Esa fue una de las frases que más se escuchó durante las últimas semanas en los sitios de reunión en donde coincidían periodistas y políticos. ¡El que no paga, NO sale! decían con seguridad algunos trabajadores de medios de comunicación, refiriéndose a la posibilidad de que un candidato al Congreso de la República fuera entrevistado en determinado espacio radial y televisivo.
La dinámica económica de los medios en Colombia ha llevado a la mercantilización de la información, un fenómeno que no es nuevo, pero que parece haber golpeado duro en la campaña electoral que está terminando. Para quienes no están familiarizados con los negocios de los medios, es necesario contarles que estos subsisten de la venta de la pauta publicitaria. Una empresa legal, siempre y cuando, la venta de los comerciales no esté amarrada al favorecimiento informativo.
Pero las formas de “negociar” informativamente han venido avanzando a la par con la corrupción en las campañas políticas. Lo preocupante para el ciudadano, es la deformación de la opinión que se genera en la sociedad, con periodistas y medios que son proclives a estas prácticas. Un periodista puede llegar a recibir dinero de un candidato para que impulse su candidatura. Este dinero no estará representado en un comercial, ante el cual un oyente tendría la oportunidad de reaccionar con credulidad o incredulidad, sino que se verá revertido en noticias, entrevistas y comentarios disimulados pero favorables, que serán consumidos sin restricciones por el espectador.
Y aquí vale la pena anotar, que en estos casos el trabajador de medios está abusando del principio de confianza que le entrega la sociedad, sin entrar a analizar más a fondo las consecuencias que genera en los procesos democráticos la información amañada que recibió el ciudadano para tomar una decisión.
Hoy para un político vale más, en el plano de la efectividad de la comunicación, tener “aceitada” la maquinaria de los medios mediante los favores, los contratos, la mermelada o el pago directo a trabajadores de medios, que una gran inversión económica en cuñas radiales o televisivas, que poca o ninguna credibilidad generan en la población.
Así como en el cubrimiento de los conflictos armados las tropas norteamericanas pusieron de moda el término de “periodistas empotrados”, refiriéndose a aquellos reporteros que van al terreno de acción de la mano de los militares para contar su versión de la historia, en Colombia están en furor los “periodistas empotrados” a las campañas políticas, que tratan de imponer guiños a sus audiencias.
Así las cosas, y para toda regla hay su excepción, el debate electoral a través de los medios no ha sido pluralista.
Si revisamos lo que debería ser la publicidad formal y legal, el artículo 27 de la ley 130 de 1.994 dice: “Los concesionarios de los noticieros y los espacios de opinión en televisión, durante la campaña electoral, deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad”. Aquí valdría la pena evaluar si la mayoría de los candidatos han tenido la oportunidad de acceder.
Y el artículo 28 al referirse a espacios radiales y periódicos asegura: “Los concesionarios de espacios para la prestación del servicio de radiodifusión sonora y los periódicos que acepten publicidad política pagada, la harán en condiciones de igualdad a todos los partidos, movimientos y candidatos que la soliciten”. Basta con hacer un repaso rápido por las emisoras para advertir que hay “mucho de unos pocos”.
La publicidad formal y la publicidad disfrazada de noticia en esta campaña, nos está dejando claro que faltan verdaderos controles del Consejo Nacional Electoral a los medios en esta materia, y poder decir, que los colombianos pueden hacer uso de un voto realmente informado.
