La oscura situación que atraviesa el hospital La Misericordia de Calarcá, donde se presentó una masacre laboral este miércoles 1 de julio, reduciendo no solo la planta de personal, sino también servicios tan esenciales como los de especialización y el centro de salud del barrio Balcones, es la muestra de la crisis que atraviesa la salud en el departamento del Quindío.
Entre los funcionarios que fueron echados del centro asistencial se encuentran especialistas, auxiliares de odontología, de enfermería y hasta personal de mantenimiento.
Una de las razones de los despidos, según denunciaron varios funcionarios, es la posible retaliación por las protestas presentadas en lo últimos días, a razón de la falta de pago de salarios en los últimos 3 meses.
Mientras las deudas de los empleados se acumulaban, el hospital no les pagaba, y en respuesta a su justa petición de pago decidieron despedirlos. Tanto el gerente del centro asistencial Bernardo Gutiérrez Montoya, como la empresa de contratación temporal Soluciones Efectivas, tendrían responsabilidad en los masivos despidos.
“En este país no se puede hablar, no se pueden exigir los derechos, porque esas son las consecuencias”, denunció Yanid Suárez, ante el medio radial Transmisora Quindío. La funcionaria era auxiliar de laboratorio contratada por la temporal y recientemente fue despedida.
Según señalan denunciantes de la crítica situación, la politiquería ha causado estragos en el lugar, pues tal parece que las directivas del centro no son de grupos políticos afines a los del gobernador del Quindío, por lo que este último no estaría esforzándose como es su deber, para salvar a este importante hospital.
Hospital de segundo nivel ahora solo presta servicios de primer nivel
La crisis en el hospital La Misericordia de Calarcá ha llevado a que solo se presten servicios de primer nivel de complejidad por ahora. Así lo dio a conocer el gerente de la entidad, Bernardo Gutiérrez Montoya.
El momento que atraviesa el hospital la Misericordia es crítico a nivel financiero, razón por la cual se han generado masivos despidos, además del recorte de servicios como ginecología, ortopedia, urología y quirófanos.
Alrededor de 80 de sus empleados han sido despedidos por parte de la cooperativa Soluciones Efectivas, con el agravante de que a muchos no les han pagado sueldos de hasta 3 meses, situación que desembocó en legitimas protestas de los funcionarios que ahora denuncian que sufren persecución y retaliaciones por exigir sus derechos.
Esta situación ha generado que por ahora el hospital solo esté atendiendo servicios de primer nivel como consulta externa y urgencias, además se continuará vacunando contra el COVID-19.
Por su parte el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, señaló que aún esperan propuestas desde la gerencia del hospital para tratar de encontrarle una solución a la crisis, pues los informes que hasta ahora han recibido no los han dejado satisfechos, por lo que piden una intervención de la Superintendencia de Salud.
Hace unas semanas la secretaría de Hacienda departamental le propuso al hospital realizar un préstamo en una entidad bancaria para aliviar la deuda de 3 meses que tiene con los empleados, sin embargo no se ha avanzado en ese proceso que solucionaría la deuda inmediata, pero los problemas de fondo seguirían agudizados en parte porque las EPS todavía le adeudan al centro médico una cifra de 11 mil millones de pesos.
