Los Parques Nacionales de Colombia ocupan el 11 por ciento del territorio nacional. Se trata de 12,6 millones de hectáreas distribuidas en 59 áreas, donde habitan los más preciados, diversos y frágiles ecosistemas que hoy están en grave peligro por cuenta de políticas erradas de éste y gobiernos anteriores.
El aplazamiento crónico de una reforma agraria integral y el bloqueo sistemático de iniciativas relacionadas con la redistribución de tierras, identificación de propietarios, recuperación de baldíos, actualización de catastros o favorecimiento de acceso a las tierras para el campesinado, han producido una gran presión sobre estas áreas, vitales para el equilibrio ambiental de nuestro país.
Comunidades de colonos campesinos, ganaderos, palmeros, acaparadores de tierras, traficantes de madera, especuladores y agentes de otras economías ilegales, amenazan la supervivencia de nuestros parques en medio de la desidia del Estado, que solo hace presencia con actividad militar y represiva.
Según el observatorio ¿Parques Cómo Vamos?, se registra deforestación y cambios en el uso de la tierra en 45 de las 59 áreas protegidas del país.
El presidente Duque decidió atender esta grave situación a través de intervenciones militares, como el plan Artemisa, sin ningún tipo de articulación con los procesos de restauración ecológica y desconociendo las profundas raíces sociales de esta crisis ambiental.
Como si fuera poco, interrumpió el acercamiento y los procesos de diálogo social que existían entre Parques Nacionales Naturales y la mesa de Concertación Campesina en la que participaban delegados de todas estas áreas. Dicha concertación buscaba la construcción concertada de una política pública de Parque con Campesinos.
Ahora, las comunidades que estaban negociando están siendo víctimas del despojo, la exclusión social y el desplazamiento forzado, truncando de un tajo sus proyectos de vida.
Este fenómeno de ocupación de las áreas protegidas, sin embargo, no se debe solamente a la acción de campesinos y colonos. Para nadie es un secreto que desde 2016 ante el nulo control territorial por parte del Estado irrumpieron en escena nuevos actores que buscan hacerse al control de regiones que tenían vedadas por cuenta del conflicto armado o porque las mismas comunidades asentadas allí se los impedían.
Ante este panorama, resulta patética la paquidermia de las autoridades ambientales y la indiferencia de sectores de la academia, que se aferran a una normatividad descontextualizada de nuestra realidad, basada en un conservacionismo idílico y copiada de países sin conflicto armado interno, en los que hace tiempo fue resuelto el problema de la tierra y existe un catastro actualizado que le permite al Estado saber con exactitud de quién es la tierra. En dichos países, los propietarios sí pagan impuestos por la tierra y no hay 8,3 millones de desplazados ni se registran los vergonzosos niveles de concentración de la propiedad que hay hoy en Colombia.
Coincido con el doctor Juan Pablo Ruiz, quien propuso recientemente en su columna de El Espectador la reconversión de la ganadería en los Parque Nacionales por prácticas silvopastoriles y pagos por servicios ambientales. Sin embargo, esto requiere —antes que todo— del reconocimiento de las comunidades campesinas que habitan en las zonas de parques como actores fundamentales y estratégicos para el control social de la deforestación, la reconversión y el cuidado de los parques. También es preciso realizar cambios normativos para atender esta nueva realidad. Normas que excluyan el ambientalismo punitivo e incluyan el diálogo, la pedagogía y la presencia integral del Estado.
Es muy importante que el nuevo gobierno asuma, con la responsabilidad que merece esta grave situación, una estrategia integral que incluya aspectos de la implementación del acuerdo de paz. Preocupa la ausencia casi total de esta temática en el actual debate electoral.
