Entre 2002 y 2008, la ejecución de civiles por brigadas del Ejército fue una práctica habitual en toda Colombia. Soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. Estos casos de “falsos positivos”, cometidos a gran escala durante siete años, constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas.
En septiembre de 2008, el escándalo mediático sobre la ejecución por soldados de hombres jóvenes y adolescentes de Soacha, un suburbio de Bogotá, influyó en que el gobierno se viera obligado a adoptar medidas serias para frenar estos delitos, incluido el pase a retiro de tres generales del Ejército. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente más de 3.000 presuntos casos de falsos positivos atribuidos a militares. Más de 800 miembros del Ejército, en su mayoría soldados de rangos inferiores, han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2002 y 2008. Entre los condenados hubo unos pocos excomandantes de batallones y de otras unidades tácticas, pero ningún oficial al frente de brigadas o que ocupara una posición superior en la línea de mando al momento de los delitos. De los 16 generales del Ejército activos y retirados que están siendo investigados, ninguno ha sido acusado formalmente.
El presente informe ofrece la descripción más detallada que se haya publicado hasta el momento sobre investigaciones penales de tropas de numerosas brigadas y batallones específicos responsables de gran cantidad de presuntos falsos positivos, expone las evidencias—ahora sustanciales—de que altos oficiales del Ejército serían responsables por muchas de las ejecuciones y evalúa los obstáculos que hasta el momento han impedido que tales oficiales rindan cuentas por su actuación. El informe se elaboró a partir de nuestra extensa consulta de expedientes penales, sentencias judiciales y datos relativos a investigaciones de la Fiscalía sobre falsos positivos; testimonios de testigos que en gran parte no habían sido previamente publicados; y entrevistas que mantuvimos con más de 40 fiscales, testigos, familiares de víctimas y abogados, entre otros.
Nuestro análisis del trabajo impulsado por la Fiscalía muestra que fiscales han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas, adscritos a 41 brigadas, que operaban bajo el mando de las siete divisiones que tenía entonces el Ejército, y que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. En estos casos, los patrones sugieren de manera convincente que comandantes de unidades tácticas y brigadas responsables de una cantidad significativa de falsos positivos, al menos sabían o deberían haber sabido sobre las ejecuciones, y por lo tanto podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando. El presente informe analiza a 11 de estas brigadas y muchas de las unidades tácticas específicas que operaban como parte de estas y estuvieron implicadas en las ejecuciones.
Algunos de los comandantes de esas 11 brigadas posteriormente ascendieron a los niveles más altos de la línea de mando militar. Por ejemplo, datos de la Fiscalía indican que fiscales estarían investigando (1):
• Al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el general (r) Mario Montoya estuvo al mando. Montoya fue comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008;
• Al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General (r) Óscar González Peña estuvo al mando. González Peña fue comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010;
• Al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General Juan Pablo Rodríguez Barragán estuvo al mando. Como actual comandante general de las Fuerzas Militares, Rodríguez Barragán es ahora el oficial militar de mayor jerarquía en Colombia, y supervisa los tres cuerpos de estas fuerzas, incluido el Ejército; y
• Al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Novena Brigada durante el período en el cual el General Jaime Lasprilla Villamizar estuvo al mando. Lasprilla Villamizar es ahora comandante del Ejército Nacional.
Human Rights Watch también identificó testimonios de testigos y expedientes de fiscales donde se nombraba a tres de estos oficiales de alto rango, además de otros generales y coroneles, que supuestamente sabían de, planificaron, ordenaron o facilitaron de otro modo los falsos positivos. Sus posiciones jerárquicas en el momento de los delitos incluían las de comandantes de batallones, brigadas y divisiones, así como un comandante del Ejército Nacional. Efectivamente, las ejecuciones extrajudiciales aparentemente generalizadas y sistemáticas cometidas por soldados de casi la totalidad de las brigadas en cada división de Colombia abonan la conclusión de que los más altos niveles de mando del Ejército deberían, al menos, haber sabido de las ejecuciones, e incluso podrían haberlas ordenado o facilitado activamente su comisión.
Nuestra investigación demuestra asimismo que los fiscales que investigan casos de falsos positivos enfrentan graves obstáculos, que van desde la falta de cooperación con las investigaciones por parte de autoridades militares hasta amenazas y ataques a testigos clave. A su vez, numerosos casos siguen bajo la jurisdicción de la Justicia Penal Militar. Esto atenta contra la posibilidad de justicia, ya que tradicionalmente el personal de la Justicia Penal Militar ha garantizado la impunidad para estos delitos, y hasta hoy carece de independencia y credibilidad.
También se han producido deficiencias dentro de la Fiscalía, incluido un volumen de expedientes que algunos fiscales han calificado como abrumador. Asimismo, los casos correspondientes a la misma unidad del Ejército en general se distribuyen entre distintos fiscales, lo cual impide que puedan llevar adelante el tipo de investigación contextualizada y sistemática que resulta necesaria para identificar a los responsables de alto rango. Funcionarios de la Fiscalía indicaron que han comenzado a adoptar medidas para resolver estos problemas internos.
A siete años de que trascendiera el escándalo sobre los falsos positivos, existen abundantes evidencias que indican que son muchos los oficiales de alto rango del Ejército que tienen responsabilidad por lo sucedido, y es vital que el gobierno realice acciones más enérgicas para asegurar que rindan cuentas. Algunos pasos importantes son disponer que las autoridades militares cooperen con investigaciones sobre falsos positivos, asignar suficientes fiscales para que impulsen tales investigaciones, proteger a testigos y sus familiares, y asegurar que cualquier legislación sobre justicia transicional que se implemente como parte de un futuro acuerdo de paz con la guerrilla no impida la posibilidad de que se haga justicia con respecto a estos delitos. Llevar ante la justicia a los máximos responsables de uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano no será fácil, pero es una tarea irrenunciable y completamente factible para el gobierno.
Resumen Informe Human Rights Watch 2015. Vea el informe completo.
