En 2016 los británicos fueron llamados a referendo y decidieron retirarse de la Unión Europea. Aunque la diferencia en aquel referendo fue de un tímido 3,8% y la opción de la salida tuvo amplio rechazo en Escocia e Irlanda del Norte, los políticos británicos tomaron aquella decisión como un mandato popular que debía ser cumplido. Incluso se llegará a suspender el parlamento para que la decisión que tomó el pueblo en 2016 no sea discutida y se lleve a cabo sin más postergación.
En ese mismo año, 2016, los colombianos fueron llamados a un plebiscito para decidir si aprobaban o no el acuerdo de paz que había sido negociado entre el gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), venciendo el no por una diferencia de 0,43%. Hay una infinidad de diferencias entre el caso británico y el colombiano, sus instituciones, tradiciones y las implicaciones que podía tener cada mecanismo de democracia directa. La primera diferencia y la más fundamental es que el gobierno británico (sistema parlamentario) tuvo que renunciar y permitir la elección de un nuevo gobierno acorde con este mandato popular, mientras que el gobierno colombiano (sistema presidencial) se mantuvo casi 2 años después de su fracaso electoral, acomodándose a los períodos fijos de mandato en el presidencialismo.
Lo primero que hizo el gobierno colombiano después del plebiscito de 2016 fue despojar este mecanismo de cualquier carácter vinculante, es decir, eso había sido una mera “consulta” y el gobierno no estaba obligado a cumplir lo que el electorado había determinado. Muchos apoyaron este actuar del gobierno e incluso hubo un plantón en la Plaza de Bolívar en Bogotá para exigir a las autoridades que continuaran defendiendo lo acordado en La Habana. Hubo algunas reuniones con los voceros del no y el gobierno afirmó que la mayoría de sus sugerencias habían sido incorporadas a un nuevo acuerdo, pero los opositores siguieron manifestando que no habían sido escuchados y que el gobierno se había “robado” el plebiscito y le había hecho “conejo” al mandato popular.
La legitimidad es la creencia de que las instituciones que existen son las mejores posibles y por lo tanto merecen obediencia. La legitimidad en las democracias modernas se basa en apelar al pueblo, para que la mayoría del mismo respalde a un gobierno y sus proyectos. En este sentido, la legitimidad del acuerdo de La Habana había quedado vulnerada desde el plebiscito. En 2018 hubo tres comicios electorales en los que podríamos considerar que se reafirmó el mandato popular de 2016: el Centro Democrático se perfiló como la primera fuerza política del país en las elecciones parlamentarias, y su candidato ganó la primera y la segunda vuelta de las presidenciales. En otras palabras, el electorado le entregó los poderes legislativo y ejecutivo a quienes habían estado más comprometidos con la causa del no.
Si las elecciones no son suficientes, las tendencias de opinión de los colombianos también se pueden observar en encuestas, las cuales denotan pesimismo con respecto al acuerdo y sus resultados: la favorabilidad de Santos se vino a pique desde 2012, cuando empezó a negociar abiertamente con las Farc; la favorabilidad de las cortes también se ha visto gravemente afectada por su asociación y su intervención en el proceso de paz (niveles bajo 50% desde 2012 en la Suprema de Justicia y desde 2014 en la Constitucional); siempre han sido más los encuestados que consideran que la implementación del acuerdo “va por mal camino” (68% en junio de 2019); cerca del 70% de los encuestados consideran que el acuerdo no será suficiente para acabar con la violencia de origen político o con el narcotráfico; 57% de los encuestados en junio de 2019 no creen el gobierno cumplirá con lo pactado, y 68% no creen que la(s) Farc cumplirán con lo pactado.
Entonces cabría preguntarse: ¿a los colombianos les gusta la guerra? Cuando Gallup les pregunta cuál es la mejor opción para solucionar el problema de los grupos armados organizados en Colombia, la amplia mayoría de los encuestados suele responder “insistir en diálogos hasta lograr acuerdos de paz” (67% en el sondeo de junio 2019) y muchos menos responden “no dialogar y tratar de derrotarlos militarmente” (28% en el sondeo de junio 2019). Por tanto podríamos decir que no, a los colombianos no les gusta la guerra, pero tampoco el acuerdo de Santos. Probablemente lo que tienden a desear los colombianos es un acuerdo en el que el enemigo se vea más derrotado y humillado, así que ahí vamos de nuevo hasta que lo logremos. A los hechos más recientes los podemos ver como la realización de un mandato popular que había sido desoído. El pueblo quiere mano firme.
