Desde hace varias décadas, algunos municipios en Cundinamarca han sufrido de un terrible mal que ha encarecido la propiedad en el departamento, ha puesto en peligro la seguridad hídrica de la región y ha vuelto millonarios a empresarios y políticos por igual.
El volteo de tierras, que denunció Carlos Fernando Galán en el Congreso de la República hace unos años, ha permitido que cientos de hectáreas de suelo agrícola fueran habilitados para ser urbanizados, con lo cual municipios como Mosquera, Madrid, Chía o Funza empezaron a albergar decenas de urbanizaciones.
Sin embargo, estos dirigentes que han trabajado incansablemente por cambiar el uso de la tierra han tenido un inconveniente: no cuentan con suficiente agua para satisfacer la demanda de estas familias, entonces deben apelar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, a través convenios de suministro de agua.
Debido a la explosión de la urbanización, la EAAB ha optado por no establecer nuevos convenios, para evitar poner en riesgo el suministro de agua para la capital y los municipios con los que tienen acuerdos. Con relación a esto, Cristina Arango Olaya, gerente de la Empresa indicó el pasado 7 de octubre de 2020 en el periódico El Espectador que ̈tenemos agua hasta 2038 para Bogotá y los municipios con los que tenemos contratos vigentes ̈.
Debido a esta situación, los políticos y gobernantes promotores de la urbanización de la Sabana de Bogotá intentaron con la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE, una figura para tratar de obligar a Bogotá a suministrar agua para nuevas urbanizaciones, aunque esta figura no era suficiente, entonces decidieron iniciar un cambio constitucional denominado Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca.
Como el país lo conoce, hace unas semanas lo lograron, pues el proyecto fue aprobado en el Congreso de la República, por lo que ahora Bogotá quedará obligada a suministrar el agua para nuevas expansiones urbanas en la región.
El efecto puede ser desastroso para esta zona del país, porque llegará el momento en el que sea tal el número de nuevas conexiones, que la presión del agua no será suficiente para que una persona en un segundo, tercer o cuarto piso en Chapinero o Mosquera, tengan el suministro suficiente.
Es urgente que la Corte Constitucional module la ley que acaba de ser aprobada en el Congreso y determine que las entidades territoriales que deseen hacer parte de esta nueva figura, lo puedan hacer solo a través de consultas populares, para que los habitantes de cada municipio puedan evaluar realmente las implicaciones de hacer parte de este tipo de proyectos.
Es más, así lo determina la Constitución, pero este Congreso, valiéndose de la pandemia, decidió hacerlo a través de Zoom y no permitió la convocatoria de una consulta popular.
