El Estado colombiano es el presunto responsable de la destrucción ambiental y de los homicidios cometidos en la vereda San Antonio, de Santander de Quilichao, cuando aún no han podido encontrar a los desaparecidos; igual en otros lugares de la región y el país, por su total inoperancia frente a los múltiples delitos que se conciertan en la explotación minera ilegal.
No puedo hablar en Derecho, porque soy lego en la materia, pero sí lo hago respondiendo a la lógica y al sentido común, características humanas que generalmente no se tienen en cuenta porque es muy difícil que operen en el cerebro de una burocracia formada para la corrupción, el dejar hacer y el dejar pasar, el vegetar.
Todas estas muertes y daños irreversibles a los ecosistemas habrían podido evitarse si las autoridades hubieran actuado oportunamente en ejercicio de las funciones que la sociedad les ha encargado constitucional y legalmente. Y ratifico que el presunto responsable es el Estado, representado en sus autoridades, porque es la entidad que tiene el poder de regular la vida nacional, la organización social, económica, política, de manera soberana y coercitiva. Para eso es toda la normatividad legal que no abruma por la incuria y la indolencia de los burócratas.
Aquí, posiblemente, se ha venido cometiendo un prevaricato continuado. La autoridad, juez, fiscal, procurador, y otros funcionarios han incumplido los deberes de servidores públicos, actuaciones que deberán ser sancionadas por el Derecho penal, administrativo y disciplinario si en verdad el Estado busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Pero, claro, parece que no existe quién pueda hacerlo.
La misión de los fiscales, jueces, procuradores es la de aplicar el derecho vigente en los casos concretos y no lo hicieron, tratando de engañar a la gente despojándose cada uno de sus responsabilidades para intentar endosárselas a otros, en un perverso carrusel de irresponsabilidades que deja al garete al pueblo, víctima de esta ineficacia estatal.
En Santander de Quilichao, autoridades administrativas y ambientales, fiscales, jueces, procuradores se apartaron voluntariamente de la aplicación del derecho, por ejemplo, en el caso de la destrucción ambiental y de los homicidios que se concretaron en los mineros, la mayoría todavía atrapados por la destrucción ambiental, y en quienes han resultado lisiados.
La operación de las máquinas fue una imprudencia temeraria que debería haberla tenido en cuenta también la autoridad ambiental, en nuestro caso la CRC, para poner los denuncios ante las autoridades competentes, pero tampoco. Tenía que llegar la tragedia anunciada para comenzar, entre ellos, a rasgarse vestiduras.
La Procuraduría, los ministerios de Minas y Medio Ambiente y la Fiscalía General de la Nación crearon la Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, dizque con fiscales especializados, encargados de investigar, entre otros, la contaminación ambiental, invasión de áreas ecológicas, explotación ilícita de yacimientos naturales y, en general, todas las irregularidades que afectan el ecosistema, toda una feliz burocracia improductiva, como está demostrado, porque tenían la misión de adelantar oportunamente investigaciones penales en contra de particulares o empresas que estaban atentando contra los recursos naturales, previniendo el daño ambiental y garantizando la vida; ni lo uno, ni lo otro, no lo hicieron, a pesar de que además está dotada de la potestad de ejercer las labores necesarias para obtener la reparación del daño ocasionado como consecuencia de una explotación ilegal de recursos naturales. No cumplir con estas funciones ¿es prevaricato? Ahí está el Código penal para que cualquier estudiante de primaria lo consulte también.
Además, las otras dependencias de la Procuraduría, tranquilas, impotentes, viendo que ninguna autoridad cumple con sus obligaciones, también aislada en una ineficacia cómplice de estas realidades, porque a la Procuraduría también se le dotó de una delegada para asuntos ambientales y agrarios, encargada del monitoreo e investigación de hechos que atenten contra el medioambiente, pero tampoco funcionó.
El Código penal, se lo pasan por la faja, primero, los delincuentes y seguidamente, quienes debe aplicarlo. Antes de que la destrucción y la muerte siguieran el camino siniestro que hoy padece todo un pueblo, sin tener en cuenta títulos mineros, que cuando son legales no se conceden para la destrucción, los fiscales y jueces deberían haber aplicado el Código penal, que, por lo visto, contiene para ellos letra muerta en lo referente a penas privativas de libertad, privativas de otros derechos y multas. Como no se aplicaron oportunamente, los operadores, presuntos delincuentes, se envalentonaron, se volvieron las ‘autoridades’, inclusive armadas, en las regiones donde hacen la explotación, expulsaron y amenazaron a las autoridades legítimas y siguieron su curso por encima del Estado ya amedrantado; por eso las consecuencias de hoy, y de ayer, en el norte del Cauca. Si los asustaron los dueños de las máquinas, el dinero, la destrucción y la muerte, pues han debido renunciar… Ah, qué iluso, verdad que la burocracia oficial tiene eliminado ese verbo de su léxico.
Tomado de: www.proclamadelcauca.com
