Pese al apremio que significan seis días de plazo para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, el Congreso de la República decidió este miércoles 3 de mayo ponerle un ojo avizor a las facultades extraordinarias que le permitirían al presidente Gustavo Petro legislar por decreto durante seis meses en materias sensibles como las políticas energética y ambiental. En medio de no pocas tensiones, las mayorías decidieron recortar sus alas y moderar lo que algunos llamaron “ímpetu dictatorial”.
Si lo decidido hasta ahora pasa el cedazo de las comisiones de conciliación integradas por senadores y representantes, el presidente no podrá crear una nueva autoridad ambiental, tampoco una agencia de seguridad digital y tampoco fijar nuevas reglas para la operación del mercado del gas natural.
Los ministros del Interior y de Minas, Luis Fernando Velasco y Susana Muhamad, dieron la pelea en defensa de las facultades extraordinarias, pero no lograron convencer a los legisladores que las decisiones tomadas a su amparo tendrían su control político y podrían ser moderadas en su examen constitucional en la Corte.
No todo, sin embargo; fueron traspiés para el Gobierno. Su esfuerzo alcanzó para salvar en la Cámara de Representantes un artículo que obligará a acoger gradualmente las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad creada en virtud del acuerdo de paz con las antiguas Farc. La fórmula para evitar que el artículo, hundido horas antes en el Senado, quedará sepultado definitivamente lo presentó la bancada del Pacto Histórico con una proposición que adicionaba al texto una salvedad: ninguna de las decisiones tomadas al aplicar las recomendaciones podría contrariar lo dispuesto por la Constitución. La decisión final quedó en manos de una comisión de conciliación.
En el Senado el ministro Velasco les reprochó a los congresistas que hasta hace pocos días hacían parte de la colación de gobierno que se estuviesen echando para atrás y renegando de una propuesta integral de paz con las que ellos mismos se hicieron elegir.
El exministro Humberto de la Calle, jefe negociador en La Habana, moderó los ánimos -que incluyeron una silbatina al ministro- y aunque dijo que lamentaba la suerte corrida por la iniciativa, no era cierto que en el Acuerdo con las Farc se le hubiese señalado atribuciones a la Comisión de Paz para que formulara recomendaciones que más tarde podrían tener fuerza vinculante, es decir, convertirse en obligatorias.
Roy Barreras, presidente del Congreso, insistió en un esfuerzo por salvar el artículo e intentó reabrir la votación para ensayar una segunda ronda. En ese momento estaban presentes en el recinto 80 senadores. De ellos, 47 se opusieron y 32 dijeron que sí. Ahí terminó la discusión.
Como era de esperarse, las posturas más fuertes provinieron del Centro Democrático, bancada que cuestionó la capacidad del gobierno para construir consensos y acusó al presidente de buscar arrogarse facultades por encima de la Constitución.
La senadora Paloma Valencia le atribuyó incluso intenciones que no eran muy visibles en el texto del articulado como incluir un adoctrinamiento político en los pensum educativos. Su colega Ciro Ramírez, en su condición de ponente, cuestionó el hecho de que el gobierno quisiera adoptar por decreto asuntos que deben ser tramitados y decididos mediante leyes. Entre esos asuntos se encontraba la creación de una nueva agencia para la política pública forestal y de acción climática.
No fueron pocos los reparos sobre los costos fiscales que ocasionarían las decisiones tomadas mediante legislación extraordinaria, aunque nadie presentó un cálculo concreto. Las consecuencias fiscales eran visibles en el caso del artículo 207 que subía del 1% al 6% los impuestos a las energías eólica y solar.
En el transcurso del debate el proyecto gubernamental seguía encontrando más aliados en la Cámara que el Senado y por eso parece apostarle desde ya con todo al trabajo de las comisiones conciliadores.
Lo que sí es ya prácticamente un hecho es que el Plan Nacional Desarrollo saldrá aprobado en más del 90 por ciento de su contenido y no será necesario adoptarlo por decreto.
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