Nicolás Maduro se convirtió un gol en contra el domingo 3 de diciembre y la empeoró con una jugada regional peligrosa. El autogol lo obtuvo con la convocatoria a un referéndum ciudadano para consultar qué hacer respecto al histórico reclamo venezolano sobre 160.000 kilómetros cuadrados —poco menos que la superficie de Uruguay; o tres veces el territorio de Costa Rica— de su vecino Guyana.
Nadie sabe cuántos venezolanos acudieron a votar. El chavismo asegura que fueron 10, 431.907 votantes, —50 % del padrón electoral— y que el 95% de los votantes le dio el «Sí» a las cinco propuestas chavistas. La oposición venezolana —que el 22 de octubre convocó a 2,2 millones de votantes en una elección que eligió por abrumadora mayoría a María Corina Machado como candidata para las elecciones generales de 2024— sostiene que el ausentismo llegó al 89,8% del padrón electoral, lo que demuestra el escaso poder de convocatoria de Maduro, quien contó con el aparato estatal para llamar a votar por una causa eminentemente nacional. Según el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles, el régimen difunde un resultado imposible de verificar, y solo llegaría a la cifra del Gobierno al multiplicar el número de votos por el número de preguntas.
María Corina Machado ha dicho en la red social X sobre el referéndum: «Al final, la verdad siempre se impone. Todos sabemos lo que pasó ayer: el pueblo suspendió un evento inútil y dañino a los intereses de Venezuela, porque la Soberanía se ejerce, no se consulta. Ahora debemos presentar una defensa impecable de nuestros derechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el concurso de nuestros mejores especialistas, y demostrar que el Esequibo es de Venezuela».
Una de las cinco preguntas contenidas en el referéndum decía: «¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana?»
En opinión de analistas venezolanos, y de otros países, esa respuesta de la supuesta mayoría de los venezolanos, habilitaría a Maduro a descomprimir el brete en el que está a raíz la amenaza estadounidense de retomar las sanciones que fueron levantadas temporalmente luego del compromiso chavista suscrito con la oposición y países garantes en Barbados en octubre por el que habrá elecciones sin inhabilitados ni presos políticos en 2024.
Luego que Guyana anunciara la concesión de seis permisos de explotación petrolera en la zona del Caribe que Venezuela reclama, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino habló de darle a Guyana «una respuesta contundente y proporcional», lo que se suma a las entrelineas previas de Maduro que hacen pensar en una acción bélica contra su vecino.
El martes 4 de diciembre, Maduro, siguiendo el ejemplo de uno de sus «hermanos mayores», como definió a Putin, intentó su jugada peligrosa: anunció la anexión del territorio guyanense en litigio y la creación del estado Guayana Esequiba. Reforzó sus palabras con la orden de movilizar tropas hacia la frontera con Guyana, ordenó a las compañías petroleras extranjeras que trabajan en el Esequibo que se retiren y anunció la concesión de licencias de explotación petrolera en la zona.
Ni Brasil, cuyo presidente Lula es un aliado ideológico de Maduro, ni la comunidad de países del Caribe (Caricom), apoyan la amenaza chavista. Al contrario, y más allá de la movilización de unidades del ejército brasileño hacia Boa Vista, capital del estado de Roraima en la frontera con Guyana y Venezuela; tanto Brasil como los países del Caricom han pedido que ambas partes en litigio se apeguen al arbitraje de la Corte internacional de Justicia (CIJ). El 1° de diciembre la CIJ con sede en La Haya, solicitó a Venezuela que se abstuviera de «cualquier acción que modifique la situación actual del Esequibo».
El presidente guyanés Irfaan Ali pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte las medidas apropiadas ante la situación generada por Miraflores, redobló las medidas de seguridad y anunció que recurrirá al ejército estadounidense para que contribuya a la protección de la región, habitada por 180.000 guyanenses, del total de más de 800.000 habitantes que cuenta el país. El Esequibo es un área rica en oro, diamantes, coltán, uranio, entre otros minerales, hidrocarburos y bosques. Se estima que cuenta con 0,6% de las reservas totales del crudo mundial.
