Aunque la ministra del interior solo nombra a las disidencias y mineros ilegales entre los posibles causantes del atentado contra Francia Márquez y sus compañeros del consejo comunitario, no hay que olvidar que históricamente otros actores escurridizos a contar la verdad en la JEP han sido determinantes de la violencia en el norte del Cauca.
Y recordando que no se han ido y que estaban en vacaciones para cuando sus jefes a la sombra los necesitaran, la tarde del sábado 4 de mayo, precisamente en la vereda de Lomitas, a 10 minutos de Santander de Quilichao, y en medio de retenes del Ejército y la Policía, un grupo de hombres armados atacó a dirigentes de comunidades afrodescendientes del norte del Cauca, que recientemente se sumaron a la minga indígena para luchar conjuntamente por la defensa de sus territorios amenazados por las minerías ilegal, legal y grandes proyectos productivos que desconocen sus derechos y afectan sus comunidades.
¿Será coincidencia que en la vereda de Lomitas hace 20 años llegaran los paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, apoderándose de la casa comunal y de dos fincas para establecer el cuartel a donde llevaban a torturar, antes de asesinar y arrojar al cercano río Cauca a quienes consideraban colaboradores de la guerrilla, y además planificaban masacres, como la que meses después ejecutarían en el Naya?
Numerosas crónicas publicadas en El Espectador, El Tiempo, El País, Verdad Abierta y otros medios así lo registraron. No parece casual que el grupo que acompañaba a Francia Márquez haya sido atacado en la misma vereda donde sus habitantes recuerdan con terror los abusos, amenazas, torturas y crímenes a que fueron sometidos desde marzo de 2000 hasta el 2004, a pesar de estar rodeados de cuarteles de la Policía, el Ejército y de sedes de la Fiscalía,que nada vieron, pues tal como años después contaron H.H. y otros jefes paramilitares, antes que los extraditaran a los Estados Unidos, pudieron actuar sin problemas, gracias a la financiación de Don Diego, Gordo Lindo y políticos y empresarios del Valle del Cauca y el departamento del Cauca, que coordinaban acciones con autoridades y altos mandos del Ejército y la Policía, “para dejarlos trabajar”.
Así lo declararon en tribunales en Medellín y otras ciudades, tal como lo publicó el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, en su informe sobre el Bloque Calima, que en uno de sus apartes, reza: “El Bloque Calima de las AUC no fue una estructura armada endógena, con arraigo y expresión de la conflictividad social regional. Se trató de una fuerza exógena, de la exportación de tropa de las AUC acordada y negociada en términos de sus apoyos con algunos sectores de la élite económica especialmente agraria y ganadera del Valle, de la mafia del narcotráfico y con coordinación y apoyo logístico y de inteligencia de personas y estructuras del Ejército, la Armada y la Policía. El grueso de las jefaturas o comandancia y el núcleo principal de la tropa provino de la ACCU en su versión de expansión nacional a nombre de las AUC, el cual fue determinante principal en la actuación violenta contra determinados sectores de la población y en el despliegue militar regularizado”.
Más adelante detallando nombres de los financiadores de los paramilitares, el informe del CNMH, continúa: “Salvatore Mancuso afirmó que el político conservador Carlos Holguín Sardi —quien fue gobernador del Valle del Cauca entre 1992 y 1994, congresista en varias oportunidades y ministro del interior del gobierno de Uribe entre 2006 y 2008— le pidió llevar las AUC al departamento en 1996 ante la creciente actuación de la guerrilla. Según el jefe paramilitar, Holguín se reunió en la finca “Cinco Tres”, ubicada en Tierralta (Córdoba), con Carlos Castaño y el empresario Rodrigo García Caicedo, político conservador y expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba. El encuentro se había presentado gracias a la intermediación del empresario Edgar Lenis Garrido (quien fue Presidente de Avianca y gerente de Conciviles y Pastas la Muñeca). Mancuso contó que los empresarios dijeron estar dispuestos a apoyar económicamente a los grupos paramilitares, pero que Carlos Castaño les advirtió que sin los recursos del narcotráfico era imposible mantener una guerra de esa magnitud.”
