En su fracasado intento por aplastar el paro nacional y la resistencia juvenil, Iván Duque instauró en Cali el régimen del terror y desató el viernes 4 de junio de 2021 una nueva jornada de horror en el norte de la ciudad, que dejó más muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.
De acuerdo con la Unión de Resistencias de Cali, URC, que agrupa a las primeras líneas, los homicidios perpetrados por la policía en Paso del Aguante (Paso del Comercio) fueron cinco.
Diversas fuentes indican que los heridos graves pasan de 20 de un total de 120 lesionados a lo largo de todo ese día, que dejó también por lo menos 15 personas detenidas y varios desaparecidos.
Uno de los jóvenes muertos recibió un tiro en la cabeza y otro chico, un disparo en el cuello.
Entre los asesinados figuran Cristhian Sánchez, deportista y activista social, y Segundo Jaime Rosas, estudiante de ingeniería eléctrica de la Universidad del Valle, de 21 años de edad.
En el sitio, cuando los muertos eran velados por la multitud en una zona verde, en plena madrugada del 5 de junio, se dio a conocer la cédula de otro de los asesinados, de nombre Cristian Javier Delgadillo.
Los homicidios fueron cometidos hacia las 11:00 de la noche por las fuerzas represivas del Estado enviadas contra la resistencia juvenil en Chiminangos y Paso del Comercio, en una extensa jornada que se inició a las 4:00 de la mañana del viernes y se prolongó por espacio de casi 24 horas, hasta la madrugada del sábado 5 de junio, día 38 del paro.
De acuerdo con fuentes consultadas por Periodismo Libre, otros dos jóvenes fueron retirados de la zona de resistencia con heridas de fusil en muy grave estado (“sin signos vitales”) y conducidos a clínicas u hospitales aún no establecidos.
Los dos heridos en mención “tenían impactos de bala, uno en tórax y otro en cuello. Esto ocurrió entre las 10:00 p.m. y 11:30 p.m.”, dijo una de las fuentes. Y agregó: “Los heridos por arma de fuego estaban cerca al punto de la brigada médica de Chiminangos, en la Carrera 1ª. con Calle 66. Y fueron trasladados en ambulancias. Solo se sabe que una de las ambulancias era de Amyt Salud. Es probable que las heridas fueran de fusil”.
Por otra parte, la Red de DD.HH. Francisco Javier Ocampo Cepeda de Cali indicó que “se reportan por la comunidad casos de asesinatos por civiles armados”, y agregó que sujetos en carros particulares recogieron sus cuerpos, lo que impidió que fueran identificados.
El colectivo de derechos humanos recordó que este hecho es similar al procedimiento realizado el mismo viernes por civiles armados en cercanías a la Inspección de Policía de Siloé, en el sur occidente, donde se hicieron disparos indiscriminadamente por cuatro civiles y dos uniformados, que luego “raptaron forzosamente un manifestante a plena luz del día”, sobre las cinco de la tarde.
El régimen del terror implantado en Cali por el gobierno de Duque busca generar pánico en la población de la vasta zona del norte, entre las calles 66 y 80, a lo largo de toda la Carrera 1ª., en la ruta que conduce al puente del Comercio, sobre el río Cauca, y se prolonga en la carretera central del Valle que el gobierno pretende despejar a sangre y fuego.
Fuerzas combinadas de Policía, Esmad, Goes, Ejército y civiles armados (miembros de los servicios secretos del Estado y paramilitares) actuaron durante todo el viernes a lo largo y ancho de la capital del Valle del Cauca, principalmente en las áreas en las que se mantienen los plantones populares que la clase empresarial, cómplice de la masacre, le ha exigido al gobierno aplastar, tales como Paso del Comercio y Portada al Mar, este último en la ruta hacia el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico.
“A las cuatro de la madrugada del viernes comenzó el hostigamiento del ejército junto con la policía, y poco después llegó el Esmad, todo en el transcurso del día hasta las doce de la noche”, dijo un socorrista, quien aseguró que en el hecho hubo 120 heridos y varios muertos, “uno con exposición de masa encefálica y el otro con entrada de bala por cuello y salida por mejilla derecha”.
“Los atendimos, lamentablemente no tuvimos el tiempo, hicimos lo posible, pero mientras más avanzábamos con ellos más heridos llegaban”, testimonió el socorrista.
