El conflicto armado interno que durante décadas ha sufrido Colombia podría haberse trasladado finalmente del campo a las ciudades. El proyecto de reforma tributaria fue el percutor de los actuales disturbios violentos, mas no su génesis, la cual radica —al igual que a inicios del siglo XX— en las profundas desigualdades económicas y sociales entre el pueblo y la clase dirigente; amplificadas en aquella época por la crisis economía derivada de la Segunda Guerra Mundial, crisis económica hoy generada por la crisis bursátil de nivel mundial derivada de la pandemia COVID-19.
Por otro lado, se suma la elección de un gobernante altivo como Duque, quien parece nunca escuchar a nadie más que no forme parte de su kínder de ministros tecnócratas, quienes, a pesar de que podrían haber sido pasantes estrellas de cualquier corporación, han demostrado que poco saben de política social y administración pública; desconectado así al poder ejecutivo del pueblo y su política de gobierno de los fines del Estado.
El presidente Duque es alguien que ni siquiera hace un esfuerzo en identificarse con los gremios, los sindicatos, los colectivos sociales, movimientos indígenas, los grupos políticos alternativos y, en general, con el común del pueblo; por esto es que su prioridad nunca será el negociar con estos. Tal vez por su condición social, formación académica y política o lealtad política, siempre estará interesado en fortalecer la derecha política y proteger las ideas del neoliberalismo económico.
Lo cierto es que los hechos demuestran que mientras miles de ciudadanos hoy reclaman en las calles por un Estado más justo y participativo, también se estaría cocinando un enfrentamiento armado sin precedentes entre agentes estatales, paramilitares, guerrillas y delincuencia organizada; no en vano que ante la multiplicidad de actores armados en el país la comunidad internacional ha hecho un llamado al gobierno colombiano para que resuelva sus disturbios internos con observancia y respeto de las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos a efectos de proteger a la población civil del estallido de un conflicto armado interno, que podría rápidamente escalar en una guerra en la región si Venezuela y estados Unidos deciden intervenir activamente.
