El 7 de diciembre de 2022, Diana Puenguenan vio un mensaje que la alarmó. Un exgobernador del resguardo indígena de Cumbal, donde ella vive, había compartido en su estado de Whatsapp la foto de un documento legal que anunciaba el cierre de una venta de bonos de carbono en esa comunidad. “¿Alguien sabe de esto?”, preguntaba él.
Esa fue la primera noticia que tuvo esta socióloga, administradora pública e indígena pasto de 25 años de que se estaba llevando a cabo un ambicioso proyecto de pago por servicios ambientales en su territorio indígena, enclavado entre páramos y volcanes en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador.
Su resguardo, empezó a comprender, albergaba un proyecto del mercado voluntario de carbono. Se trata de un negocio que enlaza a comunidades locales que cuidan bosques estratégicos para mitigar la crisis climática global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles fósiles. Cada uno de esos bonos o créditos generados por un proyecto llamado Redd+ equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que ya no sube a la atmósfera producto de ese esfuerzo de conservación.
Era una iniciativa interesante para su región, que conserva unas 49 mil hectáreas de páramos, un ecosistema de alta montaña que solo existe en un puñado de países tropicales y que es considerado estratégico por su riqueza hídrica. Había, sin embargo, un problema. Pese a que este tipo de iniciativas requieren una socialización amplia y la participación de toda la comunidad, ella solo se enteró cuando ya era un hecho.
No solo ella lo ignoraba. En los días siguientes, varios compañeros que, como Diana, eran indígenas pasto, profesionales universitarios y habitantes del resguardo de Cumbal, se declararon igual de perplejos. Formaron un grupo de trabajo para indagar más que, en las semanas siguientes y a medida en que profundizaban en sus hallazgos, se convirtió en el Colectivo Ambiental Cumbal. Desde hace cinco meses, han intentado obtener sin mucho éxito más información del proyecto. Escribieron a su gobernador, a la empresa desarrolladora y a la certificadora. Ninguno les ha respondido.
El proyecto, sin embargo, iba más avanzado de lo que ellos sabían. Impulsado por la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y por su filial colombiana SPV Business S.A.S., el Proyecto Ambiental Redd+ de Protección Pachamama Cumbal aparece registrado en la plataforma del estándar de certificación colombiano ColCX desde el 25 de mayo de 2022. Además del suyo, aglutina a otros tres resguardos indígenas vecinos y toma su nombre del vocablo incaico que significa “madre del mundo”.
Cinco meses después, el 14 de octubre, la primera cosecha de 315 000 bonos del proyecto Pachamama fue canjeada por la petrolera Chevron, según muestra la plataforma de la certificadora ColCX. En otras palabras, una empresa reclamó los resultados de conservación del resguardo de Cumbal ocho semanas antes de que muchos de sus habitantes se enteraran siquiera de la existencia del proyecto.
El caso del resguardo volcánico de Diana Puenguenan es ilustrativo de un problema más amplio: pese a su potencial para traer recursos invaluables a quienes cuidan a la ‘“madre tierra”, muchos proyectos Redd+ en Colombia están siendo socializados apenas con una parte de las comunidades, no son transparentes ni rinden cuentas a la mayoría de sus beneficiarios y están propiciando fracturas sociales. El de Cumbal parece un caso extremo: hasta hoy sus habitantes no saben casi nada del proyecto que alberga su territorio colectivo y que ya ha cerrado cinco transacciones que suman casi un millón de bonos.
No es la única peculiaridad del proyecto. La empresa que lo auditó y le dio vía libre para vender bonos de carbono, Deutsche Certification Body S.A.S., fue cofundada por Bárbara Lara Escoto, quien es gerente de una de las dos empresas que promueven el proyecto Pachamama y representante legal de la otra, según muestran registros de Cámara de Comercio de las dos empresas colombianas. Su representante legal suplente de la filial colombiana SPV Business, Diana Carolina Avella Ostos, también fue representante legal de esa misma auditora hasta un mes antes de firmar el contrato con el entonces gobernador de Cumbal, según muestran actas de esa empresa. Ese doble papel muestra que quienes debían evaluar de manera independiente el proyecto en los bosques y páramos de Cumbal, no tenían tal independencia.
Estos son algunos de los hallazgos de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con Mongabay Latam, La Silla Vacía y El País América, y con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer. Esta colaboración hace parte de Carbono Gris, una serie periodística que viene arrojando luz sobre cómo se está dando en la práctica el mercado de carbono en América Latina.