Siete días después del 28 M
A diario, Cali es sacudida por una agresión policial contra algún sector geográfico de la urbe, lo que refleja una programación intencionada de represión estatal que lacera a la población de los barrios populares y los convierte en puntos sometidos por la violencia oficial.
El gobierno de Duque desconoció un acuerdo firmado entre la URC y la Alcaldía de Cali para la creación de una comisión de derechos humanos y una mesa de interlocución (Decreto 304), e impuso su Decreto 575, de militarización y arrasamiento a sangre y fuego de las protestas.
“Exigimos que se detengan estas acciones, no más derramamiento de sangre, no más levantamiento violento contra nuestros puntos de resistencia”, expresó la URC.
“El gobierno Duque quiere justificar su actuación provocándonos y derramando más sangre, con la clara y desesperada intención de aumentar la violencia y así deslegitimar la protesta social pacífica que hemos venido adelantando, todo esto a tres días de la llegada de la Cidh a Colombia”, dijo el colectivo.
Los crímenes del viernes 4 de junio ocurrieron ocho días después de otra jornada de terror sufrida por Cali en el sur de la ciudad, el 28 de mayo, cuando cayeron bajo las balas de policías y paramilitares 14 personas, entre ellas el niño Daniel Stiven Sánchez, de 16 años de edad, cuyo cadáver calcinado fue hallado en el interior del almacén Dollarcity del barrio Siloé, un hecho doloroso que conmovió a todo el país.
Y un mes después del asesinado del joven Nicolás Guerrero, a manos del Goes de la Policía, en la misma zona de Chiminangos-Paso del Comercio, cuando participaba en una velatón en homenaje a las primeras víctimas de la represión oficial contra el paro nacional,
Durante la semana precedente al 4 de junio, hechos de represión se registraron en diferentes puntos de Cali, entre ellos en el sector de Meléndez, donde varios jóvenes fueron detenidos y otros perseguidos en urbanizaciones del sector.
Meléndez ha sido otro de los puntos de resistencia golpeados por la policía y civiles armados, debido a la firmeza de la población, y allí fueron asesinadas dos personas en la tenebrosa noche del 28 de mayo, el joven del pueblo inga Sebastián Jacanamejoy y el estudiante Jhonatan David Basto Goyeneche.
Cristhian, un deportista solidario
Cristhian Sánchez, uno de los asesinados en Paso del Aguante, era un joven dedicado al ciclismo y muy apreciado por su altruismo en la lucha social, al tiempo que era el sostén de su familia.
“Anoche fue asesinado por el gobierno criminal que, sin explicación, descargó balas de fusil en su humanidad, apagando para siempre la increíble energía que transmitía y el amor por la gente, el barrio, la resistencia y la bicicleta”, escribió sobre Cristhian en su muro de Facebook Michael Steven Sánchez Navas.
Continuó recordando que Cristhian “era miembro activo de los parches bici desde sus inicios en 2012, cuando se empezaron a crear colectivos como Cicloamigos Cali. Energía (como le decían) era un defensor ferviente del espacio de la bicicleta, se articulaba En Bici Arte y asistía a las rodadas, donde siempre estuvo pendiente del bienestar de las personas que lo rodeaban, hidratando al parche con sus jugos o despinchando a quien lo necesitara cada vez que tenía oportunidad”.
“Llegó rodando al Foro Mundial de la Bicicleta en Medellín, y colaboró con parte de la logística del Foro Nacional de la Bicicleta en Cali. Corrió el primer Velociraptor en Cali y hacía logística en la Masa Crítica, siempre fuiste un entregado a la causa”, expresó más adelante.
“Desde el inicio del paro se metió de lleno en la resistencia donde lo vi apoyando las diferentes primeras líneas de la ciudad, aportando insumos y llamando al orden en los momentos de caos en los que atacaba el Esmad”, agregó Michael Steven.
Y concluyó su sentido homenaje: “Hace unas horas salió a respaldar a los muchachos del Paso del Comercio y sin saber por qué... agentes asesinos del Estado le descargaron balas de fusil y nos arrebataron para siempre esa energía que tanto alegraba el corazón, en las rodadas y la vida”.
Juan Pablo Murillo, citado por el muro Cómo sería PR de Cali, escribió: “Me levanto con la dolorosa noticia del asesinato del parcero Cristián, Kabe –así también llamado cariñosamente–, quien vivió siempre en mi sector, desde San Antonio hasta el Nacional”.
