“De esta reunión sostenida hoy hemos concluido, que quien está violando la ley, que el que está fuera del derecho es el gobierno. Nosotros convocamos a protestas pacíficas, corredores humanitarios, a reclamar la vigencia del Estado social y democrático de derecho”, expresó este lunes festivo en un comunicado el Comité Nacional de Paro (CNP) luego de la fallida reunión con el presidente Iván Duque, en la que se pretendía buscar acuerdos para detener la protesta que ya completó 20 días en Colombia.
El CNP también dijo que el gobierno nacional no quiere negociar, que se niega a brindar garantías y que, contrariamente en respuesta a las mismas, anunció el despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública para desbloquear el país, argumentando que detrás de los bloqueos hay intereses criminales para afectar y sabotear la economía y el desarrollo social de muchas poblaciones, aunque no aportó pruebas o evidencias.
Son muchos los analistas que calificaron de lamentable este giro que el gobierno Duque le dio a la protesta, porque la criminaliza y crea mayor desesperanza e inconformismo, actitudes que se suman a las motivaciones iniciales de las protestas, y a la indignación general provocada por las manifestaciones de odio entre clases sociales y discriminación racial, que se presentaron en Cali, y en otras ciudades del país.
Esto indica que el presidente Duque, en su monólogo, pretende ocultar la magnitud participativa de la protesta, las causas que inspiran a quienes marchan, y su persistencia para lograr objetivos; y en consecuencia, justifica la feroz respuesta de la fuerza pública que hasta el momento, según la CUT, ha dejado cerca de 50 muertos, más de 600 heridos, 37 personas que han perdido los ojos, 1.500 personas que han sido detenidas arbitrariamente, aproximadamente 500 desaparecidos, más de 21 mujeres han sido violentadas presuntamente por miembros de la fuerza pública y se ha violado el derecho internacional humanitario.
Parecen datos extraídos de un parte de guerra.
El gran temor es que estimulando el “despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública” se incrementarán.
Y el peligro es que el gobierno y su fuerza pública no distinguen por incompetencia, o por política, entre los pacíficos protestantes y los vándalos gestores de violencia que nuevamente aparecerán. Por eso la orden fue calificada por el comité como tierra arrasada contra el paro nacional.
Luego del anuncio del mandatario de ampliar la capacidad operacional de la fuerza pública, muchas personas manifestaron en las redes su preocupación porque ese despliegue significa nuevos peligros, barbarie y violencias recicladas, si se tienen en cuenta los mortales antecedentes de días anteriores.
Es más, el anuncio desconoce y descalifica el esfuerzo que algunos alcaldes y el gobernador del Cauca vienen haciendo para acordar corredores humanitarios, que permitan el paso de la misión médica, de insumos médicos y alimentos esenciales, combustibles, para mitigar los impactos del Paro en la salud y la seguridad alimentaria de la población.
Y coordinadamente, actuando como soporte del ejecutivo, interviene la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, para asignar insólitas responsabilidades a los alcaldes como “controlar a los vándalos que han atacado las ciudades”. ¿En medio de las tanquetas, las piedras y las balas? Y siguiendo el ejemplo del mentor del ejecutivo y de ella misma, se despoja de su misión de control y anticipándose a lo que calcula que va a ocurrir, envía un mensaje de apoyo a la fuerza pública: “A las Fuerzas Armadas y de Policía les quiero decir que Colombia está con ustedes. Sabemos que en su historia han enfrentado delincuentes financiados por los recursos inagotables del narcotráfico y los han vencido”, afirmó la jefa del Ministerio Público.
¿Con estos sentimientos podrá investigar las irregularidades que puedan cometer “las Fuerzas Armadas y de Policía”? Su íntima filosofía o el mandado que está haciendo no se lo permiten.
Y sigue la procuradora suplantando al ejecutivo al ordenarles a los mandatarios locales: “… enfrentar las situaciones de orden público con rudeza y así evitar que los marchantes cometan actos vandálicos”. Es decir, lo que sabe que va a suceder no será responsabilidad de quien ordena la máxima capacidad de la fuerza pública, sino de los alcaldes.
Y los amenaza: “… el alcalde o gobernador que no se sienta capaz de asumir la responsabilidad frente a lo que está sucediendo o que crea que no puede controlar a los ciudadanos, renuncie a su cargo y de un paso al costado para que otra persona pueda liderar el proceso”.
Y sigue en la andanada gratis y anticipada: “Los invito a que no se dejen abrumar por la delincuencia… No podemos dar el vergonzoso espectáculo de ver a algunos mandatarios confundidos, inactivos, perplejos y aparentemente derrotados por la criminalidad. Si no se sienten capaces de asumir sus responsabilidades háganse a un lado y dejen que venga alguien que sí pueda”, puntualizó Cabello.
¿Sí ven hacia dónde es que se conduce esta nación con la interdependencia y confusión de poderes? ¿Estas son funciones de una procuradora? Ella debiera estar investigando y sancionando toda la corrupción que caracteriza a los funcionarios públicos, y no simulando a otro funcionario por incapaz que le parezca.
Para terminar, me parece que el gobierno Duque, de aposta, tiene la intención de dilatar la negociación atizando la violencia en medio de la protesta social. Me parece también que algún mando superior de Duque necesita desatar más barbarie para justificar, ad portas de la elección presidencial del año entrante, su reaparición como el único capaz de imponer seguridad y orden. Me parece que ahí está la trampa, no importa cuántos ciudadanos más caigan sacrificados con tal de satisfacer su egoísta ambición.
