Nancy Patricia Gutiérrez (consejera presidencial) le hizo un jalón de orejas a Buanerges Rosero (gobernador del Putumayo) y a varios alcaldes del departamento por no asistir a la socialización de la estrategia Súmate por mí, que busca prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Gutiérrez expresó su frustración por no recibir una respuesta por parte de las entidades territoriales. “Yo les voy a pedir a los funcionarios que vienen de la Gobernación que por favor hagan un llamado de atención a las autoridades territoriales. Si los gobernadores y los alcaldes, que son los responsables directos del bienestar de su comunidad, no se comprometen en el programa Súmate por mí lamentablemente no vamos a lograr la protección integral de las niñas y niños que están en riesgo”, dijo.
Así mismo, les recordó a los mandatarios locales que “no importa la diferencia de partido político que se represente”, ya que por encima está el propósito de proteger a los menores de edad.
El reclutamineto
El reclutamiento de menores de edad en el departamento es un fenómeno que desde hace ya varios años se viene presentando, a pesar de la firma de paz entre el gobierno nacional y la entonces guerrilla de las Farc: la práctica es constante por parte de las disidencias de las Farc en zonas del medio y bajo Putumayo.
Las alertas tempranas proferidas por la Defensoría del Pueblo y otras entidades comprometidas en el tema lo vienen alertando ante las autoridades civiles del departamento como de la fuerza pública.
Desde inicio del 2020 se viene reportando el reclutamiento forzado de menores de edad por parte del frente Carolina Ramírez de las disidencias Farc en municipios como Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Leguizamo y Puerto Asís, donde opera este grupo junto con el 48 y algunas bandas dedicadas al narcotráfico.
La Fiscalía maneja cifras algo alarmantes de menores dentro de estas filas ilegales, varios de ellos han perdido la vida enfrentamientos armados, como ocurrió a finales del 2019 y principio del 2020 en los municipios de Leguizamo y Puerto Caicedo.
Ante este fenómeno social hay una especie de apatía por parte de gobierno departamental y gobiernos municipales del Putumayo, dejando a la deriva la problemática y son políticas públicas para evitar el reclutamiento forzado.