“Lo recuerdo por ser un pelao responsable, trabajador, berraco, y con sueños por cumplir. Era parte de la Primera Línea de la Loma de la Cruz. Hoy en el Paso del Comercio fue fusilado por el Estado, le dispararon sin compasión”, dijo Juan Pablo.
“Con él tuve varias anécdotas, ya que siempre le gustó el deporte, pero siempre me quedaré con esta frase de hace algunos años: ‘No espere el bus, venga lo llevo en la moto’. Inolvidable”, agregó.
El periodista JahFrann escribió: “El compañero era el soporte económico de su madre, ayer fue asesinado, amigos y familiares están recolectando para poder enterrarlo”.
En guerra contra el pueblo
Como si se tratara de una guerra contra los barrios populares, Cali ha registrado desde el inicio de la protesta ciudadana una agresión tras otra, lo que evidencia una planificación de los ataques por parte de la fuerza pública (Policía y Fuerzas Militares).
Los crímenes en la amplia zona del norte a la altura de Paso del Comercio, conformada por numerosos barrios y urbanizaciones de edificios, que van desde la Estación Chiminangos hasta el puente sobre el río Cauca, estuvieron antecedidos de constantes ataques policiales y de parapolicías, que han dejado varios muertos, entre ellos el joven venezolano Sandy Bladimir Sierralta Rodríguez, asesinado por civiles armados en la noche del jueves 20 de mayo.
Muchos habitantes de la zona, convertidos en reporteros comunitarios a través de las redes sociales, denunciaron la forma como la policía agredía a los jóvenes en las calles el viernes 4 de junio y obligaba a los conductores de autos a transitar, para dar la apariencia de que la Carrera 1ª “estaba despejada”.
En horas de la mañana, la policía practicó numerosos allanamientos y atacó residencias, rompiendo ventanas de vidrio con piedras y bastones, al tiempo que allanaba ilegalmente hogares en procura de la gente solidaria con los jóvenes en resistencia. La idea era acabar con todo lo que fortaleciera los plantones.
En las entradas de unidades residenciales del sector la agresión policial también fue evidente en horas de la mañana, se vio a policías lanzando piedras contra ellas, golpeando a los jóvenes e irrespetando a hombres y mujeres que se oponían a la detención arbitraria de los muchachos. Incluso, un agente de la policía disparó contra uno de los condominios.
“Si nos vamos de aquí luego nos allanan las casas, nos desaparecen, no tenemos garantías de nada”, le dijeron varios jóvenes a María Teresa Mueses, una lideresa de barrios del oriente de Cali que estuvo apoyando la resistencia juvenil durante todo el día hasta avanzada la noche y reportó a través de las redes el horror de la represión.
En toda la zona, las Fuerzas Armadas disparaban sin misericordia, mientras en casas y apartamentos sus moradores clamaban respeto y compasión, dos cualidades que no tiene los gobernantes de este país.
Ya en horas de la noche, la agresión a la población llegó a tal punto que, según denuncia la Red de DD. HH. Francisco Javier Ocampo Cepeda, “la Fuerza Pública celebraba cuando herían o asesinaban a los manifestantes, bailando y cantando frente a las víctimas y habitantes del sector”.
Ataques a la prensa independiente
Entre los heridos en Paso de Comercio figura el periodista francés Charles Gros Shelton, quien fue objeto de agresión en su rostro por parte de la policía, en momentos en que cubría los hechos del viernes totalmente identificado como reportero de prensa extranjera (HK Golden News Press).
En horas de la mañana del mismo viernes se conoció que el periodista José Alberto Tejada, director del Canal 2 de Cali y quien ha venido haciendo un minucioso cubrimiento de los plantones juveniles, fue amenazado de muerte por un agente de la policía.
Ante los reclamos del comunicador y de defensores de derechos humanos en el lugar, el policía se refugió en el CAI del sector, cuyos integrantes se negaron a hablar sobre la grave amenaza contra Tejada.
De todas formas, la policía como institución está en la obligación de pronunciarse sobre estos dos casos de amenazas a la vida y a la integridad física de los dos periodistas, pues por lo menos en el papel la Constitución Política y las leyes colombianas garantizan la “libertad de prensa”.
El régimen insiste en reprimir a sangre y fuego, con la complicidad de organismos internacionales, pero seguirá encontrando una juventud dispuesta a resistir y a exigir sus derechos con el respaldo de los verdaderos demócratas del mundo.
