En sus redes sociales, Sara Castellanos se presenta como madre, politóloga y como una ‘defensora de la vida’. Un título que puede sonar ambiguo, pero que en el caso de la hija de los pastores Cesar Castellanos y Claudia Rodriguez, está relacionado con su principal objetivo de los últimos meses. La recolección de firmas para un referendo antiaborto.
Aunque Sara es hija de los pastores fundadores de la iglesia Misión Carismática Internacional, ella suele preferir como segundo apellido, el de su esposo Lau Guerra. El hijo del poderoso pastor brasileño Laudjair Guerra, que también es pastor y padre de sus cuatro hijos: Isaac, Anabela, Zara y Victoria.
Sara Castellanos fue electa como concejal de Bogotá en 2019 y renunció a su curul dos años después. En 2022, se lanzó al Senado como candidata del Partido Liberal, pero no le alcanzó.
Estuvo muy cerca de ser senadora, pero cuando se hizo el reconteo de votos, perdió y su curul terminó ocupada por uno de los candidatos que iban en la lista cerrada del Pacto Histórico.
El año pasado, Sara Castellanos vivió un episodio horrible, pero que por fortuna tuvo un buen final y podría considerarse como un potenciador de todas sus creencias. En medio de un descuido familiar, su pequeña hija Zara Esther, de un año de edad, se cayó a una piscina y durante tres eternos minutos estuvo ahogándose.
Sara y su esposo Lau hicieron todo lo humanamente posible para reanimarla y llevarla a tiempo a la Fundación Santa Fe. Haber actuado rápidamente, salvó la vida de la pequeña. La familia Castellanos asegura que fue un milagro, los médicos que la salvaron probablemente piensen de la misma manera.
En agosto de 2023, Sara Castellanos presentó 2,6 millones de firmas para pedir que se convoque a un Referendo antiaborto, en contraposición al fallo de la Corte Constitucional que, en febrero de 2022, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.
Antes de que Castellanos presentara las firmas para lo que llamó un Referendo por la vida, la exsenadora del Centro Democrático, Milla Patricia Romero y el predicador evangélico John Milton Rodríguez, impulsaron –en compañía de otras figuras políticas y religiosas– una iniciativa similar llamada Referendo Provida.
Recogieron 1,2 millones de firmas, pero necesitaban 2 millones para alcanzar el umbral que les habría permitido continuar con el proceso que requiere que, por lo menos, el cinco por ciento de la población habilitada para votar apoye la iniciativa.
Otro intento fallido, el del Referendo por la vida
Cuando Sara entregó los 2,7 millones de firmas a la Registraduría, sintió que ya había ganado. Subió un video a Instagram, agradeció a los firmantes y equiparó la recolección de firmas con la odisea de su pequeña hija por sobrevivir. Para Castellanos ambas circunstancias, se pueden calificar como “un milagro”.
Sin embargo, la iniciativa que los promotores llamaron Referendo por la vida fue rechazada porque después de verificar las firmas recogidas, la Registraduría determinó que la propuesta no cumplía con los requisitos constitucionales. Más de un millón de las entregadas tenían registros duplicados y datos alterados.
Antes de que la Registraduría hiciera la verificación, el colectivo feminista Causa Justa alertó sobre algunas supuestas irregularidades en el proceso como que el Comité Nacional Electoral dio tres meses adicionales de plazo, que no estaban debidamente justificados, para recoger las firmas de la propuesta impulsada por Castellanos.
Al parecer, también que se habría vulnerado el principio de transparencia porque según Causa Justa, la Registraduría habría tardado cinco meses en publicar en su sitio oficial la Resolución que autorizó la inscripción del Comité Promotor de la iniciativa.
Además, Juliana Martínez de Causa Justa, en entrevista con El Tiempo, explicó que el colectivo había solicitado ver el acta de entrega de la recolección de las firmas y que el director de Censo Electoral, Roberto Cadavid, habría dicho que estas aún no estaban disponibles, pero se habría evidenciado que este detalle era falso y que, el funcionario habría actuado de la misma manera cuando se intentó un referendo anterior.
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