Desde hace dos años la ministra de Educación Gina Parody tiene entre ojos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). Se trata de una institución educativa pública con una particularidad: además de tener cobertura en más 60 municipios del país (en puntos tan remotos como Quibdó, San José del Guaviare o San Vicente del Caguán), cuenta con una seccional fuera de Colombia, en La Florida, Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Sunrise, al norte de Miami.
Parody ha cuestionado de tiempo atrás esta institución y ha abierto varios frentes de acción para tratar de demostrar que la Unad despilfarra los recursos públicos. El año pasado el Ministerio impuso una medida preventiva a la universidad otorgándole tres meses para que pusiera en orden sus cuentas y formulara un plan de mejoramiento. “Los recursos de todos los colombianos se están enviando a un ente privado con normas extranjeras, sin ninguna justificación legal. Vamos a sacar a los mercaderes de la educación”, sentenció la ministra en referencia a la sede de La Florida. Para el ministerio la Unad-Florida es un ente independiente que no se rige por las normas colombianas sino por las de Estados Unidos, y que no cumple labores de docencia, investigación y extensión, por lo cual resulta inconcebible que la Unad le gire desde Bogotá recursos que salen de las finanzas públicas.
Pero Parody se ha ido quedando sola con sus cuestionamientos contra la Unad. Los entes de control, luego de investigar, en lo administrativo, disciplinario y fiscal, han fallado en favor de la universidad. El más reciente pronunciamiento lo produjo la Contraloría que resolvió una demanda por supuesto detrimento en el pago de viáticos y comisiones para que el rector y otros funcionarios se desplazaran a la cuestionada sede en Estados Unidos. El fallo despeja varias dudas que dejan sin piso las acusaciones de la ministra Parody.
Por un lado, la Contraloría concluye que la sede en La Florida –creada en 2001– sí es una seccional de la Unad, y le da la razón a esta en cuando a su justificación de “responder a las limitadas opciones educativas que a nivel de educación superior, formal y no formal, demandan los colombianos e hispanoparlantes residenciados en el exterior y los recluidos en las cárceles de Estados Unidos”. Por otra parte, absuelve al rector y archiva la investigación por la supuesta malversación de recursos al encontrar que no se presentó ningún daño al patrimonio del Estado pues “los desplazamientos fueron para el cubrimiento de actividades administrativas de la Universidad, sobre las cuales no hay posibilidad de cuestionamiento, si tenemos en cuenta que son permitidas a la luz de la Autonomía Universitaria”.
El fallo de la Contraloría, del pasado 8 de marzo y que hasta ahora ha pasado desapercibido, se suma a la decisión de la Procuraduría en junio de 2015 cuando concluyó su investigación y exoneró al rector de la Unad Jaime Alberto Leal y otros directivos pues estos no incurrieron en irregularidades en el manejo en los dineros públicos. También en favor de la Unad se pronunció antes, en 2014, el Consejo de Estado cuando ante la queja del Ministerio de Educación por el supuesto nombramiento irregular de directivos en la universidad, investigó y encontró todo ajustado a la ley.
Por cuenta de esta seguidilla de fallos a su favor, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, colgó en lo más destacado de su página web un comunicado que, aunque no menciona a la ministra Parody, es evidente que va dirigido a ella. Se titula: “Contraloría General de la República despeja dudas sobre la UNAD: cero y van tres”.
