El 10 de agosto del 2022 fue un día aciago para Luis Camilo Osorio. Ese día el padre Francisco de Roux entregó su informe final de la Comisión de la verdad. Este se ocupaba de los organismos del Estado que terminaron sirviéndole al paramilitarismo. El ex fiscal Luis Camilo Osorio ocupaba un capítulo extenso. En el último año del presidente Andrés Pastrana fue ternado por él y escogido por la Corte Suprema el 1 de agosto del 2001.
No había pasado un mes cuando, uno a uno, le fueron estallando los escándalos. Los cuestionamientos que se le hicieron hasta el final de su periodo, el 31 de julio del 2005, cuando fue nombrado embajador del gobierno de Uribe en México, estuvieron enfocados, según Verdad Abierta, en dar fallos favorables a sospechosos de paramilitarismo, perseguir a los funcionarios que desde su fiscalía quisieron desmontar el paramilitarismo, e invalidar a los testigos que querían acusar a los políticos en región que estaban colaborando abiertamente con las AUC.
Entre los funcionarios que decidió torpedear fue al Fiscal Delegado ante el Tribunal de Bogotá, Gregorio Oviedo. Siendo director del CTI en Medellín, entre los años 1997 y 1998, puso en evidencia los vínculos de la policía y el Ejército con los paramilitares demostrando que tenían oficiales de enlace con las AUC. Una de las primeras decisiones fue destituir a Oviedo y así impedir que siguieran las investigaciones contra los oficiales sucios de paramilitarismo dentro de las Fuerzas Armadas.
Cuando vivía plácidamente en México Luis Camilo Osorio empezó a sentir los coletazos de su funesta fiscalía. Mientras era embajador en el DF la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Comisión de Investigación y Acusación investigarlo por, presuntamente, tomar decisiones favorables a agentes del paramilitarismo. Uno de esos agentes fue el temible general Rito Alejo del Rio.
Entre los años 1995 y 1997, cuando fue comandante de la Brigada XVII en Carepa, pleno Urabá, se llevaron a cabo operaciones como Génesis –en donde fueron desplazadas más de 3.000 personas en el bajo Atrato- y la Cacarica, que terminó con la masacre de 14 campesinos. Todas estas se hicieron con la colaboración expresa de las Autodefensas Unidas de Colombia. A comienzos del año 2001 la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez empezó a investigar al general, pero, tres años después, en el 2004, el caso precluye por decisión de Osorio. Años más tarde a Rito Alejo, a pesar de los intentos de Álvaro Uribe por limpiar su imagen, la justicia penal militar terminó condenándolo en el 2012 a 25 años de prisión.
Otro de los cuestionamientos de la Corte fue el haber frenado, con un auto inhibitorio, el proceso contra el exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus. La orden la dio Arana mientras departía en un almuerzo con amigos en el restaurante La Becerra de Sincelejo, en febrero del 2003, había que liquidar a Eudaldo Díaz, alcalde del municipio del Roble, en Sucre. Los paramilitares del Bloque Montes de María obedecieron. Uno de los testigos, el mesero, Diógenes Mesa, quien relató lo observado y escuchado. Contó los gritos de Arana a El Concha, jefe de sicarios del temible, Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena preguntándole: “¿Usted qué hace acá? ¿Por qué no están cuidando al alcalde del Roble?”. Cuidarlo quería decir, seguirle los pasos y asegurarse de matarlo.
Lo terrible de este crimen es que fue anticipado públicamente por el propio alcalde del Roble. En marzo del 2003 el presidente Álvaro Uribe viajo a presidir un Consejo comunitario en Corozal en Sucre, cuando el país entero en vivo y el director escuchar al alcalde Edubaldo Díaz, quien tenía la particularidad de ser del Polo Democrático en un departamento paramilitar advertir con angustia:
- Señor presidente, me van a matar y si me pasa algo el responsable es el gobernador Salvador Arana.
A pesar de los esfuerzos de Osorio por proteger a Arana este fue detenido el 29 de mayo del 2008 cuando salía de su apartamento en Santa Marta. En el 2009 fue condenado a 40 años de prisión.
Otro testimonio, el de Magaly Moreno, asistente de la directora seccional de fiscalías de Norte de Santander, Ana María Flórez, quien se encuentra aun huyendo de la justicia, aseguró en declaraciones formales ante la justicia que la relación de su jefe con las autodefensas, sobre todo con Salvatore Mancuso, era evidente y que el entonces fiscal general tenía pleno conocimiento de ello.
A casi veinte años después de los hechos, sobre Osorio siguen pesando las investigaciones de Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con testigos tan serios y de tanto peso como el exinvestigador del CTI Richard Riaño Botina quien también lo denunció ante la Corte Penal Internacional.
El informe de la Comisión de la verdad desató la ira de Osorio. Su mención como colaborador del paramilitarismo no tendría efectos inmediatos en un hombre de 79 años, pero podría pesar en el momento de que su nombre sea valorado en la historia de este país. Lo que tomó en cuenta la comisión fue el testimonio de un ex paramilitar y que aparece así en este informe: “La Fiscalía de Luis Camilo Osorio era una Fiscalía nuestra (...) lo puedo demostrar con hechos y nombres. Chucho Monroy, el asesor del fiscal, era una persona que permanentemente mantenía contacto con nosotros. Yo esto lo conté en el 2005 y le informé en el 2005 a la Fiscalía 20, que después pasó a la Fiscalía 26 de la Unidad de Derechos Humanos, sobre 300.000 dólares que yo personalmente había sido testigo que le habían entregado a Monroy”.
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