Nariño, la principal región cocalera de Colombia prometía ser el ejemplo de mostrar la voluntad de los campesinos de sustituir la coca de sus parcelas por otros cultivos. El director del programa en el departamento, Walter Aldana, había logrado unos resultados estimulantes: de los 29 grupos organizados de campesinos, 22 habían firmado los acuerdos. El mismo director nacional Eduardo Diaz, que en el 2017 reconoció su trabajo ampliándole su responsabilidad al complicado vecino, el Cauca, lo recibió a comienzos de este año con un cambio de reglas, inaceptables para Aldana, que forzó su retiro.
Con la inesperada decisión de Diaz quedo a la deriva el programa bandera del gobierno en los departamentos de mayor producción de coca en el país. Los campesinos, listos para iniciar los procesos se quedaron esperando la plata del gobierno que nunca llegó mientras narcos armados con todo tipo de siglas empezaban a copar su territorio.
El comienzo del 2018 sorprendió a Walter Aldana con unos lineamientos desde Bogotá en contravía a lo pactado con los campesinos: sustitución con seguridad. Es decir, presencia permanente de la Fuerza pública en una zona donde la desconfianza hacia los uniformados, quienes siempre han llegado con medidas represivas con armas o judicializaciones, ha imperado. Esta decisión no podía ser interpretada de manera distinta a una cachetada a todo el esfuerzo persuasivo y pacífico de acercamiento del Estado, en cabeza de Aldana.
La meta planteada por el gobierno Santos era sustituir en un año 100 mil hectáreas de coca, de las cuales 50.000 serían por la vía de sustitución voluntaria y la otra mitad por erradicación forzosa. Los pactos se firmaban pero la plata o llegaba, y ahora ocurre algo peor: el programa está completamente frenado desde la Presidencia de la República.
Walter Aldana tiene una larga trayectoria en el trabajo comunitario y con campesinos, apostándole siempre a la sustitución voluntaria y no en la erradicación. Así que la nueva e inexplicable directriz se le volvía para él, algo simplemente inaceptable y su jefe Eduardo Diaz, su permanencia insostenible.
Nunca se supo abiertamente las razones de ese sorpresivo viraje, pero es fácil inferir que se trató de presión los militares. En diciembre de 2017 le advirtieron que tenía que frenar el ritmo de la firma de pactos de sustitución porque no había dinero para responder. Pero se entendía también, que a ese ritmo la fuerza pública se quedaba sin espacio para la erradicación forzosa. o le estaba dejando nada a los militares para erradicar forzosamente. La orden parecía llegar de más arriba, del Ministro del post-conflicto Rafael Pardo.
Las trabas burocráticas desde Bogotá no se hicieron esperar y el 2018, el último semestre que tenía Santos para implementar el Acuerdo en el que se ha debido hundir el acelerador en las ejecuciones, se convirtió en el semestre de la parálisis. Con todo listo, finalmente solo se pudieron firmar 3 acuerdos colectivos en 3 municipios caucanos.
El eco del malestar en la región se escuchó en Bogotá y el entonces presidente Santos le reclamó a Eduardo Diaz Uribe por la desaceleración del programa en varios departamentos, especialmente en el Cauca. La respuesta de Diaz resultó insospechada: retirar a Walter Aldana y nombrarle un reemplazo el 1 de marzo de 2018.
El cronograma de actividades y protocolos que ya se tenía con las comunidades se derrumbó y las organizaciones sociales se quedaron preparadas para un programa que no se concretó, pero tampoco la supuesta presencia militar que iba a acompañar los procesos de sustitución en las zonas. Los únicos activos son los grupos armados que operan en estas regiones, los cuales han escalado las amenazas a las comunidades que se sigan acogiendo al programa de sustitución. Y a pesar de ello, el pasado agosto veinte organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Suárez firmaron una carta para reafirmar su compromiso y voluntad de aferrarse a la sustitución como única solución para enfrentar la multiplicación de los cultivos ilícitos.
Acorralado por las amenazas y sin el apoyo de las comunidades, Miguel Mejía, el reemplazo de Walter Aldana en la coordinación en el Cauca, no resistió más de dos meses en el cargo. Los campesinos quedaron a la deriva y el programa de sustitución en un limbo del que nadie quiere hablar en Bogotá y del que nadie puede hablar en las regiones del Cauca.
