Medellín.”

“La regla se volvió la excepción: "Aspectos como la contaminación auditiva, la inseguridad y el constante tráfico de vehículos, así como la presencia de establecimientos comerciales, pueden generar intranquilidad en algunos sectores de la ciudad." No es que "puedan generar intranquilidad", es que lo hacen. Hasta la prensa le resta importancia a la incesante y creciente pandemia del ruido; artículo que, por si mismo, evidencia la nula e ineficaz acción oficial.”

“¿ Por qué el Concejo en pleno desde el 2016 hasta el Concejo actual no han exigido que se hagan cumplir los PAU?”

“¿Dónde queda la función social y ambiental de la propiedad mueble e inmueble de modo que nos abstengamos a conciencia tanto propietarios como tenedores e inquilinos de incurrir en las perniciosas prácticas de producir ruido, bulla y algarabía sin necesidad, malogrando el ambiente sano, la salud física y mental de las personas y la convivencia ciudadana? El ruido es un asunto de derechos, no de tolerancia.”

“El domingo 10 de julio de 2022, un hombre y dos mujeres tocaron en la puerta de la casa de don Hernán Darío Castrillón, de 67 años en ese momento, en el barrio La Colina, en Medellín. Fueron allí iracundos y con la decisión de golpearlo porque horas antes él les había reclamado por el incesante ruido y por las rumbas que siempre hacían en la casa vecina. Le reventaron los ojos. Lo dejaron ciego.

El 31 de octubre de 2021, los patrulleros Sandra Pérez y Leibiston Ortiz llegaron al sector de Nueva Guinea, en la isla de San Andrés, para atender un caso de exceso de ruido. Cuando se acercaron al lugar donde infringían la ley, los recibieron a tiros y los mataron.

El 17 de noviembre del año pasado, Álvaro Manuel Amador, de 34 años, no aguantó el desespero que le producía el ruido de su vecino, se quejó y la respuesta fue una puñalada que lo mató. Esto pasó en el barrio Las Cruces, en Bogotá.

“¿Cuándo en Colombia se volvió condenable que alguien pida respeto por su derecho a vivir en silencio? Hoy todo aquel que pide bajar la voz, moderar el volumen o simplemente respetar los límites de ruido es insultado, burlado, pero sobre todo cuestionado.” (Diana Giraldo, Por el derecho al silencio. Semana, 12/1/2024).”

“Los “escándalos” de los cacareos, ladridos, bramidos y relinchos finqueros y los alegatos de las guacharacas son asfixiados por estallidos pirómanos y parlantes del tamaño de una nevera, que suelen ser controlados por el borracho de turno. Y como el ruido viaja por el aire, que es de todos y de nadie, la autoridad ni se da por aludida, pues en Colombia se asocia el estruendo con la alegría. Pocos se atreven a “aguar las fiestas”, entre otras razones, por miedo a disputas violentas.” (Ana Cristina Restrepo Jiménez. Mal de vereda. El Espectador, 11 de enero de 2024).

“La problemática, según sus declaraciones, lleva más de dos años y la situación ha llegado a tal punto que la residente se ve obligada a entregar su inmueble el próximo mes debido a trastornos de sueño y ansiedad diagnosticados.” (Redacción BLU Radio, 17 de Enero, 2024).

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