Aún está vivo el recuerdo de la oleada de violencia que vivió el municipio de Algeciras en el marco del crudo conflicto político militar; situación que empezó a cambiar con la firma del acuerdo de paz con las FARC. Fue así como en el 2016 un hecho histórico se dio en el municipio: se retiraron las barricadas militares que por años hicieron parte del paisaje de la guerra en la entrada al municipio.
Sin embargo, ese ambiente de paz y tranquilidad parece cambiar por estos días, ya que en el municipio no cesan los asesinatos de líderes sociales, campesinos y excombatientes de las FARC. Con la llegada del gobierno nacional del presidente Iván Duque, la política militar y los incumplimientos al acuerdo de paz, también retornaron los hechos de violencia y asesinatos al municipio. Es un retorno a la violencia armada, pero con variantes. No se registran enfrentamientos o combates armados, pero sí amenazas y asesinatos.
Libardo Chilatra, abogado y defensor de derechos humanos, aclara que se habla de "conflicto" cuando hay dos actores. “Aquí por lo que veo no hay dos actores, contra quién, no se ve. Esto a amerita un estudio de campo para saber realmente lo que está pasando. El conflicto referente al departamento del Huila, se podría hablar al menos hace ocho años cuando la FARC tenía con quién enfrentarse, pero ahora no es así”, puntualiza , aclarando que la dinámica de lo que pasa en Algeciras se debe investigar con mayor profundidad.
Complejo panorama
Mientras el alcalde de Algeciras celebra su matrimonio, en el municipio no cesan los asesinatos de líderes sociales, campesinos y excombatientes de las FARC. Andrés Barona Olmos, defensor de derechos, asegura que esto demuestra el poco interés que tiene hoy la vida y la paz para la agenda pública. Califica como vergonzante la situación de la celebración mientras se evidencia el homicidios de líderes sociales, firmantes de la paz y familiares. “Más de medio centenar de desplazados forzadamente por estos homicidios y amenazas”, puntualiza.
Estos asesinatos y amenazas han generado una situación de miedo y temor en las personas del municipio. Frente a la situación, ronda un acallamiento y a ciencia cierta nadie se atreve a decir qué es lo que pasa en Algeciras. Para el abogado Libardo Chilatra, la situación que vive el municipio de Algeciras es compleja y es un tema complicado que amerita un trabajo profundo de investigación, así determinar la situación real.
Este año la violencia se ha venido escalando en el municipio. Cinco líderes sociales han sido asesinados en lo corrido del año 2020. Mireya Hernández Guevara fue asesinada el miércoles 8 de enero, era una destaca gestora social del municipio y reconocida por su trabajo comunitario.
Saul Rojas González, líder social, fue asesinado el 25 de mayo. Rojas era presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Juanito. Humberto Guzmán Morales de 50 años, líder agrario, fue asesinado el 11 de marzo. Guzmán fue integrante del partido Unión Patriótica. Además, era reconocido por su trabajo comunitario y agrícola en Algeciras. John Fredy Álvarez fue asesinado el 11 de enero, era un destacado líder social y presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Algeciras, ASTRACA.
El último líder social asesinado se reportó el 5 de julio, fue Gentil Pasos, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila y presidente de la Junta de acción comunal de la Vereda El Puente. A esto se suma el asesinato de otros agricultores en la zona. Monroy Buitrago Rojas agricultor de la vereda Líbano Occidente, asesinado el 27 de mayo y Rulber Anacona Ordoñez, recolector de café asesinado en la vereda El Puente, zona rural de Algeciras.
Frente a estos hechos, Lorena Sánchez, líder agraria del departamento del Huila, manifiesta que se evidencia un fenómenos sistemático tras el asesinato de líderes y firmantes de paz que tienen un postura política diferente a la del establecimiento. Por lo que hay una persecución política indudable en amenazas, persecución y asesinatos. “Es sistemático porque los líderes sociales asesinados son reclamantes de tierras, líderes de organizaciones sociales, de juntas de acción comunal que representan una postura en el territorio”. Para la comunidad de la zona y los líderes sociales, con esto asesinatos de familiares de excombatientes y de líderes, se genera un mensaje de temor para que las comunidades no hablen y menos se organicen.
Otros hechos
Según datos de la oficina de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila, el departamento tiene 510 excombatientes que se acogieron al proceso de paz y de estos cerca de 57 están en Algeciras. Al menos 90 personas han salido desplazadas de este municipio por amenazas y de éstas, 11 familias de reincorporados salieron para salvaguardar sus vidas.
Los excombatientes que llegaron a Algeciras, salieron de la zona de concentración porque no hubo garantías para quedarse por seguridad o garantías laborales, por eso retornaron al departamento y municipios de donde son propios. “Incluso vuelven a las zonas donde fueron guerrilleros y esto les genera problemas, por las dinámicas violentas de la guerra, ellos se exponen”, asegura Diego Tello, asesor de esta oficina.
El último hecho de violencia se dio con la masacre de cuatro personas la noche del 16 de julio. En la vereda El Quebradón Sur, fueron asesinados Luz Stella Burgos Maveso y Emerson Sebastián Moya Muñoz de 16 años. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC informó que los asesinados eran familiar del firmante de paz, Nencer Barrera Bustos. Otras dos personas fueron heridas, Noé Ahumada Cifuentes y un menor de edad de 8 años
Frente a la situación, el partido de la FARC manifestó que no hicieron presencia las fuerzas militares. Esa misma noche en la vereda La Danta fueron asesinados Juan David Bello y Luis Eduardo Gómez Marulanda. Día anterior a estos hechos, se hizo efectiva la captura de Domingo Ramos Cortés, alias ‘Hermes’, quien es señalado por asesinato de excoambatientes de las FARC, extorsiones y amenazas.
