Seguramente en la memoria de los colombianos ya no existe el recuerdo del asesinato del periodista Jaime Garzón, uno de los personajes más queridos por la opinión colombiana, que de manera sabia criticaba al establecimiento; cobrándole, de esa manera, su irreverencia y sarcasmo al referirse a la clase política envuelta en escándalos de corrupción, sus vínculos con organizaciones criminales al margen de la ley, de rechazo a las acciones terroristas de las organizaciones guerrilleras invocando la lucha contra las desigualdades sociales entre otros. Pero seguramente tampoco recordarán el grito de dolor expresado por el periodista deportivo de CM& Noticias, César Augusto Londoño, al despedir la sección de deportes del noticiero en ese instante, exclamando textualmente: “Hasta aquí los deportes… ¡país de mierda!”.
Quizás con esa expresión, en su momento, definió lo que sentía el país, envuelto en una ola de crímenes contra dirigentes políticos, especialmente el exterminio de la Unión Patriótica y dos de sus candidatos presidenciales, el magnicidio de Luis Carlos Galán y de Carlos Pizarro, así como de miles de dirigentes sindicales, sociales y periodistas, sin que la justicia y el Estado actuara para poner fin a esa andanada criminal, en contra de quienes se atrevían a enfrentar y denunciar las medidas antipopulares del Estado; y menos castigando a los actores intelectuales y materiales de esos crímenes, envolviendo al país en un estado de impunidad.
Pareciese que 20 años después asistimos al resurgimiento de ese “país de mierda”, del que hablaba César Augusto Londoño, envuelto nuevamente en una guerra sin fin, en contra de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, miembros desmovilizados de las antiguas Farc, después de la firma de los acuerdos de paz; líderes indígenas entre otros; ante el silencio del Gobierno Duque, más preocupado por la violación de los derechos humanos en Venezuela y obsesionado por tumbar la dictadura de Maduro, que asumir sus responsabilidades como jefe de Estado, pasando de la retórica en las que se limitan a expresar “medidas de protección a los líderes sociales”, pero sin tomar acciones efectivas que frenen esa andanada criminal que cobra diariamente la vida de un líder social en nuestros país, y en lo que va corrido de 2019 han sido asesinados 75 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) a mayo del 2019; mientras que para Medicina Legal desde enero de 2018 a abril de 2019 las cifras sobre líderes y lideresas sociales que han sido asesinados en Colombia, alcanza a más de 317 personas.
Lo más preocupante es la indiferencia del Estado, sectores de la derecha colombiana, empresarios, medios de comunicación y amplios sectores de la sociedad que se escandalizan por los hechos que rodean la desaparición, condenable, del señor Jesús Santrich, que por el dolor que genera en familias humildes, el asesinato de sus seres queridos, expresado en los dolorosos hechos que rodearon el crimen de la lideresa social María del Pilar Hurtado y el grave daño psicológico generado en su pequeño hijo, testigo de ese hecho criminal.
Hoy es urgente y necesario exigirle al gobierno de Duque la adopción de medidas y políticas públicas reales y efectivas que protejan a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que garanticen el ejercicio de sus actividades sociales y de defensa de los derechos de las poblaciones a las que representan, frenando las agresiones contra ellos. Esta es una de las tareas más urgentes para avanzar en la construcción de la paz en Colombia, alejando la amenaza del resurgimiento del “país de mierda” en el que reine la impunidad, la violencia y la indolencia ciudadana.
