En el recorrido habitual de gimnasia tempranera me encontré el miércoles pasado, 10 de febrero, con una bullanguera tropilla de niños y niñas que, con sus risas y gritos, expresaban su alegría de volver a su jardín. Antes de marzo de 2020, había observado una y otra vez a los niños entrando ordenadamente y en cuchicheos discretos al mismo lugar. Detrás de esa escena puntual de hace pocos días, se ha extendido un año de tribulaciones especialmente sensibles para niños y adolescentes.
Incremento de la depresión y de tendencias al suicidio. Demanda creciente de atención en unidades de psiquiatría. Mayor exposición de niños y niñas, de adolescentes, a la violencia intrafamiliar y al abuso sexual. Inseguridad de los niños que reciben el impacto del pánico de los adultos frente a la pandemia y que no puede ser relativizada por la interacción cotidiana con otros niños en los centros educativos. Todos esos fenómenos llegan a extremos insoportables en los estratos más bajos castigados de manera severa por el impacto de los confinamientos. El daño recibido se extenderá en el tiempo más allá de la duración de la pandemia. En este sentido se perfila toda una generación Covid-19.
En todo el mundo hoy no resulta concebible que los niños no concurran a la educación formal. La escuela elemental es parte fundamental de la idea de civilización. Es tan fuerte esta representación que pareciera que ella ha existido desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, la escuela elemental es una realidad en términos históricos muy reciente. El sociólogo Abran de Swaam ha rastreado esa historia y ha descrito las formidables resistencias con las que se encontró antes de que la Revolución Francesa estableciera la educación laica, gratuita y obligatoria.
En los confinamientos convertidos en una política en la búsqueda de contención del SARS-CoV-2, en Colombia, como en otros países, no en todos, se asumió sin mayor discernimiento que las instituciones educativas serían, por la concentración de niños y jóvenes, un indudable foco de contagio. Así, se precipitó a la niñez y la juventud a la virtualidad en la que vienen sumergidas hace un año. Dados los problemas de conectividad, son muchos los escolares que han quedado por fuera de la virtualidad. La calidad de la educación ha descendido de manera notoria. Son muchos los maestros que no están habilitados para el manejo adecuado de las tecnologías que la pedagogía digital exige. Son numerosos los profesores que han reemplazado las clases por el envío del instructivo para realizar las tareas. Aquello de que la educación virtual reemplazó a la presencial no es verdad. Lo que se está registrando son pérdidas netas de la educación.
Es cierto que en el país se ha empezado el retorno a la presencialidad. El 1º de febrero de 2021, el Ministerio de Educación autorizó a los colegios privados para el retorno a las clases presenciales bajo el modelo de alternatividad. Al día siguiente, la alcaldesa Claudia López aprobó el retorno de los privados desde el 8 de febrero y el de los colegios públicos desde el 15 de febrero. En una columna en La Silla Vacía, se informaba que en Bogotá de 400 colegios públicos sólo 113 habían sido aprobados para la reapertura gradual. También se señalaba, con respecto a los departamentos, que el proceso se movía de manera muy parcial. Se registraban acuerdos para la reapertura en el Valle del Cauca, Caldas, Atlántico y Santander, al paso que ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla se mantenían en la virtualidad.
En términos generales la presencialidad es una cuestión de significación nacional. Hoy se registra un creciente número de personas con influencia en la opinión pública que de manera decidida plantean la restauración de la educación presencial. Pero es obvio que autoridades, profesores y padres de familia son actores que tienen un peso privilegiado en el debate y en la toma de decisiones. Si bien oficialmente se introduce la virtualidad desde agosto de 2020 y se estructura un plan desde octubre, fue insignificante lo que los gobiernos a todos los niveles hicieron para asegurar un retorno a la presencialidad eficiente conforme con las medidas que fortalecieron la estructura de las instituciones educativas y eficientes garantías de bioseguridad.
Con respecto a los padres de familia se alude a la división de las opiniones sobre la conveniencia del retorno a la presencialidad. No existen formas expeditas para llegar a un balance cierto. Las organizaciones de padres de familia que se pronuncian no aparecen investidas de un nivel alto y claro de representatividad. Los padres de familia deben mantener su derecho a tomar la decisión – eso es indiscutible –, pero ello no debe implicar un derecho de veto ejercido contra los padres partidarios del retorno a la presencialidad.
Fecode sobre el tema ha trazado su propia historia. De manera reciente, ha dado muestras de flexibilidad, al menos con respecto a su consigna largamente sostenida y ampliamente difundida: No a la alternancia, sí a la desobediencia civil. En estos días ha declarado Néstor Alarcón, tesorero de Fecode y anterior presidente de la Federación: “Nos volvimos el chivo expiatorio. Todo el mundo se unió para culpar a Fecode de que los estudiantes no regresen a las aulas” En verdad, desde cuando el 20 de agosto de 2020, se inició un modelo de alternancia en algunas regiones del país, Fecode se opuso. Sin matices, Néstor Alarcón, entonces presidente de Fecode anunció: “los profesores de Fecode no vamos a asistir a las instituciones educativas; vamos a seguir trabajando desde las casas” La negativa se repitió luego de una reunión del Comité Ejecutivo de Fecode y la junta directiva de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación – ADE – con Claudia López y la secretaria de educación Edna Bonilla el 11 de septiembre de 2020.
Desde luego, la resistencia de Fecode se argumentaba en la alusión a fenómenos reales sobre las precariedades de la infraestructura física de las instituciones educativas y la debilidad en materia de bioseguridad. Al respecto, la objeción radica en el carácter genérico de las exigencias y la ausencia de la presentación específica de las demandas. Es cierto que este enfoque empezó a corregirse en diciembre de 2020 cuando Fecode señaló (…) “que se requiere realizar un diagnóstico urgente de cada institución que nos permita revelar con qué se cuenta y qué se requiere para el regreso” y elaboró una plataforma de condiciones concretas para el retorno.
Ya señalé cierta apertura de Fecode a la presencialidad y es para celebrarla, pero al tiempo es necesario indicar que ésa no es hasta ahora una posición general de la organización sindical. La ADE mantiene la línea dura de no retorno. En tal sentido se pronunciaron en reportaje al periódico Voz (10 de diciembre de 2021) tanto el presidente de ADE, William Agudelo, como Aura Nelly Daza, fiscal de la misma entidad. En auxilio de esa posición concurre el profesor Orlando Acosta de la Universidad Nacional quien desde el comienzo de la pandemia ha formulado previsiones que invariablemente incentivan el pánico colectivo. En esta ocasión, Acosta culmina su libreto en torno a la educación presencial, también presentado en el periódico Voz, así: (…) “la toma de la decisión de reabrir o no reabrir presencialmente las actividades educativas se instala en el terreno de la ética: cuál es el precio en vidas que tendríamos que pagar para privilegiar un derecho en detrimento de otro”
La experiencia internacional
Quizá para contestar esa pregunta tenga sentido atender a lo que se está adelantando en el mundo sobre este complejo tema. La UNICEF dio cuenta de una investigación que hizo un seguimiento de los datos sobre cierre de escuelas y su posterior reapertura en 191 países. Ese estudio no mostró asociación alguna entre la situación de las escuelas y las tasas de infección por Covid-19 en la comunidad.
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