Parece que la sociedad nacional optó por de dejar hacer, dejar pasar. Esta fatalidad colectiva se refleja en toda la estructura institucional, en el ejercicio del poder público.
En vez de democracia hay anarquía y corrupción. Son comunes las malas prácticas y los carteles como el de la toga, la contratación, la salud, el PAE, los falsos testigos, los timadores de la ley, etc.
La politiquería, el clientelismo y la corrupción determinan el modelo de poder institucional y de sometimiento de las mayorías nacionales.
La delincuencia de cuello blanco disfruta de amplia impunidad y venalidad institucional.
Algunos con mala suerte resultan condenados con penas irrisorias, sin entregar lo que se robaron. La impunidad supera el 97%. Más de cuarenta mil condenados tienen a Colombia por cárcel y muchos siguen delinquiendo. Es inaudito, pero el poder parece no quiere resolver el flagelo. Hasta hoy ha dado palos de ciego.
La corrupción en el manejo de lo público se convirtió en la vena rota del fisco y causa de la bancarrota del fisco nacional. Por corrupción se roban más de $50 billones al año, equivalente a tres reformas tributarias anuales.
Leyes, decretos, estatuto anticorrupción, zar anticorrupción, pliego único y negociaciones sin fin con los delincuentes. Todo sigue empeorando por la debilidad, laxitud y concupiscencia institucional, toleradas por conveniencia.
Para reconstruir la ética, la moral pública y la institucional es imprescindible darle un revolcón a la rama judicial y al marco legal vigente.
La reforma judicial del actual gobierno es un vergonzoso paño de agua tibia y ya tiene amplia oposición.
Los proyectos anticorrupción no tienen el alcance necesario y ya tiene muchos detractores y oponentes. Los delincuentes de cuello blanco y los usufructuarios del poder y la anarquía no quieren cambios. El poder del régimen y sus beneficiarios es muy grande y dispone de coadyuvancia tácita o directa de la politiquería y del Congreso.
En consecuencia, la rama judicial debe ser absolutamente independiente de los demás poderes y debe estar absolutamente libre de politiquería y clientelismo.
Es impostergable crear un Tribunal Especial de Justicia para Aforados. Ese alto tribunal de justicia debe definir procedimientos para investigar y sancionar a los altos funcionarios del Estado y de la rama que violen la ley y los reglamentos.
Ese revolcón judicial es imposible lograrlo a través de la institucionalidad vigente. La única vía es la consulta popular y la participación del pueblo.
Mediante consulta popular el pueblo debe ordenar la creación del órgano de poder judicial especial para investigar, juzgar y condenar delitos cometidos por altos funcionarios del Estado.
Ese poder debe estar integrado por no más de 13 juristas, con mínima edad de 60 años, seleccionados por concurso de méritos, realizado por las tres mejores universidades públicas colombianas, de acuerdo con el último ranking de universidades del mundo. Se requieren garantías específicas de integridad intelectual, ética y moral, de cada uno de los miembros de ese tribunal.
Ese tribunal debe ser el que elige a magistrados reemplazantes (cooptación) de Cortes y Tribunales, Procurador, Contralor, Fiscal General, Defensor del Pueblo, y jueces, en estricto orden de puntajes obtenidos en evaluaciones realizadas por las tres mejores universidades públicas del último ranking mundial.
Además, el tribunal especial debe estructurar el nuevo marco legal de la institucionalidad nacional, con previo análisis jurídico y consenso de las altas cortes, para luego someterlo a escrutinio y aprobación del Congreso o a consulta popular si las circunstancias lo exigen. ¿Será posible semejante desafío? El pueblo debe movilizarse.
