En columna anterior había escrito que el proceso de paz era inocuo si no estaba en orden de prioridades el levantamiento de las siete bases militares; el desmantelamiento del paramilitarismo, como quiera que se trata del hijo espurio del gobierno; la libertad inmediata de los presos políticos, incluso la de los civiles aún sindicados y no condenados; y la reestructuración del Ejército Nacional, convertido hace décadas en un ejército de ocupación, entre otros aspectos.
Yo, además, había dado por hecho que las Farc-Ep no harían entrega de las armas sino que tenían como prioridad la dejación de armas, pactada como se puede leer inicialmente en el texto de los acuerdos de Habana; y también lo relacionado con la propiedad de la tierra y la reforma agraria integral, en aras de hacer realidad la democracia directa.
La dejación y no la entrega de armas era, según un documento que acabo de conocer expedido por las Farc-Ep Segunda Marquetalia, la única e inequívoca condición de corte marulandiana, que había de preservarse y que equivale a decir que era para sus seguidores la encarnación del pensamiento del líder máximo de esa guerrilla, Manuel Marulanda Vélez.
"Las armas debían preservarse como garantía del cumplimiento de los acuerdos”, era la orden de Manuel. Esa es una de las causas por la que comenzó la desbandada, el descontento de buena parte de la guerrillerada y algunos comandantes, amén de los hechos alrededor de la retención de Jesús Santrich y la exclusión impune de los terceros responsables ante la JEP.
Veo una autocrítica de las Farc-Ep Segunda Marquetalia y veo muchos señalamientos contra miembros de los gobiernos pasado y actual; contra funcionarios públicos y contra la que denominan la “camarilla de apóstatas de la lucha armada”, sus excamaradas, los gorditos de las Farc, hoy agrupados en la dirección del partido de la Rosa.
Es un largo documento que narra con una prosa bien cuidada las razones que los llevan a hablar del “rearme de las utopías” (N. Isa Conde) frente o como respuesta a los actos de felonía gubernamental y partidaria (sic) de unos desalmados que se centraron en “hacer trizas ese maldito papel” refiriéndose al mamotreto en que constan los acuerdos gobierno y Farc-Ep.
Entendamos la felonía como una traición de los gobernantes a la palabra empeñada. Es un acto de deslealtad y para el caso que nos ocupa es quizás perjurio, de aquello que se prometió cumplir en el acuerdo de la Habana y que solo ha quedado en el papel, por falta de algo que también se dice en los medios, por falta de decisión política.
Es, según el documento, una vulgar burla a lo pactado; irrespeto a la palabra; aniquilamiento de la confianza y, la condenable elaboración de cambios unilaterales de última hora, que han convertido esos acuerdos en el “naufragio de un proceso de reconciliación nacional”.
Denuncian una cadena de obstrucciones a lo largo del proceso y durante los inicios de implementación que en pocas palabras es como pasar por encima de un documento que “tiene el rango de documento oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” dado que como es sabido es a la vez un acuerdo especial basado en el articulo tercero de los Acuerdos de Ginebra.
Hablan de constituir un gobierno de transición, de darle vida al Movimiento Bolivariano, de una nueva asamblea constituyente, de la ruptura con la JEP, del libro de Juan Manuel Santos, y no descartan que haya a futuro un alzamiento insurreccional que presione un nuevo acuerdo de Paz, haciendo uso en general de la Rebelión prevista en la Declaración de los Derechos Humanos: “A fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Las Farc-Ep segunda Marquetalia, al saberse solos en la justicia especial JEP demandan en mi opinión, urgentes explicaciones de la actitud del gobierno de Duque-Uribe al sacar o excluir impunemente a los terceros responsables del conflicto social y armado, entendidos estos como los financiadores de hordas paramilitares; instigadores a miembros de la fuerza pública; y los patrocinadores y determinadores de grandes crímenes y masacres.
Acusan a Juan Manuel Santos de ser “el tahúr de la perfidia” por no haber tenido el valor de hacer uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Constitución Nacional para salvar el proceso.
Dicen que Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la nación, “como Leviatán de la paz ha saboteado el funcionamiento de la Unidad Especial de lucha contra el paramilitarismo”, aspecto reiterativo dada la connivencia entre la fuerza pública y los mercenarios del establecimiento, bautizados por los medios de desinformación de mil maneras que no les quitan su sevicia y crueldad ya conocidas.
El cuento del gobierno de Duque de que el que la hace la paga lo definen como una “consigna ruin como hipócrita”, al tiempo que se preguntan que si eso es así, ¿qué pasa con Uribe? Además, si el que la hace la paga, ¿cuándo pagarán sus crímenes los gobiernos determinadores y los empresarios sanguijuelas que victimizaron y siguen victimizando con su política económica neoliberal a millones de seres humanos en Colombia? Ellos son los responsables de las muertes causadas por la inanición y la miseria, de los impuestos a los pobres para aliviar la tributación de los ricos, de la desfinanciación de la educación y la salud, y de los tugurios y el desempleo”.
En carta enviada a Antonio Guterres, la Farc Segunda Marquetalia responsabiliza al gobierno del Duque-Uribe de haber modificado el acuerdo, en el transcurso de su implementación normativa. “Es un hecho objetivo, no un recurso retórico, que lo que hoy se exhibe como Acuerdo de Paz de La Habana no corresponde a lo convenido por los plenipotenciarios de las partes. El texto original de este fue mutilado en sus aspectos esenciales por la perfidia del establecimiento”
Y aquí, después de revisar el término felonía, es cuando aparece otro término no menos importante y grave atribuido al gobierno: La perfidia. Esa perfidia prohibida por los protocolos internacionales en tiempos de conflicto armado.
