A cuatro años de expirar la declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) y en el marco del mes de la afrocolombianidad, se hace necesaria y urgente una reflexión que permita recalcar avances y desafíos tanto del Estado como de la pluralidad del movimiento afrocolombiano, percibiendo esos desafíos en clave movilizadora y batalladora más allá del Decenio. Si analizamos los avances en materia del Decenio y, paradójicamente, en contrapartida de la fundamentación que la ONU realizó cuando lo proclamó, la iniciativa debe reconocerse como consecuencia de las luchas de los afrodescendientes de muchas partes del mundo, aspecto que la fundamentación olvida cuando expresa:
Reconociendo los esfuerzos realizados y las iniciativas emprendidas por los Estados para prohibir la discriminación y la segregación y promover el goce pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos. Poniendo de relieve que, a pesar de la labor llevada a cabo a este respecto, millones de seres humanos siguen siendo víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, incluidas sus manifestaciones contemporáneas, algunas de las cuales adoptan formas violentas (ONU, 2014).
Más que un logro político de los Estados, el Decenio representa el avance de los procesos organizativos de los afrodescendientes, los cuales lograron también los antecedentes más importantes de este como la Conferencia Regional Preparatoria de las Américas contra el Racismo, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de Santiago (2000) y luego la Declaración y Plan de Acción de Durban (2001), logrando con estos hitos desmontar la categoría colonial de “negro” para reafirmarnos como sujetos de derechos y en consecuencia nombrarnos afrodescendientes, término definido como “los pueblos de origen africano que fueron traídos como esclavos durante la colonia y que históricamente han sido víctimas de racismo, discriminación racial y esclavitud, con la consecuente negación reiterada de sus derechos humanos, condiciones que se encuentran en la base de la marginación, la pobreza y la exclusión que expresan la profunda desigualdad social y económica en la que viven”.
Con base en lo anterior, queda demostrado el agenciamiento de los pueblos afrodescendientes contra el racismo y en pro de su reconocimiento; agenciamiento que no tiene su punto de partida en estos antecedentes sino desde las gestas libertarias de nuestros ancestros que fueron transformándose hasta llegar a los espacios políticos y multilaterales como la ONU y otros. Acotar lo anterior es imprescindible puesto que el lema proclamado del Decenio es reconocimiento, justicia y desarrollo.
En cuanto al reconocimiento y debido a los antecedentes del Decenio ya referenciados, este tiene su punto de partida en la deconstrucción de la categoría colonial de “negro”, visión subalterna utilizada para oprimir y cercenar a un otro, so pretexto de una superioridad racial, que además de perversa es inexistente. Sin embargo, dicha categoría aún perdura y es el código epistemológico bajo el cual se suprime y excluye a un sector de seres humanos, dando lugar al racismo; problemática de vieja data que invisibiliza y borra una narrativa, una historia de vejámenes, pero también de resistencias y aportes al desarrollo de muchas sociedades. El racismo es omnipresente, está en las políticas públicas de manera escondida, en el carácter de los instrumentos de medición y estadística, en la escuela, en las palabras, etc., de ahí que el Decenio se proponga formular:
Un plan de acción relacionado con obligaciones que los Estados nacionales deben procurar en materia de “derecho a la igualdad y la no discriminación”, “programas de educación sobre la igualdad y la concienciación”, “más y mejor información estadística y social sobre la afrodescendencia” y “amplias medidas para facilitar la participación y la inclusión” de una población descendiente de esclavizados (ONU, 2014).
Quiero tomar dos aspectos del Decenio respecto al reconocimiento y su relación con la situación de los afrodescendientes en nuestro país: los programas de educación sobre igualdad y mejor información estadística. Frente al primero, las demandas del movimiento afrocolombiano lograron por medio de la Ley 70 de 1993 la Política Nacional de Etnoeducación y luego la Comisión Pedagógica Nacional, sin embargo a pesar de estas medidas faltan concretar agendas locales con seguimiento para construir las rutas y materializarlas, como por ejemplo llevar a cabo el Protocolo de Antirracismo en la Escuela, la posibilidad de realizar investigaciones y publicaciones sobre la historia y aportes de los afrocolombianos al desarrollo del país, así como la construcción de material didáctico donde al menos se visibilice la existencia de los afrocolombianos y la elaboración y puesta en práctica de pedagogías del reconocimiento. La mayoría de esto quedó establecido en la Ley 70/93 y para vergüenza nacional e internacional en más de 25 años de emitida la ley, la mayoría de sus capítulos no se encuentran reglamentados, cercenando con esta falta de voluntad los derechos a la participación política, a la igualdad y al reconocimiento de los afrocolombianos.