Un proyecto nebuloso en el páramo
Desde que los integrantes del Colectivo Ambiental Cumbal se enteraron a inicios de diciembre del proyecto Pachamama, han ido reuniendo información a cuentagotas.
El 10 de diciembre de 2022, tres días después de que Diana dio el campanazo de alerta, su colega Miguel Ángel Quilismal logró conseguir un primer documento. Era una carta, fechada el 29 de junio de 2022 y con sellos de notaría, en donde la empresa SPV Business informaba al gobernador Ponciano Yamá Chiran —distinto al que había alertado de la oferta en su estado de WhatsApp— de que tenía un “potencial comprador”, a quien no identificaba, interesado en adquirir todos los bonos que emitiera el resguardo entre enero de 2018 y mediados de 2022. En el mismo pdf había una segunda carta más escueta, en la que el entonces gobernador aceptaba la oferta comercial ese mismo día. Ese era el documento que ellos habían visto en el estado de Whatsapp del exgobernador.
Esas dos cartas les permitieron conocer mejor las dimensiones del proyecto: abarcaba no solo su territorio sino también los vecinos resguardos pastos de Chiles, Panán y Mayasquer, que forman parte del mismo municipio y del mismo complejo de páramos en el Nudo de los Pastos. A Cumbal le correspondían, según el documento, poco menos de la mitad de los 1,6 millones de bonos vendidos, por ser el territorio más grande.
La noticia cundió como la niebla por este pueblo lechero a tres mil metros sobre el nivel del mar. Una semana después, durante la asamblea del 18 de diciembre en que el gobernador Yamá debía rendir cuentas sobre su gestión, en la casa del cabildo llovieron preguntas sobre el proyecto Pachamama. Que explicara el acuerdo e hiciera públicos los documentos, reclamó la comunidad. “Nunca fue claro ni explicó cómo empezó el proceso. Solo habló de las necesidades del resguardo y cómo la plata de las transferencias [del Estado colombiano] no alcanza para cubrirlas”, dice Diana Puenguenan. También recuerda que, como respuesta, les acusaron de oponerse al desarrollo y a la inversión en el bienestar de la comunidad.
Frustrados por la falta de información, al día siguiente los integrantes del colectivo redactaron un derecho de petición formal con cinco demandas y el respaldo de 270 firmas. Además de entregarlo en la casa del cabildo, lo publicaron en un activo grupo de Facebook sobre la cultura pasto que lleva Miguel Ángel Quilismal. Ese cuestionario tampoco vio respuestas, pero, tres días después, un dirigente del resguardo les entregó un segundo documento. Lo hizo tras un intercambio inicialmente tenso, que se calmó cuando Miguel Ángel —ingeniero civil de 38 años que lleva una década estudiando la historia de los pastos e intentando recuperar su lengua casi extinta— le dijo que ellos, como profesionales en áreas afines a lo ambiental y cultural, podían apoyar a las autoridades para que el proyecto sea más robusto. Al final de cuentas, dijeron, el resguardo de 23 mil habitantes tiene entre 400 y 600 profesionales universitarios. Solo entre los integrantes del colectivo, hay ingenieros ambientales, abogados y geógrafos.
Ese segundo documento resultó siendo el contrato de mandato que había firmado, el 5 abril de 2022, el entonces gobernador Ponciano Yamá con la empresa SPV Business para “originar un proyecto de reducción de emisiones derivado de la evitación de la deforestación y degradación de bosques, de tipo Redd+, a ser implementado en la totalidad de la extensión del territorio comprendido en el Resguardo del Gran Cumbal”. El documento legal, notariado en Bogotá, describe algunos de los términos del acuerdo: durará 30 años —prorrogables hasta un siglo— y sus ingresos se dividirán entre los promotores, correspondiendo el 60 % a los cuatro resguardos indígenas y un 40 % al desarrollador.
Con el cambio de año llegó también un nuevo gobernador, pero pocos detalles sobre el nebuloso proyecto de carbono o en qué se ha invertido el dinero que trajo. Ante la reiterada falta de respuestas, desde finales de enero y durante dos meses, los miembros del colectivo organizaron reuniones informativas en ocho de las nueve veredas rurales que conforman el resguardo. “Nos dimos cuenta que en ninguna vereda fue socializado”, dice John Fredy Alpala, un ingeniero ambiental y sanitario de 31 años y otro de los fundadores del Colectivo Ambiental Cumbal.
Ni el anterior gobernador Ponciano Yamá —que firmó el contrato— ni su sucesor Héctor Villacriz —que lo está ejecutando— respondieron a solicitudes de entrevista de esta alianza periodística sobre el proyecto y en qué se están invirtiendo los recursos que ha dejado.
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