En el artículo 37 hay prohibiciones específicas de la perfidia: no matar, como se ha matado a más de 180 combatientes Farc-Ep; no herir, como se ha herido a cientos de personas civiles al momento de asesinar a mansalva al menos a 500 líderes sociales; no herir o capturar, como se ha hecho con Santrich y otros, que ya hacen parte de la lista de miembros de esa insurgencia; no hacer perder “la fe en el adversario que llevan a creer que tiene derecho o está obligado a conceder protección de la vida en virtud de las normas de derecho internacional aplicables a los conflictos armados con la intención de traicionar esa confianza” (texto del primer protocolo adicional a los de Ginebra de 1949).
Decir que el fiscal “Néstor Humberto Martínez es el cabecilla de la justicia forajida que se tomó a Colombia; que convirtió la Fiscalía en una fábrica de mentiras, de chantaje, de montajes judiciales y en trinchera pétrea de impunidad para los grandes corruptos”, resultó poco con relación a la responsabilidad que le endilgan a lo largo de ese documento de las Farc-Ep Segunda Marquetalia. “¿Cómo puede el abogado de los sobornos de los sobornadores de Odebrecht, seguir siendo fiscal general luego de las impactantes denuncias de Jorge Enrique Pizano y del estremecedor epílogo de la vida de ese ciudadano?” preguntan.
Muchas de las pérdidas humanas en un acto de desobediencia a las directrices de Tiro Fijo se dieron por tener más de la gente necesaria en campamentos que serían avasallados por los bombardeos oficiales. Las Farc-Ep se autocritican de aquello y lamentan no haber atendido el mensaje y dejar perder la vida, por ejemplo en una de las ocasiones, de 27 de sus comandantes mandos medios, para ellos el símbolo del compromiso y vanguardia.
Saludan también a la décimo cuarta conferencia internacional Rosa Luxemburgo. En un escrito parecen cuestionar la actitud de los ‘gorditos’ de la organización en Colombia que posan como parlamentarios hoy, señalando: “… verdades que incomodaron a los reformistas que se conforman con poco; a los timoratos y miedosos —que por esa condición humana— resolvieron no volver a hablar de la toma del poder; a los ilusos que viajan en el bote del parlamentarismo institucional a sabiendas que marchan directo a los cayos rocosos donde terminan varados los sueños socialistas; a los burócratas que estrangulan la iniciativa y la vida revolucionaria, que la limitan y le recortan las alas”.
Finalizan señalando que no les queda duda que la ultraderecha y el establecimiento atendiendo órdenes del Pentágono, lograron cambiar el texto original del acuerdo de La Habana “violentando el principio de toda negociación pacta sunt servanda. Los acuerdos son para cumplirlos. Después de firmados, sus términos no pueden ser modificados”.
Entonces habremos de saber con alguna exactitud qué significa pacta sunt servanda, un postulado básico del derecho internacional donde dice que "todo tratado vigente es vinculante para las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”. El imperativo exacto de este principio es tal que un estado no puede invocar disposiciones en su constitución o sus leyes como una excusa para no cumplir con este deber.
« Actualmente este ha sido incorporado entre los principios fundamentales del derecho internacional y del Derecho civil de cada Estado, para lograr la seguridad jurídica. También significa que lo que acordaron las partes contratantes haciendo uso de la autonomía de su voluntad, debe cumplirse entre ellas como si fuera una ley ».
Esa derecha recalcitrante y el uribismo, digo yo, lograron entonces la ira de una buena parte de combatientes y comandantes que ahora integran las Farc-Ep Segunda Marquetalia. Expresan textualmente que esa derecha criminal, esa oligarquía mezquina, ha conducido al país: “a la triste tragedia de la condena bélica contra quienes creyeron de buena fe en que se cumpliría lo pactado”.
Los furiosos uribistas y el mismísimo establecimiento han sacado o han excluido a los terceros involucrados en el conflicto, es decir a sus amigotes, es decir a sus lacayos, a sus mercenarios, a los patrocinadores sin vergüenza, de matanzas y ajusticiamientos sin orden judicial, en suma, a los paramilitares.
“Destruyeron la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, concebida para todas las partes involucradas en el conflicto. Las instituciones del establecimiento, resolvieron que solo era aplicable a la guerrilla y a los combatientes, excluyendo de su jurisdicción a los agentes civiles del Estado, a los determinadores de la violencia desde la cúpula política. Eclipsaron el ofrecimiento de verdad para ocultar la identidad de los verdaderos responsables de las victimizaciones, cuando la verdad es lo único que puede ayudar a sanar las profundas heridas del alma causadas por el conflicto”.
Uno se pregunta ¿si las Farc-Ep en lugar de la entrega las armas hubieran hecho dejación que no es lo mismo, hubiera ocurrido en el país todo lo que ha ocurrido en torno al proceso?
Es necesario un gobierno distinto que honre la palabra empeñada. Hoy todo el establecimiento debiera estar trabajando en la Reforma Política tal como se acordó, en cómo agilizar la formalización de la propiedad de la tierra, cómo garantizar la reparación de las víctimas del conflicto como obligación del Estado; cómo rodear de garantías la movilización y la protesta social, y en este aspecto cómo frenar tanto asesinato de líderes sociales y de excombatientes, lo cual tiene un impacto mundial estremecedor.
Y las bases gringas en nuestro territorio, y el paramilitarismo, y el derecho a la tierra, y el derecho a la educación y salud, y los presos políticos, sobre todo, el sagrado derecho a la vida. Tal vez sea el tiempo para el rearme de las utopías