Un periodista de Caracas —reservo su identidad— me comenta que esa idea de llegar a la guerra contra Guyana «es una versión echada a rodar para declarar luego un Estado de excepción y suspender las elecciones, porque el chavismo parte de la posición de que no pueden ganar las elecciones y menos si la candidata es María Corina Machado».
«Yo no veo a este país en posibilidades de ir a ninguna confrontación de ningún tipo. Aquí no hay gasolina. La crisis de gasolina es nacional. No ha cesado en ningún momento. Y la población venezolana, no ve con buenos ojos que Maduro convoque a a nada, y menos a enviar a los jóvenes a un conflicto. No creo en la acción bélica», agregó.
La razón es de Venezuela, y estriba en consecuencias de la acción de los imperialismos del siglo XIX y los enfrentamientos entre caudillos de los nacientes países independizados de España.
La Guyana actual es, como varios países latinoamericanos, consecuencia del reparto del Nuevo Mundo entre las potencias europeas. Los Países Bajos en 1814 vendieron al Reino Unido esa porción del continente sudamericano; y en 1817, Londres y la República de Colombia integrada también por Venezuela, acordaron fijar la frontera entre la Guayana británica y Colombia. En ese entonces, el territorio hoy en disputa quedó como parte del nuevo país sudamericano. En 1830, al separarse Venezuela de Colombia se mantuvo el límite del río Esequibo.
La corona británica encomendó al explorador y naturista británico nacido en Prusia, Robert Hermann Schomburgk (1804 – 1865), que delimitara la frontera entre la posesión inglesa y Venezuela, misión que le permitió piratear 160.000 kilómetros cuadrados del territorio venezolano, documentándolo en sucesivas líneas fronterizas trazadas en diferentes años. En 1895, EEUU intervino y denunció el corrimiento «misterioso» de la frontera entre Venezuela y la colonia inglesa. Dos años después, ambas partes aceptan someterse al arbitraje de un tribunal que sesionó en París.
El Laudo Arbitral de Paris dictaminó en 1899 a favor de Gran Bretaña. Cuatro décadas después se conoció un memorándum del abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost, que había integrado la defensa venezolana en el Laudo Arbitral de París, en el que denunciaba que el laudo fue una componenda política y que los jueces no fueron imparciales.
En 1962, el presidente venezolano Rómulo Betancourt denunció el laudo ante la ONU sin que hubiera consecuencias.
En 1966 Inglaterra concede la independencia a la Guayana británica, acordando antes con Venezuela el Acuerdo de Ginebra que admitía el reclamo venezolano y colocaba en manos de la ONU la solución del conflicto.
A partir de 2015, ante el descubrimiento de decenas de yacimientos petroleros en la zona en disputa, Miraflores retomó el reclamo.
«Maduro no fue capaz de movilizar a la población ni siquiera con un tema tan sensible como es un reclamo territorial. Y la gente, viendo la instrumentación política del tema, no se prestó a ninguna utilización electorera del referéndum», sostiene mi fuente venezolana.
Sobre la encrucijada interna de Maduro que le significa las comprometidas elecciones del año entrante, el analista venezolano consultado sostiene que, en su opinión, el régimen no habilitará a María Corina Machado, «porque si lo hiciera, quedaría técnicamente caído. Se desmoronaría enseguida y la expresión y jubilo de la gente al saber que tiene una candidatura con posibilidad derrotar a Maduro se haría sentir en las calles». A su juicio «el problema de la oposición es lograr una figura alterna a Machado que concite el apoyo del capital político de María Corina Machado y pueda ser el que derrote a Maduro.
El periodista especializado en política sostuvo que un candidato opositor aceptado por el régimen, eventual ganador de los comicios generales de 2024, podría «realizar un reseteo institucional, a través de una constituyente para temas específicos, y convocar a una elección, como hizo Chávez en 1999. Ahí si podría participar María Corina Machado».
