Para comprar un arma de fuego en Colombia se necesitan 2 millones 700 mil pesos y cumplir con tres requisitos: ser mayor de 25 años, ser ciudadano colombiano y no tener antecedentes penales. Los demás son documentos menores que certifican el ingreso salarial, un examen psicofísico y un curso de manejo de armas.
El arma preferida de los colombianos es un revolver calibre 38 que produce Indumil y vale entre 2.7 millones y 3.5 millones. El que tenga la plata lo compra.
Entre las armas importadas, la más popular, además de los revólveres fabricados en Colombia es la pistola Jericho de Israel y las escopetas Hudson. Indumil no vende armas blancas, únicamente armas letales de fuego, municiones, sustancias químicas para fabricar pinturas, fajas, fósforos, abonos, etc., y explosivos para la minería legal. Las granadas y los fusiles sólo se le venden a las Fuerzas Militares.
De acuerdo con la Constitución, los colombianos tienen derecho a adquirir un arma para su defensa personal siempre y cuando cumplan con las normas y requisitos dictados por el decreto 2535 del 93 para la tenencia y porte de armas, municiones, explosivos y sus accesorios. Sin embargo, la historia de las armas en Colombia se remonta a 1920 desde cuando existen registro de armas. Según las estadísticas muchos de sus propietarios ya están muertos, las han perdido o se las han robado, entonces ¿en manos de quiénes están esas armas ahora?
El jefe del Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares (DCCA), Coronel Juan Carlos Rodríguez, es quien se encarga hace 15 meses de regular la compra de armas de los ciudadanos. La industria militar (Indumil) fija los precios, importa y vende las armas y el Coronel Rodríguez controla a quién dárselas únicamente sí son personas naturales o empresas, pues las armas del Estado no las controla él .
Un antecedente que no resulta extraño si se tiene en cuenta que la mitad de la población reclusa está presa por hurto, homicidio y porte ilegal de armas y que el 80% (unas 17 mil 200 personas), de los asesinatos ocurridos el año pasado, fueron por armas de fuego.
La responsabilidad recae completamente sobre una ciudadanía que de acuerdo a las cifras parece ignorar el compromiso que implica poseer un revolver o una pistola. La ley anti trámites impuesta por el Presidente Santos desde enero de 2012 hasta febrero de 2013 en el cual se dictaron normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, aumentó el flujo de devoluciones y revalidaciones de armas, sin embargo de las 750 mil registradas, éste año sólo se han revalidado veinte mil novecientos, denunciado por pérdida dos mil cien y por robo mil. La sexta parte del total de las armas legales.
Según un estudio realizado por el Observatorio de armas ligeras y pequeñas de municiones y explosivos de la Universidad del Rosario, en Colombia hay dos millones y cuarto de armas ilegales que ingresan por las fronteras con Panamá, Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú. La oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas encontró que desde Ecuador llegan principalmente granadas de mano y de fusil, y de Perú, ametralladoras, detonadores eléctricos y explosivos. Además según el estudio “violencia, crimen y tráfico ilegal de armas en Colombia” se han encontrado fusiles con el escudo de la Guardia Nacional de Perú.
Desde Venezuela se evidenció la salida de armas desde aeropuertos comerciales hasta pistas clandestinas en Colombia y por tierra rutas que llegan a Maicao, Tibú, Cúcuta, Arauca y Saravena. Con Brasil la vía más fuerte es el Río Amazonas hasta Puerto Asís y Leticia en Colombia. En Colombia hay 24.709 personas presas por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.
El año pasado se fundieron 75.500 armas incautadas por la fuerza pública pero esto no hace eco dentro de la gran industria armamentística que le deja tanta sangre como dinero al país.
