El ministro de Salud, el tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, emprendió una nueva batalla además del enfrentamiento que ya tiene montado con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), ahora con los estudiantes de medicina y otras disciplinas del área de la salud: quiere que regrese el año rural obligatorio. Son varios los cambios que se propone realizarle al Servicio Social Obligatorio (SSO), que es el requisito que tienen los profesionales de estas carreras para obtener la tarjeta profesional.
El SSO, conocido hasta 1981 como ‘año rural’ fue ideado como una estrategia para solucionar la falta de servicios de salud en las regiones rurales. Enviando recién graduados se asegura ampliar el personal de salud en los municipios apartados y, según palabras del propio Jaramillo, que estos futuros profesionales se formen adecuadamente.
El debate que apenas comienza tiene a los estudiantes en pie de lucha sin mucho convencimiento frente a los cambios que se proponen a las condiciones actuales. El SSO sigue siendo un requisito para obtener la tarjeta profesional, pero actualmente existe la posibilidad de que un porcentaje de los estudiantes sea eximido y no tenga la necesidad de hacerlo. Esto es debido a que para enviar a alguien a un municipio tiene que haber una plaza habilitada en el mismo, algo que le corresponde a clínicas y hospitales, las llamadas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y siempre resulta siendo mayor la cantidad de estudiantes que la de plazas.
Aun conociendo esta limitación, el ministro Jaramillo tiene una consigna clara que nadie le puede sacar de la cabeza y es que todos y cada uno de los estudiantes del área de la salud deben hacer de manera efectiva y en el terreno el SSO. Esto quiere decir que, si en el sorteo un estudiante no consigue una plaza para cumplir este requisito, debe presentarse al siguiente y así sucesivamente hasta que se le garantice una, lo cual a la larga significaría que tendría que esperar para comenzar a ejercer su profesión.
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Esto está consignado en un borrador de proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual establece causales de exoneración muy específicas que solo pueden ser cumplidas por un pequeño número de estudiantes. Tal es la insistencia de Jaramillo para que esta medida salga adelante que, según El Colombiano, le habría pedido a finales de 2023 la renuncia a una funcionaria del Ministerio que se oponía a ella, la entonces directora de Desarrollo del Talento Humano en Salud, Edilma Suárez.
Una de las principales defensoras que ha tenido la obligatoriedad del servicio social es Sol Beatriz Abad Faciolince, hija del médico paisa asesinado en 1987, Héctor Abad Gómez.
Celebro que todos los médicos recién graduados ,
— Sol Beatriz Abad Faciolince (@SolBeatrizAbadF) March 2, 2024
desde hoy, hagan el año rural ( SSO) sin disculpas.El año, es una experiencia profesional necesaria y muy gratificante por cierto.
Además hace un poco de justicia social a la población más pobre de nuestro país . En hora buena.
Ella, médica epidemióloga de profesión, asegura que el SSO es una experiencia gratificante y necesaria. Sin embargo, ha recibido críticas por el hecho de que su año rural lo realizó en Bello, a solo media hora de Medellín, ciudad donde residía y no en una zona apartada en la que podía estar expuesta a la violencia o al abandono estatal.
Y no es la única voz. Médicos veteranos que se formaron con este requisito defienden el año rural como una experiencia imprescindible en la formación médica. Así lo expresa el médico cirujano Jorge Padrón en esta conversación donde recuerda el significado que tuvo para él, como joven estudiante, el trabajo y la vida en la Colombia rural atendiendo a campesinos y enfermos sin considerar su condición social o política.
Mailyn García, presidenta de la Asociación Colombiana Estudiantil de Nutrición y Dietética (Acendi) y estudiante de último semestre de esta carrera en la Universidad Nacional, asegura que, si bien el Ministerio de Salud es quien hace la convocatoria, en el momento en el que el profesional llega a la zona donde le toca prestar el SSO se desentienden completamente del él, lo cual ha dado lugar a casos de violencia hacia ellos.
Justamente, esta es la otra gran fuente de críticas que ha recibido la medida que pretende tomar el Gobierno. Históricamente, se han presentado casos en los que los profesionales de la salud son amenazados por comunidades o grupos al margen de la ley en el desarrollo de sus labores. Además, muchas zonas no cuentan con los equipos necesarios para brindar una atención básica y los propios estudiantes aseguran que de nada sirve aumentar el personal en estas regiones si no existen las condiciones mínimas para prestarle el servicio a los pacientes.
García es firmante de un comunicado a la opinión pública en cuya redacción también participaron representantes de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia (Ascemcol), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome), la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), Asociación Colombiana de estudiantes de Terapia Respiratoria (Acetere), Asociación colombiana de Estudiantes de Fisioterapia (Acefit) y la Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (Acoeen), en el cual, además de criticar el hecho de que se tenga que esperar para acceder al Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus) se le exige al Gobierno que implemente medidas de prevención y protección para garantizar la dignidad laboral de los profesionales.
Es importante resaltar que hasta hace poco, la carrera de Nutrición y Dietética no tenía el requisito del SSO. Sin embargo, a través de la circular 00022 de 2023, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, fue incluida junto con otras seis carreras: fisioterapia, fonoaudiología, optometría, terapia ocupacional, terapia respiratoria y química farmacéutica.
La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) y la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud (Assosalud) también emitieron comunicados en los que aseguran que “es necesario que el Gobierno Nacional garantice un número de plazas igual o mayor al número de egresados de cada una de las profesiones que deben cumplir con el SSO, para cada uno de los procesos de asignación de plazas” y que la falta de plazas conllevaría una violación al derecho al trabajo de los profesionales que puedan tener que esperar para comenzar a ejercer.
El Ministerio de Salud ya convocó a representantes de diferentes asociaciones para evaluar el proyecto de resolución y admitió que es necesario que se le hagan modificaciones. Sin embargo, dejó a consideración de los estudiantes la presentación de una contrapropuesta en lugar de la formulación de un proyecto conjunto basado en el diálogo. Solo resta una firma, la del Presidente, para que se termine de materializar la propuesta de Guillermo Alfonso Jaramillo que va de la mano de la medicina preventiva y los médicos familiares que ya están implementando en algunas zonas del país.
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