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La falta reglamentación de la Ley 70 está negando la posibilidad de cientos de titulaciones colectivas, violando el derecho fundamental al territorio, incluso del primer pueblo libre de América, Palenque de San Basilio
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La falta de voluntad política para reglamentar la Ley 70 está negando la posibilidad de cientos de titulaciones colectivas, violando el derecho fundamental al territorio, incluso del primer pueblo libre de América, Palenque de San Basilio dejándolo sin autonomía y sin recursos económicos, ya que depende del municipio de Mahates, perpetuando aún más la pobreza y negando el acceso a derechos y servicios básicos de los palenqueros. Por otro lado, no hay concreción de las acciones establecidas en los Planes Especiales de Salvaguardia (PES), columna vertebral para mantener prácticas culturales, promover el desarrollo de las comunidades y establecer la apropiación del patrimonio cultural. Entonces, los PES están diseñados con los esfuerzos organizativos y los saberes de las subjetividades políticas de los afrocolombianos, pero prácticamente tirados al olvido por el Estado.
La importancia de la educación para la igualdad y la concienciación radica en su papel para combatir el racismo, de ahí que los pueblos afrocolombianos y sus expresiones políticas heterogéneas siempre se estén pensado la etnoeducación como una necesidad y alrededor de esta se han planteado un sinnúmero de propuestas y planteamientos epistemológicos y pedagógicos, pero siguen sin tenerse en cuenta, sin concertarse las políticas educativas tanto en los territorios como en las ciudades donde habitan los afrocolombianos y en la escuela continúan impartiéndose modelos educativos con base en prácticas coloniales de subvaloración de las diferencias e invisibilización de la afrocolombianidad, solo se piensa en esta con fines folcloristas y exóticos y desde la educación se continúa ampliando mucho más la brecha de desigualdad y exclusión.
En cuanto al aspecto estadístico y de medición demográfica respecto a las poblaciones afrocolombianas seguimos siendo excluidas y por ende, olvidadas de las políticas públicas y sin un verdadero diagnóstico real de la situación de pobreza multidimensional, así lo demuestra el último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane en el 2018. Errores estructurales en el diseño y en la aplicación de la encuesta no solo dejaron más de un millón de afrocolombianos sin censar sino que además, los censistas omitieron la pregunta del reconocimiento étnico y los directivos del Dane conociendo lo anterior hicieron públicos los resultados, los cuales a diferencia del censo de 2005 presentaron una disminución del 30 %. Según el censo defectuoso solo 2 982 224 personas se reconocieron como población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, mientras que en el 2005 se reconocieron 4 311 757 personas NARP.
Lo grave además de lo anterior, es que el director del Dane de esa época Juan Daniel Oviedo se atrevió a afirmar que la disminución de la población NARP se debía a que muchas personas no quisieron ejercer su derecho al reconocimiento, imponiendo desde la institucionalidad la práctica peligrosa de blanqueamiento, responsabilizando a los propios afrocolombianos de no ser reconocidos en el censo. A pesar de todas las denuncias de organizaciones afrocolombianas y expertos en demografía y estadística a la fecha se legisla y se planea con una cifra errónea, perpetuándose perversamente la exclusión y desigualdad y por supuesto el racismo en nuestro país.
Con el análisis de dos aspectos claves del Decenio alrededor del eje del reconocimiento como lo es la educación y lo estadístico, es más que evidente que no ha sido suficiente la declaración del Decenio y que sin reconocimiento no hay ni justicia y mucho menos desarrollo, lemas que quedan pendientes, pero sobre todo queda demostrada la naturaleza racista y colonial del Estado colombiano, que ha invisibilizado las propuestas y planteamientos de un movimiento afrocolombiano heterogéneo que desde hace muchos años se viene pensando estrategias para enfrentar el racismo y la desigualdad. Así las cosas, se terminará el Decenio y ni siquiera tendremos reglamentada integralmente la Ley 70, en conclusión afrodescendientes sin reconocimiento en nuestro país.
