A partir de la expedición y entrada en vigor de la Constitución Política de Colombia (1991) el constituyente estableció que el respeto al principio de la DIGNIDAD HUMANA se constituiría en pilar fundamental del Estado Social de Derecho, este protegerá a todas las personas por igual, independientemente de su origen, condición social o ubicación geográfica. En el nuevo Articulo 64 de la Constitución Política, ya reformado (Acto Legislativo 01 de 2023), reconoce de manera expresa al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección como una categoría especial, garantizando el enfoque de género, el derecho al ambiente sano, el derecho a la conectividad digital, el acceso a los recursos naturales, al agua y la diversidad biológica, igualmente, el derecho a una vivienda digna, la protección de su identidad cultural, el acceso a la educación, la salud y la participación en la formulación de políticas o programas que los afecten.
La población campesina, a lo largo de la historia, ha sido la columna vertebral de la agricultura y la producción de alimentos en todo el mundo. Su labor incansable y su conexión profunda con la tierra han sido fundamentales para la supervivencia y el bienestar de nuestras sociedades. Sin embargo, a pesar de su crucial contribución, los campesinos frecuentemente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza extrema.
Los campesinos enfrentan una serie de desafíos estructurales que limitan su acceso a recursos básicos y oportunidades de desarrollo. La falta de acceso a la tierra, los bajos ingresos, la escasez de servicios básicos como la salud y la educación, y la vulnerabilidad a fenómenos climáticos adversos son solo algunas de las dificultades que enfrentan diariamente. Esto no solo afecta su calidad de vida individual, sino que también tiene un impacto negativo en la seguridad alimentaria y en la estabilidad socioeconómica de las comunidades rurales en su conjunto.
El reconocimiento de la población campesina como sujeto de especial protección implica la adopción de medidas específicas para garantizar sus derechos y promover su bienestar integral. En primer lugar, esto implica el reconocimiento legal y la protección de los derechos de tenencia de la tierra, asegurando que los campesinos tengan acceso seguro y equitativo a la tierra para cultivar y vivir. Además, implica el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan la inclusión social, la equidad de género, el acceso a servicios básicos y la participación efectiva en la toma de decisiones que afectan sus vidas.
El reconocimiento de la población campesina como sujeto de especial protección no solo es una cuestión de justicia social, sino también de vital importancia para el desarrollo sostenible. La agricultura familiar y campesina desempeña un papel crucial en la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales. Al fortalecer y apoyar a los campesinos, no solo estamos protegiendo sus derechos fundamentales, sino también contribuyendo a la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural y la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes.