Aportando más datos en el voluminoso libro sobre la historia del Bloque Calima publicado en julio de 2018 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, leemos: “Las autodefensas llegaron al Valle del Cauca por solicitud de empresarios, ganaderos y cañeros, quienes enviaron un emisario de nombre Edgar Lenis, a hablar con Carlos Castaño, con el objetivo de montar un grupo de AUC que ellos lo financiaban. Toda vez que estaban cansados de la guerrilla, ya que en el secuestro de La María en Cali habían sido víctimas de la guerrilla. En versión libre, Jesús Ignacio Roldan Pérez alias (Monoleche) entregó detalles del este flagelo. Agregó que los Castaño enviaron sus emisarios, entre ellos Diego Vecino, a sostener una reunión en la finca del ganadero Fernando Castro —conocido como El Tori Castro— a la cual además asistieron “Edgar Lenis, Jorge Humberto Agredo, Javier Falaún, Ernesto Mejía Maya, Alberto Sinisterra Vélez, Leonidas Toro, Montiel Restrepo, Ibáñez de Bedout, Jaime Tascón, Jaime Betancur y el doctor Mosquera”. Indicó que los asistentes se comprometieron a aportar una primera cuota de 500 millones de pesos y a sostener a un grupo de 200 hombres, pero con la condición que no estuvieran involucrados narcotraficantes (Verdad Abierta, 2015, 28 de octubre).
Más adelante, en la página 181 del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el capítulo 3.5, titulado Reorganización del Bloque Calima. El arribo de H.H., en un aparte se lee:
“H.H. asumió la comandancia del Bloque Calima en julio de 2000, lo que significó una ampliación de sectores financiadores de la estructura armada y un incremento del monto exigido a las élites legales e ilegales que aportaban. Según declaró HH, al llegar a la comandancia lo que hizo fue comenzar a buscar recursos económicos para expandir al Bloque Calima. En primera instancia se reunió con varios empresarios, quienes acordaron entregar 250 millones de pesos a alias Gordo Pepe (Byron Alfredo Jiménez Castañeda) exsecretario de Vicente Castaño. Entre los asistentes estaban María Clara Naranjo Palau, gerente del ingenio San Carlos; Bernardo Tezna, gerente del ingenio San Carlos entre 2003 y 2004, Andrés Orozco compañero sentimental de Naranjo; Luis Fernando Castro, ganadero y expresidente de la Plaza de Toros de Cali; el payanés Manuel Mosquera Castro, pariente del exgobernador del Cauca Juan José Chaux; y el periodista Mario Fernando Prado. La reunión fue auspiciada por el empresario Edgar Lenis Garrido y se llevó a cabo en la finca Corcovado, que estaba ubicada en Buenos Aires (Cauca) y era propiedad de Manuel Mosquera (Verdad Abierta, 2015, 28 de octubre)”.
Ahora que los indígenas y las comunidades negras del norte del Cauca se han unido a la minga, no es coincidencial que los hayan atacado en Lomitas, buscando revivir el miedo generado hace 20 años y que después del atentado repelido por los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, los atacantes hayan publicado un comunicado reiterando amenazas a los dirigentes de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca que participaron en la reciente minga y cuando los indígenas demandan tierras en la parte plana del Valle del Cauca y las comunidades negras defienden su territorio en una región casi completamente colonizada por el monocultivo de la caña de azúcar.
Con los boicoteos al proceso de reinserción de los desmovilizados de las Farc, la campaña por acabar a la JEP, el cierre de negociaciones con el ELN, el apoyo disimulado a la invasión a Venezuela, el incumplimiento a acuerdos con las comunidades y la "resurrección" de los paramilitares, la nueva versión de la seguridad democrática parece inclinarse más a fomentar la guerra utilizando “todas las formas de lucha”, tal como prepararon el terreno a la presidencia de Uribe hace 20 años.
