La locura parece haberse apoderado de algunos colombianos por cuenta de las elecciones del pasado domingo 29 de octubre. Innumerables pueden ser los análisis sobre los resultados, pero pocos se detienen, quizás porque las consideran aisladas, en las manifestaciones violentas que desbordan cualquier entendimiento. Mariam, un amigo rumano que visitaba el país, exclamaba con sorpresa que no podía entender por qué aquí sucedían cosas como esas.
Veamos el caso de Gamarra, en el Cesar, un pueblo caluroso y tranquilo que duerme su sopor a orillas del río Magdalena. El Consejo Nacional Electoral expidió una resolución por medio de la cual decidió inhabilitar como candidato a la alcaldía, a Fernando Rafael Márquez Astier, de un partido denominado En Marcha, contratista del municipio y en apariencia un hombre tranquilo. El día antes de las votaciones sus seguidores salieron a protestar airadamente la decisión.
Como para que no puedan alegar interpretaciones, los hechos quedaron registrados en videos. Una vez frente de la sede de la Registraduría del municipio, la turba procedió a atacar a la edificación, sin tener en cuenta que dentro se encontraba laborando el personal. Sin el menor cálculo, arrojaron un balde repleto de gasolina al recinto, y, a toda prisa, uno de los fanáticos lanzó un fósforo para generar la explosión y el incendio que se propagó enseguida.
Duperly Arévalo Carvajal, funcionaria de la Registraduría, falleció calcinada al interior de la sede, mientras dos funcionarios más y dos policías quedaron afectados seriamente por cuenta del fuego. No es muy difícil imaginar de donde provino la orientación de protestar de esa manera, bajo la consigna de si no es para mí, no puede ser para ninguno. Ya las autoridades se encargarán de determinar los responsables, si la Fiscalía se dispone realmente a ello.
Duperly Arévalo Carvajal, funcionaria de la Registraduría, falleció calcinada al interior de la sede, mientras dos funcionarios más y dos policías quedaron afectados seriamente por cuenta del fuego
Por su parte, a poco de empezada la jornada electoral en Santiago, departamento del Putumayo, un tumulto de personas ingresó furioso al puesto de votación ubicado en el colegio de la localidad, asegurando que estaba en curso un fraude. Según sus exclamaciones, en las cajas de cartón donde se depositaban los votos, había tarjetones previamente marcados a favor de un candidato. Con ese argumento abrieron las cajas y procedieron a destruir los votos depositados.
Según informes de prensa, se trataba de seguidores de la candidata Nidia Albeny Salas Rodríguez, directamente perjudicada por la maniobra. Las autoridades decidieron suspender las elecciones por falta de condiciones. Algo parecido había ocurrido en el municipio de Ricaurte, en Nariño, en donde seguidores del candidato Jaime Caicedo, de Mais, según el Registrador Alexander Vega, aseguraban que había amenazas en su contra por parte de las disidencias.
Al parecer, un hermano suyo había sido objeto de un atentado de la Marquetalia de segunda, por lo que no existían garantías para un juego electoral limpio. A su vez, sus simpatizantes habían sufrido una serie de hostigamientos que les impedían llegar a votar. El propio candidato y sus seguidores se tomaron la sede del único puesto de votación, impidiendo la realización de las elecciones y exigiendo su suspensión, la que se decidió finalmente.
Por su parte, en el municipio de Manaure, en la Guajira, se produjeron graves desórdenes por cuenta del resultado de las elecciones a la alcaldía. Allí, Jhon Galvi Pimienta Jusayu, del Partido de la U, con un poco más de quince mil votos, fue declarado ganador, seguido por Carlos Andrés Gómez Galván del Partido Mais, quien consiguió novecientos votos menos. La no aceptación de este resultado llegó hasta un intento fallido de quemar la sede de la Registraduría.
Donde no fallaron en quemar la Registraduría fue en Chinú, departamento de Córdoba. Los hechos se originaron en la revocatoria, por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, de la candidatura de Edelberto Cabrales, y el triunfo de su contradictor, Roberto Ramírez. Al parecer una convocatoria por WhatsApp movilizó un alto número de personas que además vandalizaron las instalaciones del Colegio San Francisco de Asís e intentaron tomarse la alcaldía.
En el corregimiento de Conejo, en Fonseca, Guajira, también se produjeron graves alteraciones y destrucción de las urnas y los votos depositados. Según argumentan algunos, el actual alcalde, Hamilton García Peñaranda, de Podemos, favoreció con diversas maniobras fraudulentas el triunfo de su candidato Enrique Fonseca, a lo que agregó la destrucción de esas urnas en cuanto se percató de que éste iba a ser derrotado.
El alcalde, por su parte, asegura que fueron los simpatizantes del candidato perdedor los que obraron de ese modo, y sindica a los firmantes de paz del AETCR de Pondores como los responsables. Los reincorporados que habitan en este espacio se sienten en consecuencia hostilizados. Desórdenes parecidos tuvieron lugar en distintos municipios colombianos. Todo lo cual hace pensar en el recurso a la violencia masiva como instrumento político de presión.
Otro mal que parece crecer rápidamente, algo en silencio, pero amenazante.
