Como diría Jorge Eliécer Gaitán en sus memorables batallas en los años 40, ¡Mamola!, el pueblo no se rinde, el pueblo lucha y batalla sin doblegarse como lo reitera el presidente Gustavo Petro.
El encarte judicial de Nicolás Petro y de su exesposa, va sumando elementos de complejidad judicial, política y ética.
El viraje ocurrido en las últimas horas para allanarse a cargos y proponer una colaboración con la Fiscalía, es un nuevo ingrediente que se debe entender como la consecuencia de las presiones de la escenografía modelada por el ente acusador para debilitar al encartado y obtener con mucha facilidad réditos procesales eludiendo el rigor en las investigaciones y la consolidación de las pruebas correspondientes.
Es pretender que todo se resuelve por la vía de la espectacularidad y la intimidación emocional y masiva (que tanto le gusta a Barbosa), en la que los medios de comunicación predominantes juegan un papel clave para condicionar el comportamiento de los sujetos concernidos estrictamente en la acción judicial y a los del contexto más amplio que se pretende reaccionen en el campo político, institucional y electoral de manera adversa.
Pero como diría un curtido profesional de las leyes, no hay que comer cuento e ir con calma y serenidad analizando cada arista de fenómeno hasta colocar las cosas en el plano del derecho y la justicia, como debe ser. De eso se encarga el tiempo, la sabiduría y el talento de los sujetos expertos involucrados, que son los abogados y jueces de conocimiento.
En Nicolás Petro se ha visibilizado una cierta fragilidad ética que parece no es de ahora, pues los vínculos establecidos con la mafia en el Caribe y el departamento del Meta, durante la pasada campaña electoral, reflejan una alteración de valores y principios que facilitaron la grave penetración de la criminalidad en su entorno personal y político.
Obviamente toda esta oscura circunstancia está siendo capitalizada por la ultraderecha uribista y el bloque oligárquico reaccionario para incrementar su ataque al presidente Petro, a su legitimidad e institucionalidad. La arremetida es brutal, pero se estrellan con la dignidad, la reciedumbre, la voluntad y la convicción política del primer mandatario de los colombianos.
Quieren enlodarlo y doblegarlo en su liderazgo popular y transformador.
Sobre las campañas electorales y los procesos políticos gravitan diversas tendencias, pues transcurren en la vida real de las sociedades.
Ahí hay de todo y la contaminación es un riesgo; por fortuna en este caso hay un líder de una honradez a toda prueba, un referente social que tiene todas las credenciales éticas por su larga trayectoria política, en la que el combate a la corrupción, al crimen, a la violencia de las mafias ha sido su prioridad: destapó la parapolítica, combatió los “falsos positivos”, desenmascaró las mafias de la corrupción asociadas a la ultraderecha, en fin, el universo de sus luchas y batallas se confunde con las del pueblo en sus diversas manifestaciones.
No hay que sorprenderse porque en los procesos y eventos políticos se infiltren elementos lumpenescos (mafiosos y traficantes oportunistas) que buscan sacar provecho de todo, buscan pescar en rio revuelto. Basta con repasar la historia de la revolución inglesa de 1668, o la revolución francesa de 1781, o la revolución soviética, o la cubana, la china y la vietnamita. La coyuntura que vive Colombia propicia la presencia de estas bandas delincuenciales y más acá entre nosotros donde la descomposición social es generalizada.
En eso consiste la virtud del presidente Gustavo Petro, en su fortaleza frente a esas redes delincuenciales que acechan. En todo caso, el saldo neto de este nuevo capítulo de la arremetida de la ultraderecha con la guerra jurídica en curso, es barrer y truncar la ruta de las profundas transformaciones promovidas por el presidente y el gobierno en los últimos 12 meses.
El fascismo no quiere la paz que se construye con el Eln; odia la reforma agraria democrática; detesta la reforma a la salud, para recuperar este derecho fundamental; repele la reforma educativa; degrada la implementación de los acuerdos con las Farc; añora la guerra, los “falsos positivos”, la masacre y el exterminio masivo de los liderazgos sociales.
En fin, lo que estas mafias quieren ya, es liquidar el primer gobierno popular y democrático en la historia de esta nación. No lo soportan y viven su propia pesadilla.
Pero, como diría Gaitán en sus memorables batallas en los años 40, ¡Mamola!, el pueblo no se rinde, el pueblo lucha y batalla sin doblegarse como lo reitera Petro.
Hacia el 29 de octubre, día en que se realzarían las elecciones de alcaldes y gobernadores lo que viene es lucha de masas; acción política multitudinaria.
El bloque reaccionario está anunciando la derrota total de las fuerzas de izquierda y del gobierno nacional en las votaciones del 29. Como si ellos representaran una alternativa de cambios. Son el viejo país con sus vicios, violencia, corrupción y trampas.
La izquierda tiene una excepcional oportunidad para elegir centenares de alcaldes, miles de ediles y decenas de gobernadores. La clave está en convocar a la ciudadanía para en defensa de las conquistas y derechos logrados en los últimos 12 meses de gobierno.
La derecha quiere regresar para barrer con todo e imponer sus roscas en alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas departamentales, como intentó recientemente en España siendo derrotada por el rechazo masivo de la ciudadanía que con valentía salió a votar por las propuestas democráticas y los derechos sociales.
Para la izquierda y el bloque popular y democrático (Pacto Histórico, Colombia Humana, UP, PoloD, PCC, PTC, Comunes) es la oportunidad de recuperar la brillante y contundente campaña presidencial del año anterior que quebró el poder de la ultraderecha y apalanco el acceso de Gustavo Petro a la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2022.