Al asesinato de familiares de los firmantes de paz. Hay que sumar el asesinato en el mes de mayo de Juan Carlos Montaño, hijo del excombatiente de las FARC, José Javier Montaño. Montaño relata para el Espectador que desde que se acogió al Acuerdo de Paz y dejó las armas, en 2017, ha sido víctima de un atentado y tuvo que enterrar a su hijo de 19 años, que fue asesinado. Por eso tuvo que salir desplazado del municipio.
Esder Pineda Peña, excombatiente de las FARC, fue asesinado el 21 de febrero en Algeciras. Peña era directivo de la Cooperativa Agropecuaria por la Paz. Henry Betancurt, desmovilizado de la FARC también fue asesinado el 31 de mayo en Campoalegre Huila.
Por las constantes amenazas, varios excombatientes han tenido que dejar el municipio. Ha sido más de 11 excombatientes con su familia. Por esta situación, Ronald Rojas, integrante dela Comisión de Seguimiento de Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz, agrega que se deben brindar medidas de protección y garantías a la vida.
La líder agraria, Lorena Sánchez manifiesta que colectivamente las comunidades han logrado ver los territorios muchos intereses en conflictos, se disputan el control del territorio. Lo que se evidencia un recrudecimiento del conflicto con la reconfiguración de nuevos grupos que se disputan los territorios. Una situación que no solo vive Algeciras, también se evidencia en municipios como Baraya y Campoalegre.
Fallida implementación de acuerdos
Líderes de organizaciones sociales y actores de paz, manifiestan que es claro un incumplimiento de los acuerdos de paz y su fallida implementación genera un escenario de aumento en la violencia armada.
Según el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC se han registrado 219 asesinatos firmante del acuerdo de paz. A esto se suma el asesinato de familiares cercanos de los excombatientes y desplazamientos como el registrado en Ituango, Antioquia. El último mes han sido 19 los excombatientes asesinados. Por eso han reclamado medidas protección a excombatientes y la implementación del acuerdo de paz
Para el asesor de la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila, Diego Tello, la situación que vive Algeciras es propia del escenario del posconflicto, ya que hay gente que no se acoge al proceso; disidencias que se vuelven armar. “Pero también es cierto que el acuerdo desarrolló una serie de decretos para aplicar como es la creación de medidas de prevención y cuidado de comunidades en el territorio, que se debía implementar y no se ha hecho. En buena parte, lo que está pasando tiene que ver con la no implementación de los acuerdos, esto lleva a que un tema delicado como la reincorporación vaya al fracaso. Ya que el Gobierno Nacional al no implementar los acuerdos deja vacíos grandes y deja la gente a merced de estructuras con contenido o no político con resultados como lo de Algeciras”, aclara.
En este sentido, el defensor de derechos, Andrés Barona Olmos manifiesta que hay una responsabilidad del Estado frente a la sistematicidad de asesinato de líderes sociales y excombatientes, “La mafia (paramilitarismo) desplaza a quienes denuncian en territorio las violaciones de DD. HH. y el incumplimiento del acuerdo, para luego golpear más duro la paz”.
Dinámica de derechos en Huila
El departamento del Huila no es ajeno a dinámica de violencia contra líderes sociales que vive Colombia. El abogado y defensor de derechos humanos, Libardo Chilatra, reconoce un aumento de asesinatos en el departamento y considera que son selectivos. “Hay consejos de seguridad en el departamento, pero no hay resultados porque siguen aumentando los asesinatos”, acota el abogado.
Para Chilatra, el panorama de derechos humanos en el Huila desborda los cálculos, y es una situación arrebate por el aumento de casos de asesinatos. “Si bien es cierto este es un departamento que épocas de conflicto se focalizó, pero después de cuatro años de una paz reconocida por campesinos, ciudadanos y autoridades, es lamentable que el departamento haya caído nuevamente en una etapa como esta en donde el respeto por la vida no tiene ningún valor”, puntualiza Chilatra.
La líder Lorena Sánchez agrega que la situación pone en riesgo a los líderes sociales, son vulnerable, pues no hay garantías para el acompañamiento a las comunidades. “Estamos levantando la voz por la protección de las comunidades en los territorios, ya que a disputa territorial hace que las comunidades queden en el centro. Los líderes ayudamos a resguardar y proteger las comunidades frente a esos conflictos territoriales que hay”, afirma Sánchez.
Según el asesor de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila, Diego Tello, el gobierno departamental desde enero que iniciaron los asesinatos ha solicitado la presencia del gobierno nacional, “pero hasta el momento no se ha tenido respuesta”. También, pidieron la activación una sesión de la Comisión de Garantías de Seguridad en el Huila, esto como producto del acuerdo para desmantelar organizaciones que atentan contra los firmantes de paz y líderes sociales". Eso no ha sido posible hasta hoy, solo después de seis meses de acompañamiento hubo una reunión con el Ministerio del Interior. Pero nos dejaron preocupados porque dijeron que ellos podían hacer un acompañamiento técnico a lo que viene pasando, pero en últimas es una responsabilidad de la alcaldía de Algeciras y el gobierno departamental. Nos dejaron toda la responsabilidad”.
Mientras la violencia armada escala en Algeciras, se siguen asesinando líderes sociales. Las organizaciones sociales son enfáticas en reconocer que el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional agudiza la situación en los territorios.
