La relación de Asocaña hasta hace unos meses presidida por María Eugenia Lloreda, con la Casa de Nariño ha sido muy fluida. Son muchos los azucareros con relación directa con el gobierno Duque, con la influyente Susana Correa, directora del Departamento para la Prosperidad Social, prima y socia en el ingenio Mayagüez, del presidente del gremio Mauricio Iragorri y una de las incondicionales del Presidente Uribe, más que del propio Duque.
Esta cercanía no es nueva, pero precisamente en el primer gobierno de Álvaro Uribe, en el 2002 floreció. La espera de lograr una regulación de la utilización obligatoria de los alcoholes de caña de azúcar mezclados con gasolina o etanol carburante había tomado forma al final del gobierno de Andrés Pastrana con la expedición de la Ley 693 conocida como La ley del etanol, que abrió las puertas para que los ingenios empezaran a producirlo. Pero fue la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia, que en 2002, la que permitió su verdadero despegue como negocio derivado de la caña.
Desde los primeros días, se promovió la producción de biocombustibles como uno de los ejes estratégicos de su política agropecuaria. Bajo su liderazgo, el 3 de octubre de 2005, los primeros litros de etanol salieron de las fabricas de los ingenios Manuelita e Incauca para ser mezclado en un 8 % (E8) con las gasolinas en Cali. Estos dos ingenios abrieron un camino que luego lo siguieron cuatro mas, entre ellos Risaralda, Riopaila, Providencia y Mayagüez. El etanol pasó a representar cerca del 80 % de los ingresos del sector. Los otros siete ingenios que también forman parte de Asocaña no están en el negocio de etanol, es decir en producción dual.
Los intereses de todo el gremio son similares en varios aspectos, producción, exportación e importación, pero un poco diferentes en cuanto al etanol se refiere, donde el año pasado se vendió todo lo que se produjo y se importó un 60 % más.
Desde febrero de este año, los precios del azúcar han bajado debido principalmente a menores precios del petróleo que redujeron la demanda de etanol. En Colombia la situación se complicó por cuenta del aislamiento preventivo decretado por el gobierno desde el 25 de marzo que redujo a mínimos –casi en un 70% solo en abril- la demanda de combustibles líquidos que significó una disminución drástica en el consumo de etanol, teniendo en cuenta de la existencia de una importante reserva de etanol nacional.
Los azucareros, y con razón le pidieron oxigeno al gobierno y en efecto el 7 de abril, la Casa de Nariño respondió con el Decreto 527 de 2020 para suspender la importación de alcohol carburante por dos meses con posibilidad de prorroga un mes más, limitando la importación únicamente para cubrir el déficit en la oferta frente a la demanda.
El gobierno necesitaba estimular la producción de azúcar y etanol en los ingenios duales. El azúcar es un producto de la canasta familiar y materia prima para la producción de alcoholes como antiséptico y desinfectante para distintos usos durante esta pandemia.
En noviembre del año pasado, el presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles, Jorge Bendeck, advirtió que la industria nacional de bioetanol se encontraba en riesgo debido a las importaciones que venían desde Estados Unidos, el mayor productor y exportador de etanol en el mundo. EEUU produce etanol a partir de un maíz subsidiado hasta un 30 % según indicó el gremio azucarero, siendo imposible competir en igualdad de condiciones con el nacional. Como medida provisional, el gobierno impuso derechos compensatorios del 9,36 % al etanol importado entre mayo y el 8 de septiembre del año pasado mientras realizaba una investigación sobre los subsidios estadounidenses.
A pesar de la medida, las importaciones en el país aumentaron un 77 % con respecto al mismo período en 2018, por lo que el gremio indicó que los derechos compensatorios no eran suficientes. Finalmente, luego de una investigación que tardó 15 meses donde se dio cumplimiento a todas las etapas reglamentarias de la Organización Mundial del Comercio, el gobierno estableció que un 68,7 % del maíz subsidiado de EEUU se destina a la producción de alcohol carburante, por lo que emitió la resolución 069 el 30 de abril de 2020 donde otorgó una subvención equivalente a un arancel del 13,2 %.
El salvavidas del gobierno al sector con el freno a las importaciones fue oportuno, necesario y significativo en términos económicos. Y para ello y su posible prolongación el gremio es clave, con lo cual cae de su peso la importancia de tener en la cabeza de Asocaña a un amigo del gobierno. El grupo directivo, presidido por Mauricio Iragorri y Harold Eder se entusiasmaron con el perfil de Frank Pearl –quien formaba parte de la lista corta seleccionada por el head hunter- y el rol que este podría jugar en la solución de conflictos sociales de cañicultores con poblaciones indígenas y afros y campesinos principalmente en el norte del Cauca. Sin embargo, ya con el nombramiento hecho público, la presión de la Casa de Nariño se hizo sentir recordando no solo el salvavidas de abril sino los antecedentes de Pearl y su compromiso con el proceso de paz con las Farc impulsado por el gobierno Santos.
En ello pesó, y mucho, la carta que le envió el Movimiento Defendamos la paz, de la cual forma parte Pearl a Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en la que cuestionan la implementación de los Acuerdos de paz por parte del gobierno Duque. Vea el documento acá
Claramente por dónde se mirará, para la Casa de Nariño la llegada de Frank Pearl a la presidencia de Asocaña resultaba, por decir lo menos inconveniente. Y lograron abortarla.
