Cada vez que en nuestro país se celebran comicios para ocupar los dos espacios políticos más importantes de nuestra joven república como son la Presidencia y el Congreso, los pueblos y naciones indígenas —que somos anteriores al Estado-nación— nos cuestionamos si estamos asistiendo al comienzo de una nueva era en la realización y la materialización de nuestros derechos o si, en cambio, seguimos estando inmersos en una continuidad colonial de larga duración bajo la cual acabamos siendo integrados y asimilados políticamente.
Que los pueblos indígenas seamos asimilados implica que nuestra diferencia es reconocida, tolerada e incluida dentro de las estructuras del poder establecidas, pero no se nos permite implosionar estas estructuras desde nuestra diversidad cultural para soñar, proponer y caminar hacia la construcción de un nuevo orden, como es propio del discurso del multiculturalismo.[1]
En Colombia, la Constitución Política de 1991 significó precisamente el paso de la asimilación a la participación en política de los pueblos indígenas. Recordemos la Ley 89 de 1890 que tenía una clara pretensión de asimilar a los pueblos indígenas a la “sociedad mayoritaria”, al considerarnos “menores de edad” para el manejo de nuestros resguardos y también “salvajes” que debíamos “ser gobernados” y “reducidos a la vida civilizada”[2]. Lo cual, además, guardaba consonancia con la concepción integracionista del Convenio 107 de 1957 de la OIT y con el “espíritu” de la Constitución de 1886 que consideraba como ciudadanos colombianos exclusivamente a los “varones” de determinada elite intelectual o económica; es decir, que excluía de la calidad de ciudadanos a los pobres, jóvenes y mujeres, a los campesinos, afrodescendientes, negros y, por supuesto, a los indígenas.
Este mandato: el de una nación clasista, racista y patriarcal, cimentado sobre la homogenización, la eliminación de las diferencias culturales y el centralismo político e intelectual, es una herencia colonial que amenaza con perpetuarse a través de mecanismos, dispositivos y patrones estructurales de discriminación aún en nuestros días a través de lo que se ha llamado el “colonialismo interno”[3], que refuncionaliza y reproduce los modos de dominación y de jerarquización que han mantenido históricamente en la marginalidad, la desigualdad y la exclusión a los pueblos indígenas.
Como enseñan los constituyentes indígenas de 1991[4], hasta entonces, los pueblos indígenas habían sido siempre electores de candidatos que nunca retribuyeron a las causas indígenas, ya fueran de derecha o de izquierda. La Constitución Política de 1991 consagró dieciocho disposiciones en materia de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la participación en política, pero hoy, después de treinta años desde su promulgación, sigue vigente la discusión sobre la participación de los pueblos indígenas en política, cuya experiencia nos ha demostrado el error de respaldar a candidatos que, aún postulándose como “baluartes éticos” o “alternativos” a la política tradicional, no han correspondido a los causas y luchas históricas de los pueblos indígenas, ni han representado nuestras propuestas y agendas de país.
Este es el riesgo de la obsecuencia política, es decir, el de la sumisión y la obediencia de los pueblos indígenas bajo nuevos modelos de asimilación e integración. Fenómeno que ha sido denominado como la “etnofagia”[5] estatal y se refiere a los procesos de autodestrucción o auto-engullimiento de nuestra propia diversidad y autonomía cultural, al permitir ser instrumentalizados por los fines estatales del neoliberalismo y la democracia representativa que conllevan a formas menos directas o más simuladas de etnocidio cultural.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando al interior de las estructuras organizativas y políticas de los pueblos indígenas se sacrifica la democracia comunitaria por la democracia político-electoral. También lo vemos cuando la orientación y las decisiones políticas, en lugar de atender a los mandatos de las comunidades y organizaciones de base o las directrices de los mayores y autoridades tradicionales o ancestrales, encargados de la salvaguarda de las normas y principios de estas estructuras, obedecen más a los intereses particulares y a los afanes y a las componendas político-electorales.
En la actualidad los pueblos indígenas estamos ante el riesgo de ser nuevamente asimilados e integrados organizativa y políticamente por los horizontes de derecha, de “centro” o de izquierda, ahora bajo renovados nombres, si no nos esforzamos por demarcarnos y diferenciarnos dentro de las tendencias políticas que consideremos más afines a nuestras luchas, apuestas y agendas políticas, aunque la defensa de nuestro autogobierno, autonomía y libre autodeterminación a veces conlleve al silenciamiento, al veto y la estigmatización —constitutivas de acoso y violencia política— incluso al interior de nuestros movimientos sociales y políticos.
Permitir ser asimilados e integrados en un determinado horizonte político es un riesgo que debemos evitar. Que hoy los pueblos indígenas estemos en riesgo del exterminio físico y cultural también tiene que ver con los hechos de señalamiento de los que fuimos víctimas y que nos puso como blanco entre el “fuego cruzado” en el marco del conflicto armado colombiano. Hoy los pueblos indígenas no queremos ser revictimizados y queremos continuar ayudando a sembrar y a cultivar la Paz en nuestro país.
Es el tiempo en el que, como pueblos indígenas debemos tomar decisiones vitales, esto quiere decir, si vamos a sucumbir a la autodestrucción y a la etnofagia estatal o si, en cambio, vamos a elevar nuestro nivel de conciencia y de exigencia del tan anhelado diálogo de gobierno a gobierno, que nos permita superar el mandato histórico y estructural de desigualdad: colonial, capitalista y patriarcal.
¡Queremos ser pactantes, no pactados¡ #PactoPorElBuenVivir
[1] Walsh, Catherine. Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político- epistémicas de refundar el Estado. [2008]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n9/n9a09.pdf
[2] Esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional por la Sentencia No. C-139 de 1996.
[3] Cusicanqui, Silvia Rivera. (2012). Violencias (re)encubiertas en Bolivia. En: https://journals.openedition.org/amerika/4353
[4] Lorenzo Muelas, en: conversatorio “Constitución política de Colombia: 30 años caminando”. Programa de Interacciones Multiculturales y el Área de Sentidos y Lógicas de Vida de los pueblos originarios de la Universidad Externado de Colombia. Ver en: https://www.facebook.com/490998774696148/videos/363659491428059
[5] Patzi, Félix. (2000). Etnofagia Estatal. Vaciamiento ideológico comunal y nuevos modos de dominación estatal: Análisis de la Ley de Participación Popular.
*Doctoranda en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad el Externado de Colombia; Concejala de Bogotá 2020-2024 por el Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS; Comisionada Indígena para los diálogos de Paz; Defensora ambiental y de derechos humanos.
